Nicaragua: otra nación con un gobierno sin legitimidad

Atrás quedaron los tiempos en que los sandinistas, hoy en el poder, enfrentaron como guerrilla a la dictadura de los somocistas y se perfilaron como una opción real de cambio y democracia.

Hoy la oposición, los factores políticos que hacen frente al presidente de Nicaragua Daniel Ortega, están ilegalizados. Los poderes públicos: Judicial, Legislativo y Electoral le conculcaron sus derechos y sólo seis partidos menores y cercanos al mandatario, pueden asistir a las elecciones del 6 de noviembre.

Pero ¿Cómo se llegó a esta situación legal, pero ilegitima? Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Central de Venezuela lo recuerda: “Daniel Ortega accedió al poder en enero de 2007 con un modesto 37%, favorecido por la división del liberalismo. Gracias a ello instauró su dictadura constitucional tres años después, cuando tomó el control de la Corte Suprema de Justicia y el Poder Electoral”.

La maniobra de Ortega en 2010 llevó a que en 2011 se emitiera una sentencia del Tribunal, con jueces cercanos a él, que le permitía reelegirse en forma continua, contra lo dispuesto en la Constitución. Fue de esa manera que pudo acceder y ganar la reelección ese año.

Su poder aumentó más al lograr la mayoría legislativa para el período 2012-2017. Este año Ortega busca una nueva reelección.

Ramírez ve en el caso de Nicaragua similitudes con Venezuela. Asegura que el mandatario nacional gobierna el país a la nicaragüense. “En ambos casos, el Poder Judicial y el Poder Electoral están claramente subordinados al Ejecutivo, y coordinadamente bloquean a la oposición, incluso cuando esta sea mayoría en la Asamblea”, indicó.

“No se trata de que unos magistrados sean afines al oficialismo y redacten sentencias a su favor. Estamos frente a una franca subordinación del Poder Judicial a la voluntad presidencial”, agregó.

El académico ahondó en las similitudes y señaló que el Poder Electoral en ambos países se encarga de organizar elecciones con condiciones tan favorables para el oficialismo que resulta titánico que la oposición obtenga resultados favorables, y de obtenerlos se bloquean institucionalmente mediante sentencias o medidas arbitrarias del Ejecutivo, declaradas “legales”. Lo que considera francas dictaduras constitucionales.

Una diferencia entre ambas naciones es que al contrario del caso venezolano, la situación de Nicaragua prácticamente se ha invisibilizado internacionalmente. Es ahora, con la ilegalización de la oposición, que han sonado las alarmas en otros países, aun cuando Ortega violó la Constitución al buscar gobernar por tercera vez consecutiva. Por otra parte el presidente se presenta a los comicios con su esposa Rosario Murillo como compañera de fórmula, una práctica nepótica y despótica.

Todas estas condiciones han llevado a los opositores a calificar el proceso como una farsa electoral. De hecho muchos se han disfrazado de payasos para subrayar que los comicios son un circo.

Por otra parte, tanto en Nicaragua como en Venezuela es evidente la crisis política e institucional.

“En junio de este año la Coalición Nacional por la Democracia, de oposición, fue empujada a retirarse de la campaña electoral tras la anulación de la candidatura de su dirigente con más opciones: Luis Callejas”, dijo Ramírez.

Agregó que la Corte quitó la representación legal a la dirección del Partido de Liberación Independiente (PLI) –el mayor de la coalición opositora- encabezada por Eduardo Montealegre –quien fue candidato en 2006 y era el candidato emergente-, y la entregó a una facción liberal acomodaticia al FSLN encabezada por Pedro Reyes. Así, también fue despachado otro posible rival.

Luego, a finales de julio de 2016, el Consejo Supremo Electoral destituyó a 28 diputados opositores por desconocer la sentencia de la Corte sobre la representación legal del PLI, y reforzó el dominio del FSLN, para continuar cerrando los espacios de participación.

