Refrescos de contrabando se instalan en Venezuela: ¿cómo identificarlos y por qué no comprarlos?

La Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (Anber) comunicó que las importaciones ilegales de refrescos ponen en riesgo a más 6.500 de puestos de trabajo directos y más 32.500 puestos de trabajo indirectos que genera la industria nacional de refrescos en toda su cadena de valor, amenaza la salud de los consumidores y destruye el aparato productivo del país.

Carlos Palumbo, director ejecutivo de Anber, asegura que actualmente ingresan al mes más de 2.100.000 de cajas de colas negras sin cumplir con controles y normas sanitarias, de etiquetado y de metrología; y sin contribuir con el pago de impuestos nacionales y municipales como lo hace la industria formal. Según Palumbo, se trata de productos que compiten deslealmente, al no asumir los mismos de la industria venezolana, poniendo en riesgo la viabilidad económica y continuidad operativa de las empresas nacionales.

“En la actualidad, el contrabando de productos fabricados por Postobón en Colombia, equivale a un actor más de la industria nacional de refrescos. Este fenómeno ha venido creciendo a un ritmo muy importante. A esta velocidad, estamos proyectando que, en los próximos meses, el contrabando se convertirá en el actor más relevante del mercado, desplazando a la industria nacional formal”, aseguró el vocero.

“Si no se toman las medidas correctas y oportunas, en los próximos meses, el país estará enfrentado lo que actualmente ocurre en el Zulia y esto es lo que debemos evitar”. En el Zulia, el 43% de colas negras que se consumen en los hogares zulianos son ilegales, representando casi la mitad del mercado de refrescos. “Con esta realidad, ya no tiene sentido para las empresas mantenerse produciendo en este estado”, sentenció.

Un problema económico

Para Anber, deben existir las importaciones complementarias sobre aquellos rubros que no se produzcan en el país o que su producción sea insuficiente, pero lo que no puede ocurrir es que acaben con la industria nacional. “Se deben tomar medidas urgentes, porque en el país hay suficiente capacidad para producir, por esa razón, la importación de refrescos debe cumplir con las normas sanitarias, de etiquetado y de metrología, además de pagar aranceles e impuestos que paga la industria nacional, para competir en igualdad de condiciones”, enfatizó.

Palumbo agregó que “el contrabando es un problema con implicaciones desde el punto de vista económico, productivo y de salud pública, sobre el cual debemos poner la mirada de ambos lados de la frontera, pues es un asunto de carácter binacional que, si no se atiende con inmediatez, terminará agudizando los desequilibrios del comercio binacional y de la situación económica que enfrenta Venezuela. Es necesario articular esfuerzos entre ambas para alcanzar el desarrollo y equilibrio, promover el sano intercambio comercial y combatir este fenómeno”.

Cómo identificar un producto de contrabando

También hizo énfasis en la importancia de que los consumidores aprendan a identificar un producto de contrabando versus un producto nacional legal. El producto de contrabando no presenta Código del Registro de Control de Productos Envasados (CPE), emitido por el órgano competente en materia de metrología; no presenta número de registro sanitario emitido por el M.P.P.S., y dice que es un producto fabricado en Colombia por Postobón, S.A.

Por su parte, el producto nacional legal exhibe el Código del Registro de Control de Productos Envasados CPE, emitido por el órgano competente en materia de metrología; dice que es producto registrado en el M.P.P.S bajo el N° correspondiente. y presenta el nombre y domicilio del productor o fabricante y lugar de producción o fabricación.

El director ejecutivo informó que las empresas afiliadas a Anber han ejercido acciones legales ante las distintas instancias competentes con la finalidad de hacer cumplir el ordenamiento jurídico que rige la materia; y ratifican su compromiso de trabajar de forma conjunta con las autoridades para fortalecer la producción nacional y garantizar el derecho que tienen los venezolanos a consumir productos de calidad, en estricto cumplimiento de las normas sanitarias, de metrología y tributarias, siempre en igualdad de condiciones con los distintos competidores del mercado