Luis Izquiel: “Hemos transitado una revolución de la muerte”

“En 1998, la mayoría de los votantes de nuestro país eligieron como presidente al teniente coronel Hugo Chávez Frías, entre otras razones porque compraron la promesa de que el nuevo gobierno iba a mejorar la seguridad ciudadana. Estaba muy arraigada la idea de que un militar en el poder acabaría con la criminalidad. Se equivocaron. A partir de 1999, se desató la peor ola criminal de nuestra historia, que convirtió a Venezuela en el país más violento del continente”.

Con ese preámbulo, el libro Revolución de la Muerte, que acaba de publicar la Editorial Dahbar, ofrece a los venezolanos y al mundo democrático que ha mirado con estupor el declive y destrucción del que fue uno de los países más prósperos del continente, una visión meticulosamente documentada de cómo la criminalidad encontró un territorio ideal para desarrollarse y actuar con impunidad, frente a un régimen que barrió con todo vestigio institucional.

Dos décadas funestas

Dos expertos en criminalidad: Luis Izquiel Bermúdez y Fermín Mármol García, son los autores de esta rigurosa investigación, apoyada en datos aportados por importantes organizaciones no gubernamentales, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), investigaciones periodísticas, servicios de investigación criminal de países de América Latina, de Estados Unidos y de Europa. Exponen en su estudio un amplio análisis, que explica cómo Venezuela ha llegado hoy a ser un territorio en el que campea el crimen organizado.

Izquiel, abogado y especialista en Ciencias Penales, a quien consultamos sobre este estudio, nos explica que ambos investigadores consideraron que debían contribuir con una necesidad histórica. “Había que documentar la ola criminal que se desató en Venezuela desde 1999 hasta el presente, y que convirtió la inseguridad ciudadana en el primer problema de los venezolanos. En nuestro estudio, reflejamos la violencia que se ha ejecutado en estos 20 años, con más de 300 mil homicidios, que llevaron al país al primer lugar en índices de asesinatos en el mundo; además de tener seis de nuestras ciudades metidas dentro de las 50 urbes más violentas del planeta. Registramos también quiénes han sido los responsables, encabezados por 16 ministros de Interior y Justicia que han ocupado esa cartera en estos 20 años. Analizamos también los planes fracasados que se han aplicado”.

La destrucción institucional

–Cuando se habla de las causas, uno se imagina un gran número de variables que han conducido a esta situación. ¿Qué es lo más relevante de las causas que nos ponen en primera fila de la criminalidad mundial?

-La primera causa ha sido la destrucción institucional. Eso nos llevó a la impunidad delictiva que hoy padece el país. Esa destrucción institucional pasó por aniquilar el sistema policial en Venezuela, que se ha politizado; fue devaluada la formación y la calidad de los funcionarios, lo que ha llevado a que los venezolanos no sientan confianza hacia estos. En segundo término, se produjo un aniquilamiento del Poder Judicial, el arrodillamiento del Ministerio Público y del Poder Judicial, adhiriéndolos al proyecto de un partido político. Con jueces y fiscales que no son designados, como ordena la Constitución, mediante concursos públicos y abiertos, es decir, por sus méritos, sino por su relación con el partido político en el poder. Al mismo tiempo las cárceles en Venezuela se han convertido en “escuelas y universidades” de delincuentes.

Se destruyó todo el sistema carcelario y se le entregó al “pranato”, que son quienes realmente lo controlan y han formado un microestado dentro del mundo de los penales del país. En la mayoría de los establecimientos carcelarios lo que domina es la figura del “pran”, considerado como “el hombre nuevo de la revolución”. Todo ello se afianza con causas sociales como “caldo de cultivo”, mediante el cual muchos jóvenes deciden adentrarse en el camino delictivo. Problemas como la pobreza, la hiperinflación, el embarazo precoz, la deserción escolar, la infancia abandonada, los hogares desestructurados y la violencia familiar. En el estudio hacemos un esbozo de todos los problemas sociales que, en nuestro criterio, potencian la generación de más delincuencia en Venezuela.

Seguridad y justicia politizadas

-Esta condición a la que hemos llegado, en la que altos funcionarios han tenido un rol claro en su responsabilidad para llegar a estos niveles de delincuencia, ¿es una fórmula intencional o simplemente una visión equivocada del manejo de un Estado?

