El uso de la mascarilla se transformó en la manzana de la discordia cuando Trump y su vicepresidente, Mike Pence, se negaron a llevar esta prenda en público. Esto a pesar de los reclamos de la oposición
Con más de cuatro millones de casos, el coronavirus parece no dar tregua a EEUU, que desde hace varias semanas encabeza las estadísticas globales de contagios, aunque ha logrado mantener a raya los decesos.
La pandemia en la primera potencia mundial ha navegado en aguas agitadas por la política. Las protestas raciales y un vasto despliegue de fondos para contener los efectos económicos de la enfermedad marcan la dinámica en el país.
¿Qué opinan los expertos sobre los temas que han dominado el ambiente desde que en enero pasado se conoció del primer positivo en el país?
Estados Unidos vive un año electoral y la política parece un asunto ineludible.
Para el estratega demócrata Federico de Jesús, el problema de fondo no es que este sea un año de comicios sino «que Estados Unidos tiene un presidente que no entiende o no quiere entender que lo electoral y la cuestión de salud pública no deberían de tener absolutamente nada que ver lo uno con lo otro».
«No le echo la culpa a la política ni a los políticos. Hay políticos republicanos y demócratas que han dicho y hecho cosas que normalmente en un año de elecciones no harían», agregó este analista, quien recordó que el primer paquete de estímulo aprobado por el Congreso a raíz de la COVID-19 contó con el apoyo de ambos partidos.
«No es que la política se haya metido en el medio, es que el presidente ha metido la política en el medio», insistió.
Doug Badger, de la Fundación Heritage, consideró que el presidente «claramente ha sufrido políticamente como resultado de la pandemia».
Señaló que Trump «comparte la culpa con altos funcionarios federales de salud, la mayoría de los cuales estaban en sus agencias mucho antes» de que fuese elegido «y permanecerán ahí después de que él deje el cargo».
«Pero la idea de que Estados Unidos es el país ‘más afectado’ no es cierta, al menos hasta este punto», sostuvo. Señaló que la nación «ha tenido menos muertes a causa de la COVID-19 por millón de habitantes que Bélgica, Reino Unido, España, Italia, Suecia y Francia».
El uso de la mascarilla se transformó en la manzana de la discordia cuando Trump y su vicepresidente, Mike Pence, se negaron a llevar esta prenda en público. Esto a pesar de los reclamos de la oposición.
La orden de cubrirse el rosto fue adoptada en distintas zonas del país, pero no fue hasta hace unos días que Trump accedió a llevar una.
«Algunos parecen atribuirle poderes mágicos a las máscaras. Otros las ven como una insignia de servilismo. No es ninguna de los dos cosas. Es un trozo de tela», zanjó Badger, quien juzgó como «un tema aparte» si se penaliza a quien decida no usarla.
De Jesús, por su parte, opinó que con esta polémica «se revelaron unas contradicciones fundamentales entre lo que los seguidores de presidente dicen que creen y lo que en realidad creen».
Recordó en este contexto episodios en los que sectores conservadores defendieron a comercios que decidían no vender sus productos a parejas gais alegando su derecho a defender sus principios. Ahora ven como una cuestión de libertad si se acata o no la exigencia de llevar el rostro cubierto en estos locales.
«Lo importante es que se ha desprotegido a una gran parte de la población por estar siguiendo las recomendaciones políticas del presidente», observó De Jesús con preocupación.
El virus desnudó en Estados Unidos las deficiencias de su sistema de salud. El país tiene al sector privado como el mayor proveedor de servicios sanitarios. Esto obligó al Gobierno a hacer un sacrificio enorme para atender a los enfermos.
«El sistema hospitalario estadounidense no está adecuadamente diseñado para el tratamiento de pacientes no asegurados», explicó a William Checkley, profesor asociado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins.
«Cuando una persona sin seguro necesita atención médica -añadió este especialista-, los costos pueden terminar siendo prohibitivos».
Sin una cobertura, el paciente debe asumir el costo total de la atención. Incluso, lo hace a tasas superiores que las de una persona con seguro médico.
La atención en el país es obligatoria y está garantizada por la ley Federal de Tratamientos Médicos de Emergencia y Trabajo. Se exige a las instituciones que examinen y estabilicen a un paciente en caso de una emergencia. Sin embargo, no ordena que lo hagan «sin costo para los pacientes que no pueden pagar», según Checkley.
De allí que muchos pacientes deban acudir a los programas benéficos de los hospitales para negociar su deuda o financiar el pago de los costos.
En un intento por asistir a los afectados por la pandemia se aprobó la Ley de Respuesta al Coronavirus Familias Primero para expandir el seguro médico nacional a las personas sin cobertura. Esto, a fin de cubrir los costos de diagnóstico de la COVID-19 y ofrecer a ciertos trabajadores licencias por enfermedad remuneradas.
Otros recursos federales fueron derivados para cubrir los costos de las pruebas. Los gastos de tratamiento para personas sin seguro los sufragará un fondo creado destinado a los proveedores y a que medida que la enfermedad persista requerirá de nuevos desembolsos.
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