Gobierno de Maduro rechaza pagar $1.202 millones a Crystallex

El despacho alega que Crystallex demandó a la Nación por denegar un permiso ambiental para explotar concesiones mineras, mientras la empresa afirma que lo que reclama es una compensación por la expropiación de sus concesiones e  inversiones en la zona de Guayana.

«A pesar de que el tribunal determinó a Crystallex una compensación de $1.202 millones más intereses, esto sólo equivale a una tercera parte del valor de las reclamaciones que la empresa fijó en $4.527 millones más intereses y costos», dice el texto.

En 2015 Crystallex  introdujo ante una Corte del Distrito de Delaware, Estados Unidos, otra demanda en la que exige una indemnización por $2.800 millones.

Las minas auríferas Las Cristinas fueron entregadas en concesión a la también canadiense Gold Reserve en febrero pasado, en una negociación que dejó dudas entre inversionistas, pues según el gobierno de Maduro la empresa aceptó invertir en el país los $2.000 millones que le pagarían por orden del Ciadi.

Hace más de un año, el Ciadi falló a favor de Gold Reserve y ordenó a Venezuela a cancelarle 744 millones de dólares, dinero que no había sido pagado al momento de la firma del memorándum de entendimiento este año, debido a la crisis de iliquidez que padece el país por el desplome de los precios del petróleo.

Por su parte, la Procuraduría venezolana afirma que aunque el Tribunal Arbitral desechó, «el reclamo relacionado a una supuesta y a todas luces falaz violación al estándar sobre Protección y Seguridad Plena, consideró de manera írrita, que la República no había otorgado trato justo y equitativo y había discriminado a Crystallex».

La República, «que negó el permiso en aras de salvaguardar el medio ambiente y los intereses soberanos de la Nación, considera que el Tribunal no tiene jurisdicción sobre reclamos presentados en esta disputa y, si la tuviera, las acciones de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), del Ministerio para el Ambiente y demás entidades venezolanas no generan la responsabilidad internacional demandada y, por tanto, «no es procedente la reclamación por concepto de daños», máxime cuando los expertos en asuntos ambientales de la República de Venezuela «concluyeron que había justificación técnica para la denegación del Permiso Ambiental (AARN)».

Por su parte, el experto económico determinó que las metodologías de valoración presentadas eran inaplicables a Crystallex, y de serlo, el análisis presentado respecto a la valoración contenía defectos fatales, agrega.

«La República ejercerá los recursos legales a su disposición en aras de enervar la evidente injusta y desproporcionada decisión del Tribunal Arbitral del Ciadi», remata el comunicado.