La Defensoría del Pueblo de Ecuador denunció este miércoles la deportación de un grupo de venezolanos en el Puente de Rumichaca, paso fronterizo con Colombia y Ecuador, e instó al Estado a observar los principios de no expulsión y garantías de derechos
En un comunicado difundido por redes sociales el organismo nacional de derechos humanos expresó su preocupación por el incremento de la conflictividad en el Puente Internacional de Rumichaca, frontera norte del Ecuador.
La organización mencionó que el martes 26 de febrero, un grupo de aproximadamente 17 ciudadanos venezolanos, entre ellos mujeres y niños, habrían sido objeto de una deportación colectiva de facto, hecho que profundiza la crisis ya existente.
El documento exhortó a observar los principios de no expulsión colectiva de personas, no devolución, garantías del debido proceso y demás principios y derechos contenidos en la Constitución e instrumentos legales internacionales.
Y recomienda para este caso específico, el cumplimiento de los principios y directrices emitidos por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, sobre los derechos humanos en las fronteras internacionales.
Ecuador endureció los requisitos de ingreso al país a los emigrantes venezolanos a finales de enero, cuando entró en vigor una disposición interministerial según la cual se solicita a cualquier visitante de esa nacionalidad, salvo excepciones estipuladas, los antecedentes penales apostillados.
La medida se adoptó a raíz de un feminicidio protagonizado por un venezolano con antecedentes, y provocó el repudio de las ONG defensoras de los derechos humanos.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por las nuevas medidas adoptadas por Ecuador para responder a la migración forzada de personas venezolanas, consistentes en la exigencia de documentos apostillados o legalizados, así como el establecimiento de controles policiales y migratorios en el Puente Internacional de Rumichaca.
«La Comisión urge al Estado ecuatoriano a garantizar los derechos de las personas venezolanas, en especial los derechos a buscar y recibir asilo, a la no devolución y a la igualdad y no discriminación, así como adoptar medidas en línea con su Resolución 2/18 sobre Migración forzada de personas venezolanas», manifestó la CIDH en un comunicado.
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