En los primeros cinco meses del año, la recaudación tributaria no petrolera tuvo una expansión nominal de 289,6% según reporta el Seniat. En términos reales, esto muestra una contracción de 50,1%. Una cifra que demuestra la gravedad de la crisis en Venezuela.
A eso hay que sumarle una baja en la recaudación petrolera producto de la caída de la producción, el incremento de los costos en la gestión operativa de Pdvsa y la distorsión cambiaria pues Pdvsa realiza la mayor cantidad de sus ventas de divisas al tipo de cambio Dipro (Bs 10/US$). En consecuencia, los ingresos fiscales están cayendo en forma significativa, lo que no permite una reducción del déficit fiscal del sector público.
En consecuencia, el Ejecutivo tiene que recurrir al financiamiento monetario vía banco central (BCV) para cerrar su brecha en bolívares. Este comportamiento provoca impactos importantes en la inflación, y aunque no es el único factor que la explica, la teoría económica es clara en señalar que es un factor determinante. Dicho de otro modo, es imposible lograr una senda sostenida de reducción de la inflación en Venezuela mientras el financiamiento monetario del déficit fiscal sea elevado.
De esta forma, el fenómeno de la inflación puede verse como un impuesto. El denominado impuesto inflacionario. A grandes rasgos, esto se refiere a las pérdidas de poder de compra que sufre el sector privado no financiero como consecuencia de la vorágine inflacionaria que perciben los agentes económicos que mantienen saldos monetarios como activos (que tienen bolívares).
Dicho coloquialmente, la inflación funciona como un impuesto que le permite al gobierno financiarse a costa del empobrecimiento de la población. Así pues, el impuesto inflacionario implica la redistribución de la riqueza desde los tenedores hacia los emisores de dinero, ya que la inflación beneficiará a quienes tienen billetes y monedas en su pasivo, por ejemplo, el BCV.
En este sentido, en economías con un marco institucional endeble, en las que la política fiscal ejerce un papel dominante y se registran tasas de inflación elevadas y sostenidas, tanto el señoreaje como el impuesto inflacionario suelen ser importantes fuentes de financiamiento del gasto público.
En términos generales, en un entorno marcado por una caída en los ingresos petroleros y una contracción en los ingresos reales del Estado, el impuesto inflacionario ha pasado a tener un rol protagónico como sostén de la dinámica fiscal en Venezuela.
Para el período 2008-2011, por concepto del impuesto inflacionario se recaudó un promedio aproximado de 3,6% del PIB, mientras que en el lapso 2012-2016 este porcentaje saltó a 10,8% del PIB, registrando su máximo en 2016 (18,4% del PIB).
Visto desde otra perspectiva, la recaudación fiscal por impuesto inflacionario supera recaudaciones tributarias reportadas para los diferentes impuestos por el Seniat.
El impuesto inflacionario pasó de 17% en 2009, como proporción de los ingresos tributarios no petroleros, a 97% en 2014, 110% en 2015 y cerca de 120,0% en 2016.
Ahora en un contexto en que la inflación crece y la restricción de divisas se profundiza, los agentes económicos buscan proteger su patrimonio en divisas o en activos indexados a las mismas, eso presiona al alza la demanda de divisas, y como la oferta es escasa e insuficiente, hace que el tipo de cambio paralelo suba.
Basándonos en la literatura existente sobre los Mercados Paralelos de Divisas, es claro que la dinámica monetaria es fundamental para explicar su desempeño, por lo que en un contexto en que la cantidad de bolívares se incrementa sin control, la presión sobre el tipo de cambio paralelo se mantiene.
En economía es común la expresión “no hay almuerzo gratis”. En un contexto donde la gestión fiscal es deficitaria, el impuesto inflacionario aumenta, no podemos esperar que el tipo de cambio paralelo tenga un comportamiento distinto al mostrado en las últimas semanas.
Tampoco en economía hay soluciones mágicas: la única forma de lograr una reducción del tipo de cambio paralelo sostenida es diseñando una política económica que tenga como prioridad la reducción de la inflación y eso pasa, entre otras cosas, por una gestión fiscal sana. Es decir, Venezuela necesita urgentemente un cambio de modelo político y económico.
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