Demócratas de Florida instaron este lunes a la Legislatura estatal a presionar al gobierno de Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos para que otorguen a los venezolanos el Estatus de Protección Temporal (TPS) y "exigirle" medidas que garanticen la entrega de ayuda humanitaria.
Reunidos en el Capitolio en Tallahassee, los demócratas y miembros de la bancada hispana de ese partido pidieron apoyar una legislación presentada por el representante estatal Carlos Guillermo Smith sobre el TPS, alivio migratorio que se otorga a países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
«Es hipócrita que el gobierno de Trump denuncie la represión brutal y la crisis humanitaria que enfrenta el pueblo venezolano, mientras deporta a los venezolanos», se lamentó la senadora Janet Cruz durante la rueda de prensa en el Capitolio.
«Los niños se mueren de hambre en Venezuela, las familias están buscando agua; sin embargo tenemos un gobierno que continúa castigando a los refugiados venezolanos que buscan la libertad», agregó.
Los venezolanos que se enfrenten a una deportación «van a terminar volviendo a un país azotado por el hambre y la violencia», dijo por su parte el senador José Javier Rodríguez.
Congresistas federales por distritos de Florida, entre ellos Donna Shalala, Ted Deutch, Darren Soto y Debbie Mucarsel-Powell, han rechazado que el Gobierno de Trump haya negado visas de asilo a casi la mitad de los venezolanos que la han solicitado en Estados Unidos. De igual forma, los legisladores estatales pidieron este lunes apoyo a las resoluciones presentadas por el senador Víctor Torres y el representante Richard Stark sobre asistencia ante «la terrible crisis humanitaria y económica» de Venezuela.
Ambos legisladores solicitaron al Congreso de EE.UU. «tomar medidas inmediatamente para brindar ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela y continuar con la presión política y económica para destituir a (el presidente Nicolás) Maduro de su cargo».
Las iniciativas buscan además «instruir a las agencias federales apropiadas para que Nicolás Maduro y funcionarios del gobierno de Venezuela sean culpados de violaciones de la ley y abusos de derechos humano».
Venezuela afronta una crisis política y social que se acentuó después de que el pasado 23 de enero el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se juramentó mandatario interino al invocar unos artículos de la Constitución venezolana y logró el respaldo de buena parte de los países del continente americano, incluido EE.UU., y una veintena de naciones europeas.
La oposición venezolana, que no reconoce el nuevo mandato que juró Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, al considerar ilegítimas las elecciones de mayo del año pasado, asegura que el país atraviesa una «emergencia humanitaria compleja» y por eso Guaidó ha gestionado ayuda con la comunidad internacional.
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