Ceder poder de Pdvsa, permitir que privados vendan gasolina y hasta devolver empresas expropiadas por Chávez son algunas de las medidas que podría tomar Nicolás Maduro cuando se apruebe la Ley Antibloqueo
El gobierno de Nicolás Maduro redactó un proyecto de ley “antibloqueo”. Él mismo entregó la propuesta el martes a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente. Más que la típica retórica antiimperialista, el texto contiene varias claves sobre lo que podría ser la próxima estrategia del chavismo para sortear las sanciones y mantenerse en el poder.
La propuesta fue vista por la agencia Reuters y en resumen, Maduro busca ampliar sus poderes para pactar de forma confidencial nuevos negocios petroleros. El proyecto le otorga amplias facultades para cambiar o firmar nuevos acuerdos y contratos con empresas privadas u otros gobiernos, sin ninguna supervisión. Este tipo de convenios suele evaluarlos el Parlamento, que ahora controla la oposición.
El ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, dijo el jueves que la intención del texto legal es la búsqueda de “inversiones” para el sector petrolero.
La ley “permitirá lograr mecanismos novedosos, que tenemos que hacerlos en silencio, para impulsar y promover inversiones extranjeras y darles seguridad jurídica a todos los empresarios nacionales y extranjeros”, agregó mientras explicaba un plan de distribución de gasolina a partir del lunes.
El documento autoriza modificar la propiedad de las empresas mixtas, que la petrolera Pdvsa creó con compañías privadas nacionales y extranjeras. En todas estas empresas, Pdvsa tiene la mayor participación accionaria, como hasta ahora establece la ley.
La reforma, según abogados consultados, busca ofrecer más libertad en el área petrolera para sortear las sanciones.
Según la propuesta, el “Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución”.
La constitución de Venezuela establece en el artículo 303 que «por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A».
El texto, que la Asamblea Constituyente aprobaría en su próxima sesión, no detalla qué porcentaje de participación mantendría la estatal petrolera en futuras alianzas y si será menos del 50% que tenía hasta ahora.
Una fuente del sector petrolero y otra del sector financiero, conocedoras del tema, también señalaron a Reuters que el principal interés del gobierno con el proyecto de ley es ceder manejo en el negocio petrolero. Los consultados prefieren mantener su nombre en reserva por no estar autorizados a hablar del asunto.
Uno de los artículos del proyecto visto por la agencia Reuters permite eliminar “restricciones en la comercialización” de algunos bienes, lo que podría facilitar a los privados el comercio de gasolina, agregaron las fuentes.
En la ley “hay una cantidad de enormes facultades para asociarse con empresas privadas extranjeras o gobierno extranjeros. No hay control legislativo”, dijo el abogado Juan Raffalli a Reuters, quien agregó que incluso se permitiría la disposición de activos como garantía en posibles acuerdos.
El Gobierno enfrenta serios problemas financieros por la caída de la producción petrolera y los efectos de las sanciones de Washington en la comercialización del crudo, que intentan presionar su salida del poder.
La nueva ley “antibloqueo” también permite revertir las expropiaciones de empresas que se concretaron bajo el gobierno del fallecido Hugo Chávez. Esa ola de nacionalizaciones llevó a las compañías afectadas a demandar en cortes internacionales millones de dólares en indemnizaciones, millones que el Gobierno de Maduro no tiene para pagar.
Según Reuters, para la devolución de las empresas ocupadas el gobierno impondría condiciones como el pronto aumento de la producción, de acuerdo con el documento. Abogados consultados señalaron que con ese esquema la administración de Maduro estaría evitando que las sanciones impacten en otras empresas estatales.
Información de Reuters
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