En 2007 y con mucho dinero producto de los altos precios del petróleo, el presidente Hugo Chávez, de visita en China, propone crear un polo automotriz público en Venezuela. La idea era aprovechar el desarrollo de la industria automotriz china para llenar a Venezuela de fábricas de autos asiáticos, idea que fue comprada por no pocos empresarios locales.
Planes fueron y vinieron hasta que por fin en 2010 ve la luz el primer pimpollo de tan rutilantes planes: el proyecto de ensamblaje de la futura Chery de Venezuela, la primera empresa mixta del sector conformada entre el gobierno nacional, dueño del 51% de las acciones, y el consorcio privado ZGT, que se quedaría con el restante 49% de la firma.
Unos seis meses después, retoña la segunda semilla: el Consorcio Industrial Venezolano de Tecnología China (Civetchi). La ensambladora de autos de la marca DongFeng en teoría nacía bajo el mismo principio: el privado Grupo Falsiroli levanta la planta productora y el gobierno, so pretexto de otorgar el permiso de operación, tomaría el control mayoritario de la firma sin poner un solo centavo.
El problema es que el convenio que materializaría esta relación jamás se concretó. Según afirman fuentes del sector y trabajadores de la empresa ese convenio nunca se suscribió, por lo que automotriz siguió siendo propiedad de los Falsiroli hasta su reciente expropiación.
Fuentes cercanas a los trabajadores aseguran que solo se firmó un memorando de entendimiento para trabajar en conjunto Falsiroli y Corpivensa en representación del Estado, con miras a constituir una empresa mixta que solo existió en las intenciones del gobierno.
Eso quiere decir que se expropió no una parte de la compañía sino en su conjunto, con la implicación de que la propiedad de las bienhechurías no está en manos de los Falsiroli sino de una empresa española, por lo que tras la expropiación hay espacio para un arbitraje a fin de determinar el monto a cancelar por esa porción de la firma.
– Nada se probó –
“A los propietarios se les acusó de estar incursos en hechos de corrupción y de cometer ilícitos pero la verdad es que nunca se les comprobó nada”, refiere una fuente consultada que presume que los supuestos hechos de corrupción denunciados para intervenir la compañía tenían que ver con intrigas de grupos interesados en “meterle la mano”.
El hecho es que la intervención se materializó a principios de 2015 tras argumentarse supuestas negociaciones irregulares en la venta de los autos, acaparamiento, usura y hasta delitos cambiarios.
Sin embargo, sobre los Falsiroli no pende ninguna investigación. Incluso en prensa regional se llegó a decir que habría orden de captura internacional sobre Flavio, líder de la familia, y que su casa y oficinas habían sido allanadas por cuerpos de seguridad, cuando en realidad sobre la cabeza del clan no había ni la más mínima acusación. Prueba de ello es que se mantuvo al frente de las operaciones hasta la intervención.
– Junta de corrupción –
Montada una junta interventora a principios de 2015 sin siquiera un informe que justificara el porqué del proceso, los propietarios fueron desplazados a ser simples observadores mientras se auditaba la empresa. A partir de allí, comenzaron a cometerse –ahora sí- toda una serie de irregularidades por parte de la junta que terminó con la detención de su presidente, José Ramón Hernández, acusado de corrupción, tráfico de influencia y desaparición de activos de la compañía.
Todo ello culminó el 23 de febrero de 2017 (jueves previo a carnavales) con el decreto Decreto Nº 2.732 mediante el cual se ordena la “adquisición forzosa” de los bienes muebles, inmuebles, tangibles, no tangibles y todo lo que lleve el nombre de Civetchi, por un precio que aún está por definirse.
Las mismas fuentes laborales aseguran que el problema es que no existen parámetros para determinar el precio justo de la compañía, en buena medida porque nunca se determinó a qué precio se otorgaron los dólares para la compra de material para la producción de las 3.380 unidades DongFeng ensambladas en 2014 y un monto no determinado de carros armados entre 2015 y 2016.
En el limbo también están los cerca de 270 millones de dólares de una deuda que se desprende de las divisas autorizadas desde 2013 para la compra de material de ensamblaje y de unidades importadas (unas 10.000), material y carros que fueron despachados por la casa matriz china amparada en el aval de que el gobierno venezolano aprobaría los recursos para honrar los compromisos.
Pero las divisas no fluyeron como debía y cerca de la mitad de la deuda no ha sido honrada, lo que agrega más plomo al ala de una empresa que desde sus inicios ha sorteado toda clase de tropiezos para materializar su intención de producir.
En resumen, el caso Civentchi es otro cuento chino cuya adaptación al trópico le agrega detalles hasta ahora insospechados.
De acuerdo a las fuentes consultadas, todo apuntaría a que se logrará un acuerdo para una indemnización que satisfaga por un lado a unos propietarios que invirtieron todo su capital en levantar desde cero una ensambladora a solicitud del gobierno, y por otro a un Estado que aun al borde de la quiebra se empeña en dar un “reimpulso al sector automotriz público”, uno de los tantos sueños faraónicos de un gobierno que sigue sumando fracasos en cualquier campo, se lo proponga o no.