-Creo que muchas de las causas que generaron más delincuencia fueron intencionales. Por ejemplo, tomar por asalto el Poder Judicial y el Ministerio Público por parte de un partido político que entronizó la impunidad y, por lo tanto, generó mayor delincuencia. Designar a una ministra de Asuntos Penitenciarios en contra de lo que señala la Constitución, que en su artículo 272 establece que las cárceles deben estar descentralizadas, manejadas por los gobernadores. Se decidió colocar una ministra para que el Ejecutivo Nacional tomara el control del sistema carcelario y quitárselo a la descentralización. Esa decisión convirtió a las cárceles en el desastre que son hoy día.

Igualmente, intervenir policías estadales o municipales por razones políticas, como ha ocurrido en los cuatro estados en donde ganaron gobernadores de oposición: Mérida, Nueva Esparta, Anzoátegui y Táchira. Fueron intervenidas por el Ejecutivo nacional al día siguiente de tomar posesión esos gobernadores. Lo mismo ocurrió con muchas alcaldías en las cuales ganaron alcaldes opositores. En resumen, es una mezcla de acciones intencionales, negligentes y mediocres, que llevaron a que el país entrara en esta espiral de violencia criminal.

Un Estado mafioso

-Expertos en el tema de la criminalidad en Venezuela han concluido que en el país hay un Estado mafioso, delincuente, penetrado por el crimen organizado. Después de este estudio que ustedes han hecho, ¿cómo lo calificarían?

-Organismos internacionales han certificado que acá existe, por ejemplo, un “Cartel de los Soles”. Esto es, funcionarios militares facilitando las operaciones de narcotráfico en nuestro país. Eso lo señaló un organismo adscrito a la ONU, como es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), en un informe de este mismo año.

Por otra parte, gobiernos como el de Estados Unidos han ratificado que acá opera ese “Cartel de los soles”. La acusación de EE.UU tiene más cifras concretas y señala que esa organización criminal se encarga de llevar anualmente 250 toneladas de cocaína a territorio estadounidense. Cifras de la ONU sobre incautaciones que se han hecho en Europa indican que más de 50% de esos alijos han salido del país. Eso evidencia la gran importancia que hoy tiene para el narcotráfico internacional nuestro territorio.

También se refleja el tráfico por vía aérea, que se realiza de distintas formas a través de pistas clandestinas en los estados Zulia, Falcón y Apure, con avionetas que salen hacia Centroamérica, principalmente hacia Honduras, y luego siguen camino hacia EE UU. Si analizamos los informes internacionales, podemos concluir que Venezuela se ha convertido en un “Estado mafioso”, por la participación de muchos funcionarios en actividades del crimen organizado.

La economía del crimen

-Mármol García ha referido en sus intervenciones que en Venezuela opera una economía del crimen. ¿Qué significa esa calificación en las actuales circunstancias?

-Hay distintas economías criminales desarrollándose en el país. Los grupos de delincuencia organizada están ligados a la economía criminal y son diversos. Por ejemplo, lo que es la extracción ilegal del oro, en la que están vinculados los sindicatos mineros, que son megabandas que se autodenominan sindicatos. Muchas veces están amparados por funcionarios públicos. Allí también hay guerrilla colombiana, como el ELN y las FARC disidentes.

Otro aspecto ha sido el contrabando de gasolina y otros productos, que ha mermado por la falta de producción en Venezuela. Pero que durante mucho tiempo existió y allí estaban involucrados las denominadas “Bacrim” (agrupaciones colombianas de crimen y narcotráfico) entre las que destacan Los Urabeños o Los Rastrojos. Esos grupos dominan las trochas y los pasos informales entre Colombia y Venezuela.

Riesgosa vecindad

-Por allí se registra un contrabando importante de gasolina, tráfico de personas, narcotráfico. Todo eso es parte de la economía criminal. Recordemos que Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo y esta droga necesita buscar salida hacia mercados como EE UU y Europa. En esas operaciones están involucradas las guerrillas colombianas (FARC y ELN), que son las que la traen a Venezuela.

En resumen: identificamos ocho bloques de delincuencia organizada en las que están las megabandas criminales; los colectivos armados y violentos del gobierno autoritario, que son grupos parapoliciales (del chavismo) para hacer el trabajo sucio del contra la población civil; las bacrim; el pranato carcelario; la guerrilla colombiana; la guerrilla nacional (con actividad principalmente en Barinas y Apure); “Los Boliches” que son el Ejército Popular de Liberación (EPL); los sindicatos mineros; los carteles del narcotráfico, y los de la corrupción. Esta última ha hecho de Venezuela el país más corrupto.

