«Yo sostengo que (la detención) es ilegal y es una de las razones de mi apelación», dijo a la radio local RPP el abogado defensor César Nakazaki sobre la situación de Kuczynski (80 años), quien pasó su primera noche detenido en la Prefectura policial de Lima por un mandato de prisión «preliminar» por 10 días.
La audiencia de la apelación podría realizarse el fin de semana o la semana próxima (según fuentes judiciales), pero la fiscalía podría contraatacar y pedir su detención «preventiva» hasta por 36 meses.
La salud de Kuczynski obligó a la fiscalía especial del caso Odebrecht a suspender 24 horas el interrogatorio previsto para este jueves, por agotamiento y arritmia cardíaca del expresidente, según fuentes del Ministerio Público.
«Es una detención absolutamente arbitraria, lo demostraré en la sala de apelaciones», insistió ante periodistas el jurista, que alegó que su cliente, que venía colaborando con la justicia, tiene prohibida la salida del país y embargadas sus cuentas bancarias e inmuebles.
El exgobernante fue detenido el miércoles por la policía, luego que un tribunal especializado en crimen organizado y corrupción de funcionarios aceptara un pedido del fiscal José Domingo Pérez, por riesgo de fuga y obstrucción a la justicia.
El primer ministro peruano, Salvador del Solar, señaló en Twitter que la autonomía de poderes debe respetarse, en la única declaración del gobierno de Martín Vizcarra sobre la detención.
Pagos por asesorías
La fiscalía pidió la detención de PPK y de dos exempleados suyos, porque tuvo acceso a nuevos documentos que probaron, presuntamente, que su Administración favoreció a Odebrecht al adjudicarle obras públicas, durante su gestión como ministro de Economía del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006).
Las autoridades detuvieron también a su exsecretaria, Gloria Kisic, y su exchofer José Luis Bernaola. La fiscalía sospecha que ambos realizaron transacciones encubiertas a su nombre.
Kuczynski, un exitoso exbanquero de Wall Street, es investigado por pagos de Odebrecht a dos empresas ligadas a él, First Capital y Westfield Capital, por asesorías.
Odebrecht reveló a fines de 2017 que le había pagado casi cinco millones de dólares por asesorías a First Capital y Westfield Capital mientras era ministro de Toledo. Kuczynski negaba hasta ese momento todo vínculo con la brasileña.
Además, Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, dijo a fiscales peruanos en Brasil que la empresa aportó 300.000 dólares a la campaña presidencial de Kuczynski de 2016, un aportante que no figura en los registros de la contienda política.
Esta revelación provocó un proceso de destitución en el Congreso, lo que culminó con la renuncia de Kuczynski el 21 de marzo de 2018.
Los fiscales buscan ahora la pista del dinero a través de documentos y transferencias de Odebrecht de sus empresas, dijo una fuente de la Fiscalía.