"La patria se está desmoronando", afirma este ex ministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez. El problema de Venezuela es que la corrupción ahora es una pandemia. Detrás de la purga anticorrupción hay una lucha por el poder. Asegura que, además de Tarek El Aissami, existen varios factores en este juego; cuatro o cinco grupos, cada uno con distintos intereses.
Desde que Nicolás Maduro asumió el control del gobierno y la presidencia de la República, a partir de la enfermedad y muerte de Hugo Chávez, se profundizó en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el gobierno una pugna por el control del poder que dejó fuera de la revolución a importantes dirigentes.
Inicialmente, fueron los ex ministros Jorge Giordani, Héctor Navarro, Rafael Ramírez, Ana Elisa Osorio y altos funcionarios como Miguel Rodríguez Torres, Edmée Betancourt y Luisa Ortega Díaz, entre otros quienes salieron del círculo del poder. Sus salidas, si bien, tuvieron su origen en las diferencias políticas con el viraje que le impuso la nueva cúpula, siempre hubo en la trastienda un componente de corrupción en el que a veces el protegido fue el corrupto y el execrado el denunciante.
En la purga actual, sin precedentes en la historia chavista, contra el sector de Tarek El Aissami, además del componente anticorrupción, se observa una lucha por el poder y un factor por el control económico vinculado a los grandes negocios con el Estado.
El ex ministro de Educación (2008-2010) y de Energía Eléctrica (2012-2013), Héctor Navarro, enjuiciado y expulsado del PSUV poco después de la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, afirma que lo que está ocurriendo ahora con la “supuesta arremetida anticorrupción” es que hay conflictos internos por el poder y esos conflictos se están dirimiendo con esa persecución. Asegura que no es un secreto para nadie que existen cuatro o cinco factores, “tal vez más”, disputándose el poder en el partido y el gobierno.
Uno de ellos era El Aissami “pero que no está solo, si él estuviera solo estaría preso y todo el mundo sabría en dónde está”.
Navarro señala que “lo alarmante de la corrupción de ahora es el descaro, la desfachatez, la forma abierta que le restriegan a uno que son unos corruptos. Uno lo ve hasta en las bombas de gasolina, se meten en todo. El problema es que la corrupción ahora es una pandemia. Lo ve uno cuando se relajan condiciones de trabajo, por ejemplo con el caso de los militares. Les dicen que hay que buscar emprendimientos para que se puedan rebuscar, a una Fuerza Armada. Entonces qué es eso: ¿Una montonera, una guerrilla? ¿Qué es lo que es? y uno sabe que han estado robándose los recursos”.
“Ahora le dicen a los trabajadores que no hay contratación colectiva. Estamos hablando de una generalización en la sociedad que ha perdido nociones que son fundamentales. Si bien siempre ha habido corrupción, ahora todos están robando. Cuando digo todos me refiero a ellos, los del gobierno, porque el resto de la población está padeciendo. Ahora, la gente que se mete a la política, lo hace con el incentivo de beneficiarse”.
Héctor Navarro, ex ministro chavista
Un ejemplo de cómo se utiliza el poder para proteger la corrupción de su propio entorno familiar lo resalta Navarro con el caso de los sobrinos de Nicolás Maduro, procesados en Estados Unidos. Señala que un mecanismo de poder tan importante como el de negociar un intercambio de prisioneros, que es una gestión de Estado de alto nivel, lo usó Maduro para beneficiar a sus sobrinos políticos.
“Es el Estado puesto en función de una vagabundería. Lo escandaloso de eso es que lo hizo para beneficiar a su propia familia”.
Héctor Navarro
Sobre el viraje que se generó de inmediato a partir de la enfermedad y muerte de Hugo Chávez, recuerda Navarro que la Dirección Nacional del PSUV se reunía todos los martes en la mañana en la sede ubicada en Maripérez, en Caracas. Al final de la reunión se ofrecía una rueda de prensa para informar sobre las decisiones. Chávez, ya enfermo, solía llamar para verificar quiénes se encontraban en la reunión y pedir que discutieran determinado tema.
La Dirección Nacional del PSUV estaba conformada por 30 integrantes que eran electos, no designados a dedo como ha ido ocurriendo en tiempos actuales. A Diosdado Cabello, quien era el vicepresidente, le correspondía convocar a la reunión pero dejó de hacerlo.
