El expresidente y Nobel de la Paz, Óscar Arias, una de las figuras políticas más importantes de Costa Rica, fue acusado por la Fiscalía por la firma en 2008 de decretos supuestamente irregulares a favor de un fallido proyecto de minería de oro a cielo abierto.
Arias, quien gobernó Costa Rica en dos periodos (1986-1990 y 2006-2010), enfrenta cargos por prevaricato (emisión de resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos), delito que estipula penas de cárcel de entre dos y seis años.
La fiscal general, Emilia Navas, confirmó que firmó la acusación el martes y que la trasladó a la Procuraduría General de la República para que ese ente decida si participa como querellante y presenta una acción civil para resarcir al Estado.
La Procuraduría tendrá 13 días para tomar una decisión y vencido ese plazo la Fiscalía presentará la acusación formal ante al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, en San José.
El caso se remonta al año 2008, cuando Arias, durante su segundo mandato, y su entonces ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, firmaron decretos para declarar de interés y conveniencia nacional el proyecto de minería de oro Las Crucitas, en la zona norte del país.
Los decretos habrían facilitado y agilizado una serie de permisos y trámites, principalmente ambientales y de uso de suelo, a la empresa Industrias Infinito, de la canadiense Infinito Gold, que fueron denunciados por grupos ambientalistas.
El proyecto nunca llegó a construirse por completo ni a explotar oro, pues fue anulado por instancias judiciales en 2010 por irregularidades en el proceso de concesión y daños ambientales como tala de bosque y remoción de tierras.
La empresa minera esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro con una concesión por 10 años.
Este caso fue reabierto el 2 de noviembre de 2017 por la fiscal general, Emilia Navas, quien siete días después llamó a declarar al expresidente Arias como parte de la etapa de investigación.
El Nobel de la Paz defendió su inocencia y expresó a los periodistas su confianza en los jueces del país, a los que calificó de «honorables e imparciales».
«Cualquier presidente de este país y de cualquier país del mundo les va a poder decir lo mismo: uno tiene plena confianza en los técnicos de los ministerios y en los departamentos legales, que son los que redactan un decreto», declaró.]]>
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