Un reporte de The Washington Post documenta cómo asesores que hasta hace poco diseñaban la política hacia Venezuela desde la Casa Blanca hoy trabajan para empresas que buscan contratos en el país. Lo que saben, y a quién conocen, se volvió la moneda más cotizada del nuevo negocio petrolero
Un reporte de The Washington Post pone nombre y apellido a algo que en Caracas ya se comentaba en voz baja: exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos, la mayoría de la administración de Donald Trump, están llegando al país a trabajar para empresas, inversionistas y firmas de cabildeo que quieren su parte del negocio petrolero venezolano.
El caso con el que abre el diario es el de Michael Jensen, quien hasta finales de mayo fue director sénior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Dicho de otra forma, era el principal funcionario de Trump para América Latina. Según el Post, tres días después de dejar el cargo ya estaba en un avión privado rumbo a Venezuela con Fred Ehrsam, cofundador de Coinbase y magnate de las criptomonedas, que andaba buscando negocios petroleros. El 1 de junio Jensen empezó a trabajar como ejecutivo de operaciones en Primavera, la nueva empresa energética de Ehrsam. El mes pasado, Primavera firmó acuerdos de producción con Pdvsa.
La empresa sostiene que el trabajo de Jensen no tiene nada que ver con gestiones ante el gobierno. Según su vocero, Jensen se encarga de montar la seguridad física, las finanzas, los recursos humanos y el resto de la infraestructura que la compañía necesita para empezar a explorar en Venezuela. Su abogado, por su parte, lo describió como un veterano militar condecorado que se toma muy en serio sus obligaciones éticas.
Jensen no es el único. El diario armó el reporte con entrevistas a más de una docena de personas, entre funcionarios actuales y anteriores, inversionistas y empresarios venezolanos, y la lista de nombres que aparece es larga.
En Washington se le dice puerta giratoria al ir y venir de personas entre cargos públicos y empresas privadas del mismo sector. Por ejemplo, alguien regula una industria, renuncia y al poco tiempo trabaja para esa misma industria. No siempre es ilegal. Lo que preocupa es que el conocimiento y los contactos acumulados en el cargo terminen vendiéndose al mejor postor.
El caso venezolano tiene un ingrediente que lo vuelve especialmente delicado. Desde la captura de Nicolás Maduro en enero, el sector petrolero del país está, en buena medida, bajo control de Estados Unidos. Washington instaló a Delcy Rodríguez como presidenta interina, tomó las riendas de la industria y decide qué licencias se otorgan y quién puede invertir. Hasta es socio directo de una petrolera. A finales de agosto compró 35% de North American Blue Energy Partners, la segunda petrolera privada del país, controlada por Alejandro Betancourt.
En un mercado así, la persona que hasta hace unos meses estaba en la sala donde se tomaban esas decisiones vale mucho. Esa es la tesis del Post: la experiencia en Washington se convirtió en una nueva moneda. Mauricio Claver-Carone, que ocupó el mismo cargo que Jensen durante el primer mandato de Trump y que luego operó de manera informal como enlace de la Casa Blanca en Caracas, lo resumió sin rodeos ante el diario: «Todo el mundo está en Venezuela».
Además de Jensen, el reporte menciona a varios exfuncionarios que se mudaron al sector privado o que ampliaron su cartera de clientes con la apertura venezolana:
Brittany Kelm: fue asesora principal de políticas en el Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca. Mientras estuvo en el gobierno participó en la reapertura del sector energético venezolano y viajó tres veces a Caracas. Hoy trabaja en Sable Offshore, una compañía que negocia contratos con el gobierno venezolano para desarrollar yacimientos.
Micah Ketchel: exasesor sénior del Departamento de Estado, se sumó a Ballard Partners, una de las firmas de cabildeo con más llegada a la Casa Blanca de Trump, y trabaja en sus equipos dedicados al Hemisferio Occidental y a Venezuela.
Carlos Trujillo: exembajador de Estados Unidos ante la OEA y asesor de campaña de Trump, fundó Continental Strategy, que según el diario representa a por lo menos una docena de clientes en Venezuela.
En la lista también aparecen nombres de peso como el del exsecretario de Estado Mike Pompeo, el exsecretario de Energía Dan Brouillette y la exsubsecretaria para el Hemisferio Occidental Kimberly Breier, todos involucrados de alguna forma en iniciativas empresariales vinculadas a Venezuela.
El fenómeno no es exclusivo de un solo partido. Juan González, que tuvo el cargo de Jensen durante el gobierno de Joe Biden y fue el arquitecto de la política de negociación con Maduro, también ha estado viajando a Venezuela para recabar información para su trabajo de consultoría en la región. El peso del reporte, eso sí, recae sobre los exfuncionarios de la actual administración, que son quienes conocen de primera mano cómo se está gestionando hoy la apertura petrolera.
La ley federal estadounidense pone límites a los exfuncionarios. Entre otras cosas, les prohíbe presionar al gobierno sobre asuntos en los que trabajaron directamente mientras estaban en el cargo. Que alguien deje la Casa Blanca y se vaya a una empresa del mismo sector no viola, por sí solo, ninguna norma.
Richard Painter, que fue el principal abogado de ética de la Casa Blanca con George W. Bush, le dijo al Post que Jensen no estaría incumpliendo las reglas siempre que no use información clasificada ni haga lobby ante el gobierno sobre asuntos concretos de su antigua gestión. Su preocupación es otra. Painter advirtió que lo inquietan los próximos dos años, hasta el final del mandato, porque ve gente pasando al sector privado para sacar provecho económico de sus contactos.
Ahí está el problema de fondo. Las reglas están pensadas para impedir el lobby directo, pero no pueden borrar lo que un exfuncionario sabe: cómo piensa quien firma las licencias, qué prioridades tiene Washington, a quién hay que llamar. En un negocio donde Washington reparte las cartas, esa información no es un detalle. Es justamente lo que compran las empresas.
Para el país, el reporte deja una pregunta que va más allá de la ética en Washington. Si los contratos petroleros se están negociando en un circuito donde pesan tanto los contactos con la Casa Blanca, ¿quién vela porque esos acuerdos le convengan a Venezuela?
No es una pregunta nueva. La industria petrolera venezolana tiene una larga historia de intermediarios bien conectados, de un lado y del otro, que se quedaron con buena parte de la renta. Que ahora los conectados vengan de Washington y no de Miraflores no cambia la lógica. Cambia, en todo caso, a quién hay que conocer.
Mientras tanto, la fiebre sigue. Si algo deja claro el Post es que el petróleo venezolano volvió a ser un gran negocio, y que en ese negocio la carta más valiosa, por ahora, no es el capital ni la experiencia técnica: es haber estado en la oficina correcta hasta hace muy poco.
Con información de The Washington Post
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