Dos influyentes senadores estadounidenses presentaron este jueves un proyecto de ley para frenar la minería de oro ilegal en América Latina y que apunta directamente al gobierno chavista de Nicolás Maduro, al que califican de "narco-régimen", vinculado a bandas criminales como los grupos guerrilleros colombianos ELN y disidentes de la FARC.
La minería y el tráfico ilícito de oro «plantean un problema y desafío importante para la seguridad y estabilidad de nuestra región», afirman el republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez, en un comunicado donde impulsan este proyecto de ley, el segundo de ese género desde septiembre de 2021.
“La minería de oro ilegal es una fuente financiera importante para el régimen dictatorial de Maduro y conforma gran parte del mercado internacional del oro. Es hora de tomar medidas enérgicas en contra de este mercado criminal y corrupto. EE.UU. debe responsabilizar a aquellos que están involucrados en esta industria ilegal y evitar que Maduro y sus secuaces obtengan más ganancias mientras el pueblo venezolano sufre dificultades inimaginables”, sostiene el senador Marco Rubio en el comunicado oficial.
“La minería y el tráfico ilícito de oro en América Latina y el Caribe no solo financian a sindicatos criminales transnacionales, sino también debilitan la selva y la biodiversidad de nuestro hemisferio, facilitan los abusos de los derechos humanos y ayudan a sostener dictaduras brutales como la de Nicolás Maduro en Venezuela» afirma el senador Menéndez, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
«Estados Unidos debe hacer más para desarrollar e implementar una estrategia para combatir estos efectos dañinos y trabajar con todas las entidades internacionales y privadas para promover cadenas de suministro de oro responsables. Estoy orgulloso de ayudar a liderar este proyecto de ley para hacer precisamente eso”, agrega en la declaración.
También denuncian los daños ambientales que arroja el uso generalizado de mercurio y cianuro en la minería del oro en Venezuela, con fuerte impacto en los ecosistemas y en la salud de las personas de las zonas mineras.
Proponen que el gobierno del presidente Joe Biden establezca una estrategia para combatir el problema de la minería ilegal del oro en el hemisferio americano, y que sean destinados $10 millones para financiar su implementación.
Estas actividades «no solo financian a sindicatos criminales transnacionales, sino también debilitan la selva y la biodiversidad de nuestro hemisferio, facilitan los abusos de los derechos humanos y ayudan a sostener dictaduras brutales como la de Nicolás Maduro», afirma Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Según un informe de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, más del 70% del oro extraído en varios países latinoamericanos, como Colombia, Ecuador y Perú, se obtiene por medios ilícitos, al igual que alrededor del 80% del extraído en Venezuela, se lee en el proyecto de resolución.
De este oro venezolano un gran porcentaje se vende a la empresa minera estatal Minerven -una refinadora estatal sancionada por Washington y operada por el gobierno de Maduro- o bien a través de redes de comercialización que benefician económicamente al régimen, advierte el texto.
El oro venezolano también es vendido o negociado mediante otras redes de tráfico y comercialización de las cuales se beneficia el régimen de Maduro; a grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC, organizaciones criminales internacionales que participan en la minería ilegal y en el tráfico y comercialización del oro, sostiene el proyecto de ley, como el Tren de Aragua, que opera desde Venezuela y ya tiene ramificaciones en varios países de la región.
Igualmente denuncian la comercialización ilícita a través de gobiernos aliados a Maduro, como los de Irán y de Turquía.
Piden al gobierno de Biden liderar «un esfuerzo internacional coordinado para realizar investigaciones financieras para identificar y rastrear los activos de personas e instituciones en Venezuela que estén vinculados con el lavado de dinero y las actividades ilícitas, incluidas las actividades relacionadas con la minería».
Este esfuerzo incluye compartir la inteligencia de las investigaciones financieras, «según corresponda y según lo permita la ley»; y proporcionar asistencia técnica para ayudar a los gobiernos de América Latina a establecer marcos legislativos
y reglamentarios capaces de imponer y aplicar eficazmente sanciones selectivas a funcionarios del régimen de Maduro que estén directamente involucrados en la minería, el tráfico y la comercialización ilícitos de oro.
La voraz búsqueda de oro en el sur de Venezuela, practicada por miles de mineros ilegales amparados por diversos grupos armados, representa la mayor amenaza actual para la vida de sus indígenas, su hábitat y sus culturas, coinciden en señalar sus organizaciones y defensores de los derechos humanos.
Según informó la organización defensora de los derechos humanos, los grupos armados parecen actuar generalmente con la aquiescencia del gobierno y, en algunos casos, con su participación, para mantener un férreo control de las poblaciones locales
Clíver Alcalá Cordones, mayor general retirado del ejército y considerado uno de los "hombres fuertes" de Hugo Chávez en el sector castrense, mostró en fotos cómo la minería ilegal está destruyendo a Canaima, el gran Parque Nacional ubicado al sur de Venezuela.
