Las calles nicaragüenses siguen en llamas a pesar del decreto derogado

Analistas afirmaron que por primera vez en 11 años Daniel Ortega, presidente de esa nación perdió el control de las calles y de su país, la cual ha controlado con autoritarismo.

Las muertes no han sido los únicos protagonistas, también hay decenas de heridos y un centenar de arrestos en ciudades como Managua, lo que provocó que los conflictos se extendieran a otras localidades del país, en la que los estudiantes tienen una participación protagónica.
El detonante de la rebelión fue una reforma de la seguridad social, adoptada en forma ejecutiva y unilateral, que obligaba a empresarios y trabajadores a incrementar los aportes al sistema, reducía sus beneficios y cortaba en cinco por ciento las pensiones jubilatorias.
La medida, que perjudicaba a 22 por ciento de los 6,3 millones de habitantes de este país centroamericano, solo fue consultada con sindicatos y gremios oficialistas de trabajadores e ignoró incluso al que ha sido su interlocutor patronal más cercano hasta ahora, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
La violenta represión de la policía y fuerzas de choque del gobierno contra los estudiantes universitarios que salieron a protestar contra la reforma, extendió las manifestaciones, a las que se sumaron banderas como la protesta por la corrupción, y a que fueron añadiéndose organizaciones sociales y fuerzas opositoras.
Ortega, exguerrillero sandinista de 73 años y presidente del país entre 1985 y 1990, se mantuvo ausente de la escena mientras a la represión se sumaba el Ejército y las protestas se extendían por al menos 84 grandes plazas de los 15 departamentos del país.
Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, situó hasta este lunes 23 los muertos de las protestas en 28, todos por armas de fuego, la mayoría jóvenes universitarios y dos agentes policiales. A las víctimas mortales se sumaron 64 heridos, también baleados, y al menos 200 arrestados.
Pero para el analista social Humberto Meza, la derogación del decreto llegó demasiado tarde “y ahora es urgente la exigencia de protección de los derechos humanos y el fin de la represión”, dijo a IPS.
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