Según la Defensoría del Pueblo de Colombia el perfil migratorio ha cambiado porque mientras en 2021 predominaban los migrantes haitianos, para el 2022 la mayoría son provenientes de Venezuela que viajan con niños y adolescentes
La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó este lunes 13 de junio que en mayo pasaron por el Darién, frontera de Colombia y Panamá, 210 niños sin compañía de adultos, lo que los pone en riesgo de ser víctimas de reclutamiento forzado, abuso sexual y trata de personas.
Así lo aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en un comunicado en el que detalló que «observamos en el mes de mayo la salida por Necoclí hacia el tapón del Darién de 169 niños y niñas de 0 a 12 años y de 41 adolescentes entre los 13 y 17 años».
El llamado Tapón del Darién es la frontera natural entre Colombia y Panamá por la que cada año pasan miles de migrantes, en los últimos años en su mayoría haitianos y cubanos, en su tránsito hacia Norteamérica.
Los principales sitios por los que pasan los menores, según la Defensoría, son Apartadó y Necoclí, en el departamento de Antioquia, y el caserío de Capurganá (Chocó).
Según Camargo el perfil migratorio ha cambiado porque mientras en 2021 predominaban los migrantes haitianos, para el 2022 la mayoría son provenientes de Venezuela que viajan con niños y adolescentes.
La Defensoría añadió que por falta de mecanismos oficiales hay un subregistro frente a la dinámica de movilidad humana y, en ese sentido, se sabe que persiste el flujo poblacional de personas haitianas, angoleños, senegaleses y de otras nacionalidades, pero tampoco se ha podido corroborar la cantidad exacta.
La Defensoría del Pueblo y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) han detectado en trabajo de campo varias situaciones especiales.
Una de ellas es la mayor presencia de familias que viajan con niños y adolescentes. Igualmente, como tienen menor capacidad económica, los migrantes se ven obligados a permanecer en lugares públicos o incluso en la calle.
Además, los migrantes deben permanecer más tiempo en Colombia, realizando actividades económicas informales que les permita reunir los recursos para seguir el recorrido.
En ese contexto Camargo asegura que «los menores de edad están mucho más expuestos para ser instrumentalizados por parte de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminarles, que buscan aprovecharse de esta situación y cometen reclutamiento, violencia sexual, explotación sexual, violencias basadas en género y trata de personas».
La Defensoría del Pueblo considera que no existen mecanismos claros para verificación de parentesco, falta de sistemas de información pública con enfoque en niñez y debilidad en el registro en la entrada por la frontera entre Colombia y Ecuador, lo que aumenta las vulnerabilidades de los niños.
Ante ese panorama Camargo llamó a las instituciones nacionales a fortalecer su presencia en las zonas fronterizas entre Colombia con Ecuador y Panamá, especialmente en los municipios de la región del Urabá antioqueño y chocoano, para ejercer el control e impulsar estrategias que tiendan a la prevención y mitigación de las situaciones que afectan a la niñez.
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