Los detenidos «por haber cometido delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública» recibieron el beneficio de la convivencia familiar y otras medidas cautelares, indicó el Ministerio de Gobernación en una nota de prensa.
La excarcelación se produce dos días después de que el gobierno y la alianza concluyeron las negociaciones sin un acuerdo en temas clave como justicia y democracia y en momentos que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) conocerá la situación del país.
El gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) habían acordado el pasado 20 de marzo la liberación total de los detenidos en un plazo de 90 días, mediante un proceso que será supervisado por la Cruz Roja Internacional (CICR).
La excarcelación de este grupo no estaría dentro del proceso dirigido por la Cruz Roja, que el jueves sostuvo una reunión con delegados del gobierno y la alianza para cotejar las listas de detenidos que tienen ambas partes, según dijeron voceros de la oposición.
El delegado de la oposición, el exvicecanciller, José Pallais manifestó que esta excarcelación es «unilateral» por pare de la autoridades.
«El gobierno estaba obligado por los acuerdos a continuar con la liberación antes que el CICR comenzará a trabajar (…) esto es algo que se ha tardado mucho», declaró a la prensa.
Ante la lentitud del proceso tutelado por la Cruz Roja, las partes habían acordado que se liberara a las personas que no tenían ninguna acusación
«Hay presos con hasta cinco meses fuera del marco legal porque nunca fueron puestos a la orden de un tribunal competente», apuntó el opositor.
Familiares y organismos de derechos humanos estiman que más de 800 personas han sido detenidas durante las protestas, y que estarían en distintas cárceles del país en condiciones de aislamiento y malos tratos.
El gobierno ha excarcelado a 200 personas desde el 27 de febrero cuando inicio un proceso de negociaciones con la oposición que finalizó el miércoles con el acuerdo parcial de liberar a todos los detenidos en un plazo de 90 días.
Las protestas antigubernamentales estallaron el 18 de abril del año pasado en contra de una fallida reforma a la seguridad social que derivó en una demanda de renuncia del presidente Daniel Ortega, acusado de actos de corrupción e instaurar una dictadura.