En aquellos días, un grupo de dirigentes, tras la paralización de las reuniones semanales del PSUV, le dirigió una carta a Cabello señalándole la necesidad de continuarlas ya que, ante el fallecimiento del líder principal, ahora era cuando se necesitaba que el partido se reuniera y actuara en consenso.
Pero, al contrario, a raíz del fallecimiento de Chávez, las decisiones no se comenzaron a tomar desde la Dirección Nacional del PSUV sino por la cúpula que quedó en el poder.
“Desde ese momento las elecciones dejaron de ser directas, decidieron que los gobernadores de estados del PSUV eran automáticamente los dirigentes del partido estadales. Hoy no se sabe exactamente quiénes son los miembros de la Dirección Nacional”, dice Navarro.
Para Navarro la actual purga anticorrupción, desde la propaganda gubernamental, el régimen intenta posicionar ante las bases chavistas y la comunidad internacional una imagen de legitimidad y de honestidad que no ha tenido.
“En realidad se sigue viendo como una comidilla en las calles del país, con una población que vive una crisis humanitaria, de sobrevivencia, frente a una cúpula que no ha sido discreta al exponer su lujosa forma de vida y de su entorno familiar. En las purgas y disputas para apartar disidentes estuvo presente la protección de dirigentes a pesar de que estuviesen involucrados en casos de corrupción” señala.
A Navarro lo expulsaron del gobierno y del partido en un juicio “en ausencia” que convocó la Comisión Disciplinaria del PSUV. La acusación la hizo el presidente de esa comisión, Ramón Rodríguez Chacín, por órdenes de Cabello. Se le separó de la Dirección del partido y fue investigado por unas declaraciones que había dado en defensa de Jorge Giordani, ex ministro de Planificación (cuatro veces) y de Edmée Betancourt, ex titular de Comercio, para ese momento presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV).
Betancourt en mayo de 2013, poco después de su designación en el BCV, denunció que en 2012, la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI) emitió una cantidad “considerable de divisas que se llevó a empresas de maletín por $20.000 millones, los cuales correspondieron a una especie de “demanda artificial” no asociada a actividades de producción.
Giordani defendió la denuncia de Betancourt, que al final, le costó los cargos a los tres. “Yo lo apoyé en la solicitud de esa investigación y me abrieron el juicio por mis declaraciones a la prensa”, explica Navarro.
La sentencia del partido contra Navarro concluyó en que era “un agente de la CIA”. A su juicio esas acusaciones las manejaron Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. “La votación de la Comisión no fue unánime, quedó casi pareja”, dijo.
En su carta pública, a raíz de su salida del gobierno y del PSUV, Giordani expresó que: “Los primeros síntomas de ruptura que han conducido a la situación actual, con la naturaleza y el estilo de la toma de decisiones, se comenzaron a manifestar en la medida en que la salud del presidente Chávez se vino haciendo cada vez más complicada, la ausencia de un contacto directo con su persona y las permanentes mediaciones a través de algunos en particular, hicieron cada vez más distante la toma de decisiones, su contenido y el tiempo para ser llevadas a la práctica (…) Resulta doloroso y alarmante ver a una Presidencia que no transmite liderazgo”.
El caso de las acusaciones contra el ex ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, tiene algunos antecedentes en investigaciones anteriores. En el año 2011 cuando Navarro fue electo diputado de la Asamblea Nacional fue designado presidente de la Comisión de Contraloría. Allí habían 20 miembros del PSUV y cinco de la oposición. Ismael García, diputado independiente, llevó a la comisión una denuncia contra Ramírez por el caso de la desaparición del dinero del Fondo de Jubilados de PDVSA, aún no resuelto.
La denuncia había partido de un informe de una juez estadounidense que estaba llevando una investigación en Florida, EEUU, donde estaban los fondos depositados y en el informe se señalaba que gran parte de ellos serían irrecuperables.
