El Río de Janeiro olímpico pierde la guerra contra sus delincuentes

Los asesinatos aumentaron de forma brusca en el primer semestre de 2016, justo cuando las autoridades querían aprovechar los Juegos Olímpicos, que se celebran entre el 5 y el 21 de agosto, para promocionar la ciudad como destino turístico. Se producen tiroteos a diario, incluso en favelas de Río donde los programas de vigilancia de la comunidad creados para pacificarlas habían mejorado la situación en los últimos años.

El número de personas muertas a manos de la policía, a la que muchos vecinos acusan de disparar primero y hacer preguntas después, se ha disparado en los últimos dos años tras caer de forma significativa en los seis anteriores. La policía, a su vez, se ve cada vez más atacada: 61 agentes han muerto en Río desde enero, la mayoría cuando no estaba de servicio.

«2016 ha sido un año muy malo. Hemos visto un aumento drástico en los homicidios, robos y otros crímenes», dijo Ignacio Cano, sociólogo en el Laboratorio de Estudios sobre Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. «Perdimos una gran oportunidad de transformar a la policía y desarrollar un nuevo modelo de seguridad pública».

La abrumadora mayoría de las víctimas corresponde a jóvenes negros como Jhonata Dalber Mattos Alves, de 16 años, que murió baleado el 30 de junio -sus familiares dicen que por disparos de la policía- en una favela con un programa de vigilancia de la comunidad del que se ha hecho una gran promoción.

Los testigos dicen que el estudiante de secundaria murió cuando caminaba por un camino oscuro con bolsas de papel de palomitas de maíz que había comprado para la fiesta de su hermano de cuatro años en su escuela infantil.

«Quiero que paguen por lo que hicieron. Me arrancaron una parte de mí», dijo su madre, Janaina Mattos Alves, con la voz rota. «Están arrebatando vidas inocentes. Ése es mi temor».

Expertos en fuerzas de seguridad señalan que la peor recesión que sufre Brasil desde la década de 1930 está detrás del aumento de la violencia en Río. Una crisis financiera en el estado productor de petróleo ha congelado los salarios y pensiones de miles de trabajadores del estado, los presupuestos de la policía se han recortado y las noticias diarias sobre despidos han agravado la sensación de angustia.

Además, grupos de derechos señalan a una cultura de combate que sigue siendo parte integral de muchos cuerpos de seguridad en Río, en la que es más probable que se deje paso a los instintos cuando los agentes se sienten atacados.

Cano señaló que es probable que los turistas que acudan para los Juegos Olímpicos se libren de la violencia que se vive a diario en las favelas, aunque en ocasiones sí se extiende a la zona sur de la ciudad, acomodada y turística. Los 85.000 soldados y policías dedicados a patrullar las calles suponen el doble de los desplegados para los Juegos de 2012 en Londres.

«La gran pregunta no son los Juegos Olímpicos, sino qué viene después», dijo Cano, que como muchos expertos cree que es probable que se hagan más recortes en los presupuestos de la policía.

En una tarde reciente, dos periodistas de Associated Press observaron mientras unos seis policías se refugiaban en el techo de una estación de trolebuses durante un tiroteo con presuntos narcotraficantes en el enorme grupo de barrios pobres conocido como Complexo do Alemao. Cuando la balacera concluyó, niños en edad escolar pasaban caminando como si nada mientras los agentes revisaban a conductores de autos y bicicletas.

Amnistía Internacional documentó 265 tiroteos como ése la semana pasada, el primer recuento desde el lanzamiento de una aplicación que cuenta con información de los usuarios para ayudar a alertar a la gente que vive en zonas asoladas por la violencia.

El factor racial de la violencia es innegable.

Los negros tienen tres veces más probabilidades de morir a manos de la policía de Río que los blancos, según datos del departamento de seguridad pública del gobierno del estado.

La madre de Jhonata Alves no había oído disparos el día que le pidió que fuera a casa de su tía para recoger bolsas de palomitas que se utilizan para las palomitas, en la favela de Borel. Una colina boscosa protege parcialmente a la vivienda familiar de la favela, pero el sonido de los disparos suele llegar a la tranquila calle de Janaina.

Una testigo que no quiso mostrar su rostro dijo a la cadena de noticias Globo que después de que Alves fuera baleado, la policía hizo más disparos para fingir un tiroteo. Los vecinos que estaban en la zona dijeron que los agentes habían intentado colocar un arma en el cuerpo del adolescente, pero que la gente no se lo permitió.

La policía se llevó el cuerpo mientras la sangre goteaba desde su cabeza y lo subió a su auto para llevarlo a un hospital, donde murió. La policía no respondió a una petición de comentarios sobre el caso.

Un informe de Human Rights Watch difundido este mes documentó muchos casos de muertes a manos de la policía que siguen un patrón similar: los agentes disparan a personas desarmadas, detenidas o que intentan huir, y después simulan tiroteos, colocan armas y llevan a las víctimas a hospitales a los que llegan muertas o en estado crítico.

Esos asesinatos, combinados con posteriores investigaciones e instrucciones poco exhaustivas, han dañado la credibilidad de los esfuerzos de seguridad.

En los primeros cinco meses de 2016, la cantidad de muertes violentas -un dato que incluye todos los homicidios, incluidos los de policías muertos, personas baleadas por agentes o muertes como resultado de robos- aumentaron en un 18%, a 1.870 en el área de Río, en comparación con el mismo periodo de 2012, cuando las muertes violentas alcanzaron sus tasas más bajas en la última década.

El teniente Carlos Veiga, que lidera la división de policía comunitaria en la favela de Babilonia, señaló que la policía soporta mucho estrés. El periodo de instrucción de los nuevos agentes se ha reducido de 12 a nueve meses y sólo se dedican dos semanas a explicar la vigilancia de comunidades.

«Están viendo un débil programa de instrucción, policía que trabaja bajo circunstancias difíciles, en lugares donde a la gente le encanta violar la ley. Todo eso suma, y hace muy difícil el trabajo de un policía», explicó Veiga.

Las Unidades de Policía de Pacificación, conocidas por su acrónimo en portugués UPP, se crearon en 2008 para cambiar esa dinámica.

La policía colocó bases de comunidad en zonas de riesgo. Tomaron los laberintos de callejones dirigidos por pandillas, confiscaron armas y dieron a los vecinos algo de calma relativa al tiempo que integraban acceso a servicios públicos como suministros básicos o recogida de basuras.

Fabio Amado, responsable de derechos humanos en la Oficina del Defensor del Pueblo en Río de Janeiro, dijo que las unidades de pacificación sólo funcionaron en favelas pequeñas y densamente pobladas. Conforme la iniciativa avanzó hacia el norte y se alejó de zonas acomodadas, hacia las colinas, los vecinos mostraron un creciente descontento con la policía, según un sondeo de la Fundacao Getulio Vargas, una universidad y grupo de estudios.

Un capo de la droga que habló hace poco con AP a condición de que no se utilizara su nombre describió el programa como una «fachada». Los capos se preocuparon al principio y actuaron con discreción, señaló, pero pronto volvieron a trabajar como siempre.

«El tráfico volvió incluso con más fuerza», dijo el hombre, sosteniendo un rifle de asalto AK-47. «La UPP es incapaz».