El proceso de extradición contra el ex edecán es independiente al de su pareja, la millonaria Claudia Patricia Díaz, quien además de tesorera nacional de Venezuela también fue enfermera de Chávez.
La Justicia española aplazó la vista prevista este jueves para decidir sobre la extradición de Adrián Velásquez, ex edecán del expresidente de Venezuela Hugo Chávez, reclamado por Estados Unidos por supuesto delito de blanqueo de capitales, informaron fuentes judiciales.
La Audiencia Nacional española estimó de esta forma la petición del nuevo abogado de Velásquez. La defensa alegó que necesita tiempo para estudiar el procedimiento contra el ex edecán.
La Fiscalía emitió un informe en el que apoya la petición de Estados Unidos de entregar a Velásquez, detenido en diciembre de 2020 en España junto con su mujer, Claudia Patricia Díaz. Ella fue tesorera nacional de Venezuela y terminó con cuentas millonarias en Suiza.
Estados Unidos reclama a Velásquez como presunto autor de un delito de asociación delictiva para cometer lavado de dinero. Estos cargos equivalen en España al blanqueo de capitales, a través de una de una organización, según explica la Fiscalía en el escrito en el que apoya la entrega.
De ellas, siete están o estuvieron en Panamá, una en Caracas y otra en Florida. «Su hermano, Josmel José Velásquez Figueroa, exgerente de presupuesto de la estatal petrolera (Pdvsa) en el oriente del país, es su socio. El informe de Fiscalía denuncia que hicieron «diversas contrataciones con la industria estatal petrolera (Pdvsa), bajo circunstancias presuntamente irregulares», destaca el reportaje basado en los Panama Papers.
Argumenta que se cumplen los requisitos como no existir motivación política tras la reclamación o no estar el delito prescrito. Además sostiene que los hechos se habrían cometido presuntamente en Estados Unidos y no son investigados en España.
La justicia española también mantiene pesquisas sobre supuestas tramas de lavado de dinero relacionadas con la petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa.
El fiscal reproduce en su escrito el relato de hechos aportado por las autoridades estadounidenses contra Velásquez.
El proceso de extradición contra el ex edecán es independiente al de su mujer, que también fue enfermera de Chávez y cuya vista se celebrará más adelante.
Hace dos años la Audiencia Nacional española acabó rechazando entregar a ambos a Venezuela, al considerar que la situación que atraviesa el país podría poner en peligro su integridad. Ahora están reclamados por Estados Unidos por su presunta vinculación con una «estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado por el Gobierno venezolano» desde 2008 hasta 2017.
Según la acusación, Raúl Gorrín, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, «ofrecía, prometía, autorizaba y efectuaba pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano, incluidos dos tesoreros nacionales (…) a fin de asegurarse una ventaja indebida en la obtención y retención del derecho de efectuar transacciones de cambio de moneda extranjera con tasas favorables».
Sospecha que pagó presuntamente millones de dólares a los extesoreros Alejandro Andrade y Claudia Patricia Díaz, y a Velásquez, en beneficio de ella.
Para ocultar los pagos Gorrín utilizó cuentas de empresas ficticias, siempre según el relato de la acusación que consta en la documentación enviada por Estados Unidos. El expediente afirma que entre 2011 y 2013 Gorrín ordenó pagos «de por lo menos 65 millones de dólares».
También «compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes finos (…)», agrega.
El empresario, al que la Justicia estadounidense considera prófugo, residente en Venezuela, fue acusado en agosto de 2018 como cómplice de «conspiración para lavado de dinero» y «lavado de dinero».
Por su parte, Andrade Cedeño, también ciudadano venezolano, fue condenado a 10 años de prisión. Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, admitió que recibió más de $1.000 millones en sobornos de Gorrín y otros implicados, «a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda a tasas favorables para el país».
Mano derecha de Hugo Chávez como jefa del Tesoro de la Nación, la también enfermera del fallecido presidente es investigada por su presunta participación en un fraude cambiario por $2.400 millones, entre otros delitos de lavado de dinero cometidos contra una Venezuela dejada en la ruina. Hoy residente en Madrid, también compró 250 lingotes de oro valuados en más de 9,5 millones de dólares, según registros judiciales de Liechtenstein, obtenidos por la agencia The Associated Press. EEUU pide su extradición y la justicia española estudia el caso.
Gorrín enfrenta en EE UU nueve cargos por lavado de dinero, uno por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y otro por conspiración, también para lavado de dinero
