a finales de 2022, el mandatario izquierdista solicitó a la Fiscalía que algunos de los jóvenes que participaron en el estallido social de 2021 salieran de prisión para trabajar como "voceros de paz" oficiales
La Fiscalía de Colombia informó este viernes 1 de diciembre que solicitará las recapturas de jóvenes activistas que habían salido de prisión por pedido del presidente Gustavo Petro, pues la justicia consideró inexequible la ley que respaldó esa medida del gobierno.
Recién llegado al poder, a finales de 2022, el mandatario izquierdista solicitó a la Fiscalía que algunos de los jóvenes que participaron en el estallido social de 2021 salieran de prisión para trabajar como «voceros de paz» oficiales.
Una ley llamada «Paz Total» amparó la solicitud, pero la Corte Constitucional consideró el jueves «inexequible» el parágrafo que mencionaba esas excarcelaciones.
«El presidente y la rama ejecutiva del poder público en general, no pueden disponer la liberación de quien ha sido privado de la libertad por orden judicial», determinó el máximo tribunal.
Ante el fallo, el fiscal general Francisco Barbosa anunció que esa entidad solicitará de nuevo las capturas.
«Los fiscales en el marco de su autonomía e independencia en los próximos días solicitarán las órdenes de captura a quienes se designaron voceros de paz (…) y se les otorgaron esas libertades», aseguró en un evento.
«Es inconstitucional» el privilegio que obtuvieron, remarcó.
La Fiscalía no ha especificado cuántos jóvenes recuperaron la libertad por intermediación del gobierno. Cuando participaron de las protestas contra el entonces presidente derechista Iván Duque (2018-2022) pedían mayor acceso a la educación y otros derechos.
Varias de esas manifestaciones terminaron en enfrentamientos violentos contra la policía en las principales ciudades. Algunos de ellos fueron imputados por concierto para delinquir o terrorismo, pero no todos fueron condenados.
Petro consideraba esos arrestos como acciones ilegales. La «Paz Total» fija el marco judicial con el que el presidente izquierdista está negociando acuerdos pacificadores con las guerrillas y las bandas criminales.
La Corte Constitucional estudiaba una demanda de un congresista opositor por su supuesta ilegalidad. Aunque el tribunal dejó en pie la ley, consideró que el Eejecutivo no podía extralimitar sus poderes.
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