Ángela Brito, hija de Franklin Brito, el productor agropecuario que falleció por una huelga de hambre que realizaba tras la expropiación de sus predios en 2010, aseguró que Lenín Fernández Duarte, el juez que condenó a su padre, pidió asilo en la ciudad de Miami.
La minera ruso-canadiense Rusoro dijo este martes que un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) le otorgó una compensación de 967,77 millones de dólares por la expropiación de sus inversiones en Venezuela, refiere la agencia Reuters.
Aunque las tomas de empresas evitan al Estado asumir los costos políticos y monetarios de una expropiación, los resultados son los mismos: la producción de la mayoría de las compañías intervenidas nunca logra remontar vuelo.
La minera canadiense Gold Reserve firmó un acuerdo con Venezuela para formar una empresa mixta aurífera con participación de 55% del Estado y como parte de la negociación el país le pagará 769 millones de dólares como indemnización por haber nacionalizado sus operaciones en 2009.
Panamá.- Miguel Pérez Abad conversó con El Estímulo en una entrevista que se publicó el pasado fin de semana donde afirmó que el gobierno no se arrepiente del proceso de expropiaciones de empresas en el área petrolera, agrícola e industrial. Este martes 02 de agosto, el presidente Nicolás Maduro, lo relevó de sus cargos de ministro de Industria y Comercio y vicepresidente del Área Económica.
Maduro dijo que ordenó reevaluar los aumentos de tarifas anunciados por las operadoras de servicios de telefonía, Internet y televisión por suscripción.
Las divergencias entre las tendencias radical y moderada que coexisten dentro del chavismo se han ampliado durante los últimos días, revelando importantes grietas en el modelo económico del gobierno de Nicolás Maduro.
Panamá.- El ministro de Industria y Comercio y vicepresidente del Área Económica, Miguel Pérez Abad, en conversación con El Estímulo afirmó que el gobierno no se arrepiente del proceso de expropiaciones de empresas en el área petrolera, agrícola e industrial.
Expertos aseguran que aunque en la práctica el Estado actúa como propietario, las empresas siguen perteneciendo a sus dueños pues nunca se dio la confiscación, por lo que pueden acudir a naciones con tratados de doble tributación y protección de inversiones para solicitar una justa indemnización.
El reconocimiento por parte de Eulogio del Pino, presidente de Pdvsa, de que las expropiaciones en el Lago de Maracaibo habían sido un error fue la expresión pública de una intención que se ha venido gestando desde hace meses: devolver activos a las empresas nacionalizadas y recuperar las operaciones.
La nueva posición de Pdvsa con respecto a las empresas expropiadas en el Lago de Maracaibo arrojó luz sobre las discrepancias que existen dentro del gobierno en cuanto a la política petrolera.
La nueva posición de Pdvsa con respecto a las empresas expropiadas en el Lago de Maracaibo arrojó luz sobre las discrepancias que existen dentro del gobierno en cuanto a la política petrolera.
Por primera vez en 7 años existe una posibilidad real de que el gobierno reconsidere su política con respecto a los servicios conexos de las actividades petroleras y, con esto, las expropiaciones que llevó a cabo sobre las empresas del sector en el año 2009.
Por primera vez en 7 años existe una posibilidad real de que el gobierno reconsidere su política con respecto a los servicios conexos de las actividades petroleras y, con esto, las expropiaciones que llevó a cabo sobre las empresas del sector en el año 2009.
Los ataques a la propiedad privada no solo consisten en expropiaciones. Los comisos de mercancía, las intervenciones y ocupaciones y los cierres de empresas son castigos de uso frecuente gracias a la legislación vigente, pero su aplicación constituye una violación a un derecho constitucional.
Los ataques a la propiedad privada no solo consisten en expropiaciones. Los comisos de mercancía, las intervenciones y ocupaciones y los cierres de empresas son castigos de uso frecuente gracias a la legislación vigente, pero su aplicación constituye una violación a un derecho constitucional.
El monopolio estatal del cemento sustituyó a la empresa privada, con la justificación de incrementar la producción, tener una oferta a bajo costo y favorecer los planes de construcción de viviendas e infraestructura. Nueve años después, el gobierno no tiene logros que mostrar.
El monopolio estatal del cemento sustituyó a la empresa privada, con la justificación de incrementar la producción, tener una oferta a bajo costo y favorecer los planes de construcción de viviendas e infraestructura. Nueve años después, el gobierno no tiene logros que mostrar.
El tribunal arbitral del Banco Mundial ordenó a Venezuela pagar casi 100 millones de dólares a la empresa ganadera británica Vestey Group por la nacionalización de un grupo de hatos en 2005, informa Reuters.]]>