Estado peruano falla en la atención a mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia de género

Amnistía Internacional publicó una investigación este 24 de julio en la que se evidencia acoso a las venezolanas en los puestos de trabajo y en las calles; chantaje sexual o presión económica por conservar una vivienda o un empleo; temor a ser deportadas por su condición migratoria; maltrato físico y psicológico ejercido por sus parejas; y estigmatización por parte de agentes del Estado

Estado peruano falla en la atención a mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia de género

El estado peruano no ha sido efectivo a la hora de atender a mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia de género, según revelaron las entrevistas realizadas por Amnistía Internacional a una docena de víctimas y expertas para una investigación publicada este 24 de noviembre bajo el nombre, “El Estado peruano falla en la atención a mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia de género“. 

El informe comienza describiendo el caso de Mariana, una mujer que tuvo que escapar de su pareja porque su vida y la de sus hijos corría peligro. Ella es una de las 1,3 millón de personas venezolanas que solicitaron asilo en Perú, según datos de la ONU.

El primer agente peruano que recibió Mariana insistía en que le diera una fecha del primer incidente de violencia, pero para ella era imposible detallar una sola experiencia, pues durante 16 años fue víctima de abusos. Sin embargo aun cuando se hace la denuncia, muchos casos quedan en el limbo, como el de Luisana, una modelo venezolana de 29 años de edad que fue violada por un médico gastroenterólogo en una consulta privada. Desde hace un año, espera por una respuesta del Ministerio Público.

El anterior no es un hecho aislado. “Tengo compañeras que han sido víctimas de intentos de violación, algunas se han regresado [a Venezuela] porque las han llegado a violar”, explicó Maholy Sánchez, criminóloga, que vive en Perú y quien ha sido víctima de acoso sexual tres veces en este país.

Buscar justicia no es sencillo. Un estudio reciente de la Defensoría del Pueblo de Perú confirmó que los funcionarios frecuentemente usan comentarios estereotipados para culpar y descalificar a las mujeres que acuden a denunciar, sobre todo a las venezolanas, como: “Veneca, vete a tu país a reclamar” o “porque se viste así”. Sin embargo, es un requisito obligatorio. 

“Para que el Estado peruano otorgue a las migrantes víctimas de violencia de género una calidad migratoria por vulnerabilidad (una forma de legalización de la permanencia en ese país) en la Superintendencia Nacional de Migraciones, lo primero que deben tener es una denuncia”, dice en el informe Guadalupe Yépez, coordinadora de Población Vulnerable de la organización Veneactiva, ONG que ayuda a personas migrantes.

“Además de acudir a las comisarías, el caso debe ser llevado a fiscalía para gestionar una orden de protección a la mujer. Luego, la orden de protección debe enviarse a Migraciones para que le otorgue de una forma directa la calidad migratoria por vulnerabilidad a la víctima. Esto es una limitante, porque la mayoría de nuestras migrantes no denuncian, o denuncian y no continúan con el proceso ante fiscalía, entonces no obtienen ningún tipo de medida de protección contra su atacante, ni tampoco el beneficio migratorio”, señala Yépez.

La realidad es que, como muchas mujeres están ilegales o trabajan sin permiso, prefieren guardar silencio o desistir porque los abusos parecen normalizados y las autoridades no están educadas para atender a las víctimas. Fue el caso de Nereida, quien fue besada por su empleador sin su consentimiento. Aunque su jefe se disculpó, el ataque se repitió: “Él me dijo que como él me estaba dando todo, yo tenía que ser su mujer. Y si no aceptaba, así no le servía”.

Nereida huyó de Arequipa, después de que su jefe le amenazara. Aunque contó su historia a las autoridades, la respuesta fue una caución o medida de alejamiento para ambos. Fue revictimizada al equipararse su condición con la del perpetrador.

Según el estudio Mujeres Migrantes contra la violencia en el mundo del trabajo: Venezolanas viviendo y trabajando en Lima, Perú  13 de las 15 participantes (en la investigación) relatan situaciones de acoso y hostigamiento sexual al menos en uno de los trabajos que han tenido en Perú y todas hacen referencia a otras mujeres venezolanas migrantes con experiencias similares”.

Algunas mujeres, cuando los casos ya son graves, acuden a los denominados “Centros de Emergencia Mujer”. Esta instancia brinda un apoyo inmediato, consiguiéndoles un espacio de acogida y cierta asistencia social. De acuerdo con el informe, este año “atendieron a 1.332 mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia de género entre enero y septiembre de 2021, como parte del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (AURORA): esto representa 82,4% del total de extranjeras asistidas, según datos de programa”.

La investigación de Amnistía Internacional recuerda que “todas las mujeres en Perú tienen derecho a una vida libre de violencia” y por eso recomienda: “fortalecer la sensibilización y capacitación de agentes estatales para garantizar que cesen de usar estereotipos basados en género o en la nacionalidad de las denunciantes, y que conozcan los mecanismos legales existentes como la calidad migratoria por vulnerabilidad”. También se aconseja: difundir “ampliamente información sobre los derechos de las mujeres refugiadas y migrantes de acudir a los servicios y programas para sobrevivientes de violencia de género sin importar su estatus migratorio, de forma que la falta de documentación nunca sea una barrera adicional para recibir la atención y protección que necesitan”.