El negocio de la marihuana dispara la violencia armada en Cataluña

Antes del amanecer, decenas de agentes armados irrumpen en unas discretas casas del sur de Cataluña. Con el rostro cubierto y protección antibalas, van a desmantelar varias plantaciones de marihuana en esta región española convertida en un importante punto de producción europeo, donde cada vez se ven más armas.

Tras las puertas de estas siete viviendas a las afueras de Constantí, cerca de Tarragona, no tardan en encontrar lo que sospechaban. Entre ventiladores y luces amarillentas, unas 2.000 plantas de marihuana crecían escondidas en varias estancias de estas casas ocupadas ilegalmente.

Situada en el noreste de España y fronteriza con Francia, Cataluña pasó hace unos años de ser una vía de tránsito de droga a convertirse también en productora, principalmente de marihuana. El salto, incentivado por su buena posición geográfica y su clima propicio, entre otras razones, atrajo a cada vez más organizaciones internacionales y, con ellas, a un nuevo ecosistema delictivo.

«El tráfico de marihuana y el cultivo es preocupante, pero sobre todo el aumento de la violencia asociada«, explica Carlos Otamendi, intendente jefe de la división de investigación criminal de los Mossos d’Esquadra, la policía regional catalana.

Esa inquietud llegó a la opinión pública cuando en la noche de San Juan un hombre sacó presuntamente un kalasnikov y mató a dos personas a las afueras de Girona.

La discusión, según los primeros indicios, se habría generado por un tema sin relación con las drogas, pero el supuesto autor de la ráfaga de tiros, todavía fugado, pertenecía a un clan ligado al tráfico de marihuana.

Poco antes, la policía se había incautado de cinco armas de fuego, entre ellas dos de guerra, al desmantelar una organización que, coordinada con otra establecida en Andalucía (sur), introducía hachís por mar en Cataluña, una práctica al alza.

«La violencia entre bandas no se inventa ahora con el narcotráfico, ni con el asentamiento del crimen organizado de la marihuana. Pero esa actuación, el empleo de armamento de guerra, eso sí que es una novedad», indica Gerardo Cavero, fiscal delegado de la Fiscalía especial antidroga de Barcelona.

Marihuana catalana

En sus diferentes formas (hachís, marihuana o derivados) el cannabis es la sustancia ilícita más consumida en Europa, según la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA).

En 2022, España acumuló el 69% de toda la resina incautada en la UE, el 47% de la hierba y el 81% de las plantas, subrayando su «importante papel» tanto como «país de tránsito para el tráfico de cannabis, como área de producción», detalla el último informe de la EUDA.

Una parte de la marihuana se decomisó en las fecundas plantaciones de Cataluña, las segundas más relevantes aquel año a nivel nacional, con más de 36.700 kilos incautados, según el Ministerio del Interior.

En esta región cuya capital es Barcelona cada vez hay más bandas que, «aprovechando una cierta tolerancia social, realizan plantaciones y distribuyen las plantas posteriormente por toda Europa», resalta la Fiscalía en su última memoria.

Y este lucrativo negocio, muy arraigado también en otras zonas como Andalucía, usa las armas para protegerse.

«Es un tipo de violencia a la que no quiero decir que nos estemos acostumbrando, pero sí que se está normalizando», explica la periodista Fàtima Llambrich, autora del libro «Brotes de narcosociedad».

Más narcoasaltos

El año pasado se intervinieron 1.171 armas de fuego en Cataluña, un 28% más que en 2022, incluyendo también las requisadas por motivos administrativos. Los narcoasaltos en plantaciones de marihuana se incrementaron un 78%, mientras que los homicidios relacionados con esta sustancia subieron a cinco, a los que se sumaron otros cuatro ligados al pujante hachís.

Con una tasa de homicidios ligeramente por debajo de la media de la UE, Cataluña es, sin embargo, una sociedad «segura», según las autoridades, muy lejos de los niveles de criminalidad de otros lugares. Solo un 7% de sus ciudadanos consideran aquí la inseguridad su máxima preocupación, de acuerdo con la última encuesta de un organismo regional.

«No estamos (…) en Medellín de los años 1980, ni muchísimo menos», concuerda el fiscal Cavero, en referencia a los peores años del narcoterrorismo que padeció en el pasado Colombia. «Pero también digo que por algo se empieza», alerta.

Ya ha salido el sol en Constantí y mientras los empleados de la compañía eléctrica cortan el suministro fraudulento de las casas registradas, los agentes detienen a cinco personas ante la mirada resignada de los vecinos.

No es la primera vez que les despierta el ruido del helicóptero de la policía. Esta operación, en la que han participado un centenar de agentes, es la tercera aquí en dos años.

«Es una lucha para que esto no se convierta en una narcosociedad«, resalta el inspector Ramón Franquès, jefe de la comisaría de Tarragona, frente a una de las viviendas.