Estas empresas contratistas, proveedores de bienes y servicios para PDVSA podrán volver a operar en Venezuela por primera vez desde 2019, con esta flexibilización que acepta la OFAC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este 23 de mayo una nueva licencia que flexibiliza un tanto las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, y autoriza operaciones mínimas de cuatro grandes empresas contratistas pera volver a operar con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La Licencia General número 8L, difundida este martes y firmada por Andrea M. Gacki, director de la OFAC, autoriza a estas empresas a mantener transacciones y operaciones con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) «Necesarias para el Mantenimiento Limitado de las Operaciones Esenciales en Venezuela o la Disolución de las Operaciones con Petróleos de Venezuela».
La licencia involucra a:
Estas empresas por año han sido contratistas de Pdvsa y sus filiales en actividades de perforación, producción, ingeniería y transporte en campos de petróleo y gas. Pero desde 2019 sus actividades se suspendieron de manera abrupta en medio de las sanciones contra el régimen chavista acusado por Estados Unidos y sus aliados de emprender atentados contra la democracia y violar los derechos humanos.
Según una información exclusiva de Reuters de hace un año, al menos cuatro empresas petroleras estadounidenses cuyas operaciones en Venezuela fueron congeladas por las sanciones estaban unidas para solicitar que Washington les autorice a reanudar las perforaciones petroleras en el país.
«Si se les permite reanudar los trabajos, Venezuela podría aumentar rápidamente su capacidad de producción por encima del millón de barriles diarios (bpd)», según los analistas citados entonces por Reuters.
En la práctica esta decisión flexibiliza un tanto la Orden Ejecutiva (E.O.) 13850, del 1 de noviembre de 2018 que estableció las más duras sanciones contra la República y Pdvsa, lo que incluye un embargo petrolero y la prohibición a empresas y personas de Estados Unidos de negociar con activos y empresas donde el Estado venezolano tenga más del 50% de la propiedad.
El Reglamento de Sanciones a Venezuela, derivado de esa Orden Ejecutiva ha tenido varias modificaciones, incluyendo las del 25 de enero de 2019 y el 5 de agosto de 2019, para permitir actividades «que son ordinariamente incidentales y necesarias para el mantenimiento limitado de operaciones esenciales, contratos u otros acuerdos, que sean para la seguridad o la preservación de activos en Venezuela; involucren a PDVSA o a cualquier entidad en la que PDVSA posea, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 50 por ciento».
De esta forma, hasta el 19 de noviembre de 2023, Halliburton; Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC Weatherford International, Sociedad Anónima y sus filiales están autorizadas para mantener «Las transacciones y actividades necesarias para la seguridad o la preservación de activos en Venezuela» (solo las que estén autorizadas).
Esto incluye «transacciones y actividades necesarias para garantizar la seguridad del personal, o la integridad de operaciones y activos en Venezuela; participación en reuniones de accionistas y de la junta directiva; realización de pagos de facturas de terceros por transacciones y actividades autorizadas o incurridas antes del 21 de abril de 2020, «siempre que dicha actividad estuviera autorizada en el momento en que ocurrió».
También pueden ejecutar pago de impuestos locales y compra de servicios públicos en Venezuela; y pago de salarios de empleados y contratistas en Venezuela.
El documento deja claro que NO autoriza:
«Schlumberger (SLB.N), Halliburton (HAL.N), Baker Hughes (BKR.O) y Weatherford International (WFRD.O) tienen prohibido desde 2019 ayudar a la estatal venezolana PDVSA y sus empresas conjuntas a producir petróleo. Cualquier flexibilización por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de una licencia restringida que las cuatro empresas comparten con Chevron Corp (CVX.N) podría permitirles ampliar sus operaciones», reportaba Reuters el año pasado.
«Desde que Estados Unidos impuso por primera vez sanciones al comercio de petróleo en Venezuela, muchas empresas retiraron equipos y personal y cancelaron cientos de millones de dólares de sus activos allí. Pero más de una docena de plataformas siguen almacenadas cerca de los mayores yacimientos petrolíferos del país», agregaba esa nota.
Las proveedoras de servicios petroleros señalan en sus respectivos informes de resultados de 2017 que debieron asumir cargos por reestructuraciones e inversiones en Venezuela, así por la deuda que mantiene la industria con estas empresas.
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) pactó con las gigantes de servicios petroleros Halliburton y Schlumberger un canje de deuda por $1.075 millones, según sus reportes trimestrales más recientes.]]>
Chevron recibió una autorización con muchas limitaciones que algunos ven con optimismo por la posibilidad de que sea el primer paso para relajar las sanciones a Pdvsa y otros la ven como lo que es: una manera de cobrar una deuda y conceder “algo” condicionado. ¿Es el también sancionado ministro Tarek El Aissami una piedra de tranca? ¿En qué beneficia esta medida al pueblo venezolano? Hablamos con el experto petrolero Francisco Monaldi para intentar despejar dudas
