Confusión entre venezolanos ante los nuevos requisitos para entrar en Ecuador

El crimen machista cometido por un venezolano con antecedentes en Ibarra (norte) el pasado 19 de enero contra su pareja embarazada, provocó una oleada de reacciones, ataques xenófobos y llevó al Ejecutivo ecuatoriano a anunciar nuevas medidas.

El vicepresidente, Otto Sonnenholzner, avanzó dos días después que se exigiría el pasado judicial apostillado a los venezolanos que ingresaran en la nación tras asegurar que se habían agotado «todos los esfuerzos» y que «Venezuela se niega a entregar bases de datos que permitan verificar la información de quienes llegan al país».

Sin embargo, por circunstancias no aclaradas por las autoridades, la entrada en vigor de la disposición, que recibió críticas por parte de grupos de derechos humanos, no se produjo hasta el pasado viernes.

Como base, un acuerdo interministerial que data del pasado agosto ya exigía, concretamente a los venezolanos, el certificado de antecedentes penales del país de origen o residencia de los últimos cinco años, «debidamente apostillado o legalizado».

«Este acuerdo ministerial recordemos que fue dado de baja a través de acciones de protección que se presentaron el año pasado y logramos que se dirimieran en un juzgado», explicó a Efe Eduardo Febres, presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior.

Su implementación quedó en suspenso a raíz de que las asociaciones de venezolanos rechazaran la solicitud de pasaportes que comenzó a aplicar en las fronteras ecuatorianas ante el masivo flujo migratorio.

Los denunciantes lograron que siguiera rigiendo la medida de que pudieran ingresar al país todo suramericano que tuviera en su poder un documento que acreditara su identidad y «por ende otorgaron las medidas de protección», refirió Febres, cuya fundación aglutina a 50.000 afiliados.

Sin embargo, y amparado en la autonomía sobre el resguardo de la soberanía y seguridad interna del Estado, Ecuador ha llevado a la práctica la solicitud de los antecedentes apostillados a los venezolanos.

La medida ha pillado por sorpresa a algunos que no sabían cuándo entraría en vigor y originado verdaderos quebraderos de cabeza sobre todo a los familiares y amigos en Venezuela, donde se trata de un trámite lento, y costoso si se hace mediante procurador.

«Por la vía legal, me enteré de que no están dando apostillas y que hay que trabajar el tema durante unos cinco meses», explicó a Efe Jesús Marcano, oriundo de Valencia y residente desde hace dos años en Ecuador.

Este venezolano esperaba el pasado sábado la llegada al país de sus padres, a los que no ve desde que emigró, pero la entrada en vigor de la disposición echó por tierra la ilusión del reencuentro familiar que ahora se ve empañado además por el plazo que tienen de un mes para poder modificar el billete sin cargo por parte de la aerolínea con la que iban a volar hasta Guayaquil.

«Por la vía ilegal, que significa que conoces a un contacto dentro del Ministerio (de Exteriores), lo más económico que hemos encontrado son 70 dólares, pero si quieres la apostilla en una semana te pueden llegar a cobrar hasta 200», lamenta.

Desde Venezuela llegan noticias de que el proceso de cita previa que otorga la Cancillería para el trámite se demora por múltiples razones, que pasan porque en el país el internet es uno de los más lentos del mundo hasta que solo emiten las citas de madrugada.

También que el Ministerio venezolano otorga 150 números al día para formalizar la gestión, lo que tiene a los interesados durmiendo en largas colas desde la víspera, dando lugar a mafias y a que gestores oficiosos saquen tajada de los que más necesitan los documentos.

Para Yadira Ágreda, otra emigrante de Caracas, es «paradójico» que en la Embajada venezolana en Quito el trámite sea sencillo y cueste 50 dólares, frente a la imposibilidad de lograr una apostilla en su país natal, que achaca a que «el usurpador (Nicolás Maduro), no quiere que los venezolanos salgan».

El viceministro ecuatoriano de Movilidad, Santiago Chávez, explicó el miércoles que la solicitud de los antecedentes apostillados se aplicará con flexibilidad para las personas en situación de vulnerabilidad como menores, embarazadas, de la tercera edad y con enfermedades catastróficas.

Una política que según Febres, «hasta el momento es efímera» y que no especifica, por ejemplo, qué grados de discapacidad quedan eximidos, cuándo se considera la tercera edad o si los enfermos deberán asimismo apostillar sus certificados médicos.