Navarro relata que la fracción de esa comisión del PSUV, unánimemente decidió abrir el proceso y de demostrarse el ilícito, sancionar a los responsables, en ese caso encabezados por Ramírez. Desde la presidencia de la Fracción Parlamentaria le advirtieron que tuviera cuidado con esa investigación. Al finalizar el proceso de recaudos se hizo la reunión plenaria con todos los diputados del PSUV presentes y de la fracción de la MUD estaba solamente uno, Carlos Ramos, de Mérida. Los otros no llegaron. Ese expediente quedó engavetado. “Eso quedó allí y tengo de testigo a 19 miembros de la Comisión”. Ese caso no generó los problemas posteriores contra Ramírez. Poco tiempo después sacaron a Navarro de la Comisión de Contraloría.
Posteriormente, cuando se eligió la nueva Asamblea Nacional de 2015, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, presidida por Freddy Guevara, del partido Voluntad Popular, reabrió varias investigaciones por corrupción vinculadas con PDVSA y en su informe final señaló la responsabilidad política de Ramírez por el desfalco de11.271 millones de dólares.
Guevara indicó que el informe se nutrió de irregularidades arrojadas en 11 casos vinculados a la estatal petrolera con contratistas y transacciones con otras compañías, en las que se desapareció el dinero invertido.
“En las investigaciones se recuperaron informes realizados anteriormente por la Comisión anterior, que habían sido archivados; pruebas de tribunales internacionales, reseñas de investigaciones en medios periodísticos, y declaraciones de funcionarios directos de PDVSA” afirmó el entonces presidente de la Comisión de Contraloría.
Entre las 11 irregularidades expuestas estaban la del Fondo de Pensiones de trabajadores jubilados de la industria petrolera. Al menos 30 mil trabajadores quedaron afectados por la desaparición de sus contribuciones.
La detención de Miguel Rodríguez Torres el 13 de marzo 2018 por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), mientras se encontraba en un evento de una organización política que había fundado, ha dejado en el camino muchas incógnitas y dudas. Luego de cuatro años recluido en los sótanos de los servicios de la DGCIM, gran parte del cual la sufrió incomunicado, fue liberado y se le permitió irse al exilio.
El mayor general del Ejército había encabezado el ataque a la residencial presidencial La Casona con el Batallón José Leonardo Chirinos el 4 de febrero de 1999 y fue director del Servicio de Inteligencia (SEBIN) en tres períodos no consecutivos y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de 2013 a 2014. A pesar de su historia de “héroe revolucionario”, terminó acusado de conspiración contra el gobierno de Maduro.
Detrás del distanciamiento político que manifestó antes de su arresto, durante su gestión en el SEBIN y luego en el Ministerio de Interior, algunas fuentes han asegurado que Rodríguez Torres tenía en su poder una amplia investigación documentada sobre la corrupción en muchas instancias del gobierno, especialmente en PDVSA que involucraba a Ramírez y a una red de funcionarios, empresarios de maletín y militares en funciones gubernamentales. Ese sería el punto definitivo de quiebre de este “militar revolucionario” con el sector madurista.
Navarro no ve una salida cercana al grave deterioro al que ha llevado al país la revolución que él apoyó. Como muchos venezolanos presiente que el daño será muy difícil de reparar.
“Estamos asistiendo a un desmoronamiento de la patria”. Lo dice sentado en el cafetín de la Facultad de Ingeniería de Universidad Central de Venezuela, donde todavía, gratuitamente, ofrece clases a las nuevas generaciones.
“Lo que mantiene a una patria no es que tenga un ejército que defienda la frontera. Los elementos cohesionadores son los elementos éticos, más que lo material. Un país sin instituciones no es patria. Comenzando por la Constitución que es la institución más importante de una sociedad. Acá se viola cuando les da la gana. Cuando dejan de funcionar las instituciones el país se desmorona. Nosotros estamos en curso de perder la patria”, advierte Navarro.
El ex ministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, pidió investigar al ex presidente de la extinta Cadivi, Manuel Barroso, y al ex ministro de Alimentación, Carlos Osorio, por los millones de dólares entregados a empresas de maletín y las mafias encontradas en Abastos Bicentenario durante las gestiones de esos generales.]]>
El ex ministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, asoma que el Plan Integral para el desarrollo del Arco Minero del Orinoco puede estar violando la Constitución nacional.
Jorge Giordani y Héctor Navarro solicitarán abrir una investigación penal para rastrear el destino de unos 300.000 millones de dólares que habrían sido malversados durante la última década a través del control de cambios del país, activado por Hugo Chávez.
