Nóbrega, detenido en agosto de 2021, reconoció que recibió cerca de 3,7 millones de dólares en una cuenta bancaria en Portugal procedentes de la compañía petrolera estatal PDVSA, según documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe
El empresario estadounidense de origen venezolano Jorge Nóbrega se declaró este martes en un tribunal de Florida culpable de haber prestado servicios a la Fuerza Aérea de Venezuela en violación de las sanciones de Estados Unidos hacia este país.
Nóbrega, detenido en agosto de 2021, reconoció que recibió cerca de 3,7 millones de dólares en una cuenta bancaria en Portugal procedentes de la compañía petrolera estatal PDVSA, según documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe.
El tribunal de Miami puede imponer una pena máxima de cinco años de cárcel, seguida de una pena de libertad supervisada de hasta tres años, así como una multa de hasta 250.000 dólares y el decomiso penal y la restitución de los fondos obtenidos en su acuerdo con las autoridades venezolanas.
En marzo de 2015, Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra funcionarios y exfuncionarios venezolanos y declaró una «emergencia nacional» por el riesgo de la situación en Venezuela para su país.
Esta medida, que permite aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias e ir más allá de lo aprobado por el Congreso, estaba vigente cuando Nóbrega prestó sus servicios a la Fuerza Aérea de Venezuela.
En este caso, las sanciones prohibían que empresas estadounidenses pudiesen hacer negocios con la petrolera estatal venezolana sin un permiso del Gobierno estadounidense, que además debe aprobar el prestar servicios militares, algo de lo que el acusado carecía.
Documentos judiciales dados a conocer tras la detención de Nóbrega, que dirige la empresa Achabal Technologies, con sede en Miami y una filial en Venezuela, señalan que el empresario se ocupó de reponer una espuma anti-explosiones en los tanques de combustible de los aviones de combate rusos Sukhoi-30 que posee la Fuerza Aérea de Venezuela.
El dinero llegó mediante transferencias a una cuenta bancaria en Portugal a nombre de Achabal Technologies y como remitentes se usó a «una estructura tripartita», compuesta por TIPCO, una compañía tailandesa fabricante de asfalto, y por Petróleos de Venezuela (PDVSA) y su filial Bariven SA.
El Colegio Nacional de Periodistas reclamó "la presentación de los detenidos, (conocer) su condición de salud, la condición en la cual se encuentran, y (garantizarles) el debido proceso"
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