La acusación se extiende al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, informaron los fiscales responsables por el caso en una rueda de prensa en la ciudad de Curitiba, en donde están centradas las investigaciones sobre el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Igualmente fueron presentados cargos contra Leo Pinheiro y Paulo Gordilho, el expresidente y un ingeniero de la constructora OAS, una de las empresas ya condenadas por haber participado en la red que desvió millonarios recursos públicos de contratos con la petrolera estatal.
Lula da Silva replicó que los cargos presentados por la Fiscalía en su contra «tienen motivación política», carecen de respaldo jurídico y son una «farsa».
La Fiscalía acusó a Lula y a su esposa, Marisa Leticia, por corrupción pasiva, fraude documental y lavado de capitales, en una investigación sobre la propiedad de un apartamento de lujo en la playa de Guarujá, que el exgobernante niega poseer.
Se trata de la primera acusación formal contra Lula en las tres causas por las que es investigado por supuestamente haber recibido favores de empresas que integraron la red de corrupción que gira en torno a la petrolera estatal Petrobras.
El expresidente ha sido imputado en otra causa por un supuesto intento de obstrucción a la Justicia, en relación a su nombramiento como ministro el pasado marzo en el Gobierno de la ahora expresidenta Dilma Rousseff, y también es investigado por la supuesta tenencia de una finca rural, acusación que también niega.
Lula respondió hoy a las nuevas acusaciones a través de su cuenta en la red social Twitter con el mismo comunicado que rebatió el pasado agosto la denuncia formulada por la Policía contra él y contra su esposa por el caso del apartamento.
En el comunicado, la defensa rebate los tres cargos que le imputa la Fiscalía, sostiene que la acusación no presenta «ningún elemento» que demuestre que el apartamento en cuestión sea propiedad de Lula y recalcó que sólo realizó una única visita al inmueble cuando estaba en obras y barajaba su compra.
El apartamento de tres pisos fue construido por OAS, una de las empresas condenadas por haber participado en la red que defraudó fondos millonarios en contratos con Petrobras.
La defensa de Lula también rechaza la acusación de que habría cometido un fraude documental, cargo se refiere al hecho de que OAS le pagó el depósito en el que guardó durante cinco años los regalos que recibió cuando era jefe de Estado.
Según los abogados de Lula, «los bienes del acervo presidencial integran el patrimonio cultural brasileño, son de interés público por definición legal, no se tratan de bienes privados de Lula, sino de documentos que la ley exige que sean conservados».
La denuncia de lavado de capitales tampoco se sostiene, según la defensa, porque Lula no es el auténtico propietario del apartamento y tampoco existen pruebas de que los fondos usados por OAS en la obra procedieran de actividades ilícitas.