Los decretos de la Corte, sumisa al Ejecutivo, han hecho que Ortega sea el único candidato con capacidad real de ganar las elecciones.

“Todas estas medidas constituyen un nuevo golpe de Estado en Nicaragua y hacen que los próximos comicios no sean justos, ni libres, ni realmente competitivos. Es una mera fachada electoral fraudulenta para intentar dar legitimidad a Ortega. Esto es comparable con la suspensión en Venezuela del Referéndum Revocatorio, ordenada por tribunales sin competencia electoral y acatada posteriormente por el Consejo Nacional Electoral, con pasmosa celeridad”, explicó el profesor.

Ramírez señaló que ambos casos pueden calificarse como dictaduras constitucionales. Aunque parezca un contrasentido, el académico manifestó: “Es una forma de gobierno dictatorial ilegítimo, pero bajo el paraguas puramente formal de una Constitución cuya letra sólo se respeta cuando le conviene al dictador o cúpula gobernante. En las dictaduras constitucionales podrá observarse un aparente respeto al marco constitucional y a las instituciones; habrá un supuesto funcionamiento de los poderes públicos, todas las arbitrariedades y fraudes de ley bajo el manto de la ‘legalidad’, además de las elecciones –injustas por demás- le dan ‘legitimidad democrática’ y blindan a los autócratas en el poder”.

Crítica y diálogo. La situación de Nicaragua ha llamado recientemente la atención en el continente, pues se ve en la nación un país convulso que, con la excepción de Venezuela, es uno de los más débiles institucionalmente.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, declaró el inicio del proceso de diálogo en el país, pero al igual que en Venezuela, la población tiene profundas dudas.

Almagro expresó su preocupación por la situación nicaragüense y su esperanza en que el diálogo que se desarrolla con el gobierno de Ortega vaya por un buen camino. El funcionario advirtió que ante situaciones de quiebre de las democracias es muy importante que haya una oposición homogénea, dispuesta y lúcida.

Se espera que en el diálogo se acuerde el restablecimiento de la democracia representativa sobre la base de los principios y normas establecidas en la Carta Democrática Internacional y la Constitución Política de Nicaragua.

En este caso también se espera que el diálogo sirva para rescatar la democracia y que al igual que en Venezuela la organización y movilización de la sociedad civil de forma cívica y pacífica restaure la democracia.

Luis Callejas, el aspirante presidencial de la oposición –antes de ser vetado-, describió la situación de su país como una farsa que sustituye a las elecciones normales, transparentes y decentes.

Maximino Rodríguez, candidato opositor en la campaña y ex guerrillero de la Contra, va más allá y señala que en el país se intenta instalar una sucesión dinástica, con Murillo en la vicepresidencia y los hijos de Ortega en puestos cercanos al poder.

Por su parte, los ex presidentes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea) entre ellos: José María Aznar de España, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe de Colombia, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, Laura Chinchilla de Costa Rica y Luis Alberto Lacalle de Uruguay, han mostrado sus dudas sobre lo acontecido en la nación. Este último fue uno de los que se refirió al tema. “No dejemos sola a Nicaragua que nos pide el amparo aunque sea de la palabra”.

Quiroga, a su vez, condenó al régimen de Ortega al que calificó como monárquico, nepótico y despótico.

De igual forma, un grupo de personalidades nicaragüenses, encabezado por los poetas Ernesto Cardenal y Gioconda Belli, solicitaron a la OEA que acuerde con el presidente Ortega la celebración de comicios auténticos en un plazo máximo de un año.

En Nicaragua se buscó suspender las elecciones, mientras en Venezuela se piden desesperadamente. Dos momentos de una dirigencia opositora que critica lo mismo, la dictadura y el desprecio a los derechos fundamentales de los nicaragüenses y los venezolanos. En ambas naciones Daniel Ortega y Nicolás Maduro utilizan los poderes públicos para permanecer en el poder.