Los 1.629 millones que el Ciadi ordenó pagar a Agroisleña en marzo son apenas el último caso de una larga lista de abusos de poder que le han salido caros a la República. El “socialismo del siglo 21” ha hecho 5.500 expropiaciones en 23 años, pero solo una fracción mínima pasó a tribunales internacionales: 59, para ser exactos
La deuda externa de Venezuela asciende a 164 mil millones de dólares en la actualidad y casi una quinta parte de ese monto -30 mil millones- corresponde a demandas presentadas ante centros de arbitraje por expropiaciones, confiscaciones y vulneraciones a la propiedad privada de inversionistas extranjeros amparados en tratados de protección de inversiones vigentes entre Venezuela y otros países, según Cedice.
En los últimos 23 años, más de 5.500 expropiaciones y confiscaciones han ocurrido en el país durante la revolución socialista del siglo 21, pero solo una pequeña fracción de ellas ha terminado en laudos arbitrales internacionales: 59, para ser exactos. Estas demandas se han discutido en el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI), la Corte Internacional de Arbitraje de Cámara de Comercio Internacional (ICC), el Mecanismo de Arbitraje Independiente de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y la Corte Permanente de Arbitraje.
Así que imaginen el tamaño de ese iceberg y háganse con eso una idea de lo caro que pueden salirle al país y a sus generaciones futuras las pésimas decisiones tomadas por los gobernantes Hugo Chávez y Nicolás Maduro con sus famosos “Exprópiese”.
De esos 59 casos, 24 han terminado en condena para Venezuela o acuerdos de pagos con el demandante para poner fin a los litigios, 22 concluyeron sin condena y el resto se está tramitando todavía.
Las indemnizaciones que debe pagar Venezuela a las empresas que los demandaron totalizan 23 mil millones de dólares al cierre de marzo de 2022, pero como a estos casos hay que sumar también los intereses de mora, los honorarios de los tribunales arbitrales y de todos los profesionales involucrados en sus procesos y las proyecciones correspondientes, la cifra final estimada por Cedice sube a 30 mil millones, explica el abogado Ramón Escovar Alvarado, experto en arbitrajes y coautor de la investigación Deuda Externa Venezolana por Demandas Arbitrales, junto con Andrés Carrasquero y Mariana Campos.
Recientemente, se sumaron 1.629 millones de dólares más a la deuda arbitral venezolana, por la condena del Ciadi a favor de Agroisleña. Pero los 13 procesos arbitrales que aún se están tramitando internacionalmente, podrían sumar varios millardos más a esa pesada deuda en un corto plazo.
Se estima que el costo promedio de un arbitraje de inversión asciende actualmente a 12,5 millones de dólares.
“Venezuela ha resultado condenada más de la mitad de las veces que ha sido demandada. A groso modo, recuerdo los casos de Cristallex y Owen Illinois -el de los vidrios-, Gold Reserve y el más famoso es el de ConocoPhillips. Hay otros casos cuya nulidad ha sido solicitada por Venezuela, como los de Rusoro (Mina Las Cristinas) y (el café) Fama de América. En la actualidad, se está discutiendo si el laudo que falló en contra de Venezuela es nulo o no”, informó el abogado Marcos Carrillo, quien fue vicepresidente de la Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA) y actualmente es profesor de arbitraje y mediación en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa) y jefe de cátedra de resolución de conflictos en la Facultad de Derecho en la UCAB.
Las consecuencias de estas expropiaciones van mucho más allá de las deudas causadas al país. Un país que no respeta la propiedad privada, no cumple sus compromisos contractuales y no paga deudas arbitrales firmes, difícilmente puede generar confianza y captar inversiones para su recuperar su desarrollo económico y su crecimiento.
“El acumular esta montaña de deudas arbitrales manda un pésimo mensaje a los inversionistas. Y el haber denunciado en 2012 el Tratado de Washington, para salirse del sistema Ciadi, que es el sistema fundamental de protección de inversiones en el mundo actual, tampoco contribuye en nada. El monto de las inversiones que Venezuela ha dejado de recibir en los últimos años porque los inversionistas sienten y perciben que en este país no hay garantías, seguro que es mucho más grande que el de las deudas por arbitrajes perdidos”, añadió Carrillo.
