«Las violaciones de derechos humanos en Venezuela son señal del desmantelamiento de su Estado de Derecho. Nos preocupa esta tendencia y nos oponemos porque representa un peligro para la estabilidad regional», indicó James Story, Encargado de Negocios de Estados Unidos. El funcionario norteamericano estuvo presente en el evento y recordó la muerte en extrañas circunstancias del concejal Fernando Albán y las detenciones de opositores como ejemplos de violaciones a los derechos humanos.
Para Story, hay gobiernos “no democráticos” que “acobijan” a Venezuela “por interés en sus recursos naturales”, aunque el funcionario no señaló a cuáles países en particular se refería.
Asimismo, asegura que en Venezuela se está implementando un socialismo de Estado que «nace con intenciones totalitarias» y que califica de “modelo fallido, inviable e incompatible con el respeto a los derechos humanos». Afirma que este modelo “niega al ciudadano su papel en la sociedad” y que el gobierno “es responsable de sumir a Venezuela en una crisis aún mayor”.
El diplomático cuestionó que se pretenda controlar los medios de producción y “esclavizar” a los venezolanos haciendo referencia a las cajas que reparten los comités locales de abastecimiento y producción (Clap).
Por su parte, Marino Alvarado, miembro de Provea, destacó varios artículos de la declaración universal de los Derechos Humanos, en especial el relativo a que nadie puede ser obligado a pertenecer a alguna asociación. Alvarado considera que en Venezuela cada vez más se estriba este derecho llegando al punto de restringir hasta la posibilidad de registrar asociaciones que lleven la palabra “derechos”.
Destacó el artículo que habla del derecho al bienestar y calidad de vida, que actualmente no existen en el país. Como ejemplo, explicó el caso de seis escuelas de Fe y Alegría ubicadas en la frontera, las cuales cerrarán sus puertas por la falta de transporte público.
“Actualmente los problemas que afrontamos los venezolanos son de sobrevivencia”, acotó Alvarado.
Humberto Prado, presidente del OVP, recordó que el gobierno venezolano tendrá que responder por dos casos ante la Corte Interamericana por muertes de presos en cárceles venezolanas.
Prado criticó que la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro ante esa instancia es alegar que en abril de 2019 se retirarán de la instancia interamericana. “Es vergonzoso”, sentencia Prado agregando que el gobierno no puede hablar de respeto a los derechos humanos cuando pretenden abandonar este sistema.
Como dato curioso, Rómulo Gallegos fue el primer presidente de la Comisión Interamericana.