Jorge Rodríguez, secretario general del sindicato, dijo que con esta acción pedían al gobierno nacional un pronunciamiento sobre la conformación y legalización de la junta administradora que tendrá la responsabilidad de tutelar las riendas de la compañía, luego de que los patronos decidieran abandonar el país.
“Exigimos que sea inmediatamente (el pronunciamiento de las autoridades) porque tenemos 35 días sin cobrar salario. Muchos trabajadores están manejando taxis y otros vendiendo artículos que habíamos adquirido en todos nuestros años de servicio porque no hemos cobrado nada desde el 10 de diciembre de 2018”, destacó Rodríguez.
El vocero sindical dijo que el 21 de diciembre de 2018 sostuvieron una reunión con el ministro de Trabajo, Eduardo Piñate. «Activó el artículo 149 que es la ocupación legal de la empresa y se hizo, el pasado 26 de diciembre salió la Gaceta Oficial donde dice que se tiene que conformar la Junta Administradora», pero hasta la fecha no se ha hecho, pese a que ya ellos presentaron los nombres de los obreros que proponen para conformarla.
El 10 de diciembre de 2018, los trabajadores consiguieron en la puerta de la planta una comunicación en la que la empresa les notificaba sobre la decisión de irse del país. Aunque fue sorpresiva la misiva, ya algunos temían un escenario más crítico porque llevaban unos tres años con la producción de cauchos en caída, sin lograr elaborar los 9000 neumáticos que estaban en capacidad de sacar al mercado diariamente.
Luego de lo ocurrido quedó un panorama gris para más de 300 trabajadores que desconocían cuál sería su futuro, a pesar de que la empresa les notificó que había cancelado la totalidad de sus prestaciones sociales, salarios e incluso bonos. Les ofrecieron además pagarles con cauchos, pero esto no se ha concretado.