El economista Luis Oliveros, por su parte, destaca que la deuda acumulada por condenas en el Ciadi ya triplica las reservas internacionales del país y que, si a Venezuela no le permiten aumentar su producción petrolera con una flexibilización de las sanciones, no podrá pagar ninguna deuda en divisas.
“Venezuela sigue sin representación en el caso Conoco, el que es, sin duda, el caso judicial más importante relacionado con arbitrajes. En octubre de 2021, Conoco pidió declarar en mora a Venezuela por no haber comparecido. Y a la fecha, sigue sin comparecer”, advirtió recientemente José Ignacio Hernández, quien se desempeñó como procurador del gobierno interino liderado por Juan Guaidó en sus inicios.
El bufete Freshfields, con sede en Washington, acumula seis victorias en procesos contra Venezuela en el Ciadi: ConocoPhillips ($8.446 millones), Crystalex ($1.400 millones), Agroisleña ($1.629 millones), Rusoro ($1.200 millones), Tenaris ($137 millones) y Vestey Group ($104 millones).
El más avanzado de estos casos, según el portal EconomíaHoy, es el de la minera canadiense Crystallex que ya logró que un juez embargara Citgo para ejecutar el cobro, un proceso que afortunadamente para Venezuela está frenado por las sanciones estadounidenses.
Si hay una esfera en la que los dos gobiernos de Venezuela -tanto el de Nicolás Maduro como el reconocido por una larga lista de democracias occidentales como gobierno interino liderado por Juan Guaidó-, es en ésta: ambos gobiernos venezolanos han reclamado la nulidad de varios procesos arbitrales.
En el caso Rusoro, el laudo final fue dictado el 22 de agosto de 2016 y el mismo fue confirmado por las Cortes del Distrito de Columbia en 2018 y las Cortes del Distrito Sureño de Texas, lo cual amenazaba activos claves de Pdvsa en el exterior, como Citgo.
En 2019, la Corte de Apelaciones de París anuló parcialmente el laudo dictado por el Ciadi y el “presidente interino” Juan Guaidó, a través de la firma Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, solicitó paralizar el procedimiento ante la Corte del Distrito de Columbia, la cual fue respondida por la representación del gobierno de Nicolás Maduro, ejercida por la firma Venable LLP. El 1° de mayo de 2019, la Corte emitió una decisión negando la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro y, por ende, reconociendo la representación del gobierno interino.
“El mayor desafío que tuvimos en los últimos dos o tres años fue que estábamos tratando con dos gobiernos, dos Venezuelas”, declaró al portal Law 360 Noiana Marigo, quien lidera a 40 abogados de Freshfields dedicados a casos latinoamericanos.
Los procesos arbitrales suelen ser largos y costosos para las partes involucradas. Un caso emblemático de esto es el de Exxon Mobile, que comenzó en 2007 y aunque ya se dictó una indemnización todavía está en proceso debido a una anulación que ganó Venezuela.
En promedio, la República ha sido condenada a pagar un 32% de los montos demandados por los inversionistas.
Por lo anterior, a juicio de Escovar, a Venezuela no le ha ido mal en procesos arbitrales, porque ha logrado reducir el peso de esas deudas a apenas un tercio de lo inicialmente demandado por las empresas, con las condenas o los acuerdos pactados con sus demandantes para concluir anticipadamente esos litigios.
En el siglo 20, Venezuela era un país reconocido como buen pagador de sus deudas arbitrales. En el siglo 21, con el socialismo del siglo 21, eso cambió.
Al principio de la administración chavista, pagaban esas deudas, pero en los últimos años ha sido muy distinto y eso genera costos legales e intereses de mora adicionales, que resultan muy caros para la República.
“A pesar de que actualmente se discuta el nivel autoritario del gobierno de Nicolás Maduro (si se trata de un autoritarismo competitivo o un autoritarismo hegemónico), existe consenso de que éste no es un régimen democrático y que eventualmente el país debe iniciar un proceso de transición hacia la democracia en Venezuela. El éxito de dicho proceso dependerá en gran medida de que se logre implementar un programa efectivo de reparaciones que sane las heridas causadas durante veinte años de revolución bolivariana”, subrayó Escovar.
El pago de las deudas arbitrales es una parte importante de ese proceso de reparación y justicia que se hace necesario para la reconstrucción de Venezuela, de su democracia y de su economía.
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