Estados Unidos anunció el viernes sus primeras sanciones contra la Corte Penal Internacional, y negará visas a cualquier persona involucrada en una posible investigación de militares estadounidenses en Afganistán o en otro lugar.
«Hoy estoy anunciando una política de restricción de visas a aquellas personas directamente responsables de cualquier investigación de personal estadounidense», dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo.
Aseguró que ya se habían emitido las primeras prohibiciones de visados, sin revelar el número ni los destinatarios.
La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció en noviembre de 2017 que buscaba iniciar una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, incluso por el ejército de Estados Unidos.
Pompeo dijo el viernes que las nuevas restricciones de visa incluirían a personas que tomen o hayan tomado medidas para solicitar o promover una investigación de este tipo.
«Estas restricciones de visa también pueden usarse para disuadir los esfuerzos de la Corte Penal Internacional de perseguir al personal de los aliados, incluidos los israelíes», agregó el secretario de Estado de Estados Unidos.
El gobierno de Donald Trump ha cuestionado enérgicamente a la Corte Penal Internacional, un organismo encargado de juzgar los crímenes de guerra, agresión, genocidio y crímenes de lesa humanidad, del cual Estados Unidos no es miembro.
«La Corte Penal Internacional reclama jurisdicción casi universal sobre los ciudadanos de todos los países, y viola todos los principios de justicia, equidad y debido proceso. Nunca cederemos la soberanía de Estados Unidos a una burocracia global no electa e irresponsable», dijo Trump ante la última Asamblea General de las Naciones Unidas.
En septiembre de 2018, la Casa Blanca amenazó con arrestar y procesar a jueces y a otros funcionarios de la Corte Penal Internacional si el tribunal tomaba acciones por crímenes de guerra contra estadounidenses que combatieron en Afganistán, o si iniciaban investigaciones contra Israel y otros aliados.
La Corte Penal Internacional se rige por el Estatuto de Roma, un tratado ratificado por 123 países y que entró en vigor en 2002, muchos de los países que no lo han firmado o ratificado son países con dudosos registros de violaciones de derechos humanos como Rusia o Arabia Saudita.
Otras naciones como Estados Unidos y el mismo Israel se reservan la posibilidad de emprender acciones militares que pueden estar tipificados en el texto de la corte.
Las relaciones entre Washington y este tribunal con sede en La Haya han sido siempre tumultuosas. Estados Unidos se ha negado a formar parte del organismo y hace todo lo posible para evitar que sus ciudadanos puedan ser objeto de investigaciones.
La decisión del gobierno de Trump debilita la posición de la Corte que está integrada por muchas naciones europeas, americanas, asiáticas y africanas, en estas últimas se han investigado y detenido a perpetradores de crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Venezuela forma parte de la Corte Penal Internacional y por ello se ha abierto una investigación preliminar para determinar si en Venezuela ha habido en violaciones de derechos humanos por la violencia y represión de 2014, 2017, 2018 y 2019.
Si los Estados no apoyan su proceder muchos países de escaso respeto a los derechos humanos podrán quedar exentos de ser juzgados por un órgano imparcial en el que los jueces son abogados de trayectoria y experiencia en el tema, y al contrario de lo que dice Trump son electos, después de estudiar su capacitación y experiencia laboral.
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