Megabandas y pranato

-¿Existe algún tipo de vinculación de las megabandas con otras organizaciones criminales?

-Las megabandas son organizaciones sin ideología política, con fines netamente económicos. Calculamos que existen entre 25 y 30 megabandas, integradas cada una por más de 50 individuos. Algunas pueden llegar a tener cientos de miembros. Dominan un territorio determinado, crean un microestado, poseen armamento de guerra como fusiles, ametralladoras, granadas, etc., como se observó en Petare con el ataque a la banda de Wileisys Acevedo Monasterios, alias “Wilexis”, y Christian Tovar Uribe “el Gusano”. Tienen una estructura jerárquica, en la que el líder regularmente le da el nombre. La megabanda más grande y de mayor peligro es el denominado “Tren de Aragua”, cuyo líder está dentro de la cárcel de Tocorón, en una alianza con el pranato carcelario. Actúan en una variedad de crímenes, como narcotráfico, extorsión, secuestro, robo de vehículos y camiones de carga.

-Estos grupos de delincuencia organizada se han hecho cada vez más fuertes. ¿Puede hablarse de un Estado que facilita ese funcionamiento?

-Ciertamente, lo hay. Cuando hablamos de estos 8 bloques de delincuencia organizada señalamos que solo en Estados débiles, con una institucionalidad devastada, aniquilada, como la que existe hoy en Venezuela, crece la delincuencia organizada. Estados sin un poder judicial fuerte, sin un sistema policial que brinde confianza, sin un sistema carcelario idóneo y con inmensos problemas sociales y políticos, son tierras fértiles para la delincuencia organizada. Eso es lo que ha ocurrido en Venezuela a partir de 1999. Se creó un gran territorio donde era muy fácil que creciera el crimen organizado. Y eso es lo que nos ha llevado a esta terrible inseguridad.

¿”Zonas de paz” o zonas del hampa?

-Se atribuye a los cuerpos del Estado un gran porcentaje de las cifras de homicidio, muchas veces justificadas como “muertes en enfrentamientos”.

-La política de aniquilamiento que se ha conocido como “ejecuciones extrajudiciales” la ha habido en los últimos años. Sobre todo, desde la creación de la “Operación Liberación del Pueblo» (OLP) y la activación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Se trata de una política fracasada, que ha dejado una inmensa ola de violaciones de los derechos humanos y que no se ha traducido en una disminución de los índices de inseguridad. En nuestro estudio, señalamos que esa no es la vía para Venezuela.

Tampoco lo es el otro plan conexo, las llamadas Zonas de Paz decretadas por el régimen de Nicolás Maduro en 2013. Mediante esta iniciativa se les entregó a las megabandas territorios sin policías o presencia de los cuerpos de seguridad, con el “cuento” de que se iban a desarmar. No solamente no lo hicieron, sino que, por el contrario, se fortalecieron. El poder de estas bandas es tan grande que han llegado a prohibir que funcionarios policiales vivan en los sectores que dominan. Se ha llegado a presentar casos, como en comunidades del estado Aragua, en que las familias de policías han tenido que abandonar sus viviendas.

La peligrosa adaptación

-Recientemente, en el caso de Petare, durante los operativos contra la banda de “Wilexis”, fue asesinado un joven deportista, a quien, según testigos y familiares, lo ejecutaron los cuerpos de seguridad frente a sus padres. Pareciera que la población se ha acostumbrado a este tipo de crímenes, ya que no hubo reacciones ni protestas en la ciudad, más allá del grupo de vecinos y de algunas expresiones de rechazo en las redes sociales. Eso contrasta con lo ocurrido en EE.UU ante la muerte de un hombre de raza negra (George Floyd) a manos de un policía. ¿Nos hemos acostumbrado a las ejecuciones extrajudiciales?

-Creo que, lamentablemente, nos hemos ido acostumbrando a escuchar y a presenciar estos crímenes en el país, y ya son muy pocos los episodios que impactan a la población. Muchos de los sucesos que ocurren en Venezuela, serían un gran escándalo en cualquier otro país. En estos días hubo una noticia sobre dos funcionarios de la GNB a los que agarraron con 352 kilos de marihuana. Según la reseña periodística, junto al alijo estaban los uniformes de gala de los efectivos militares. Eso sería un gran escándalo en cualquier nación y movería los cimientos de esa institución castrense. Pero aquí pasa completamente desapercibido, al igual que los asesinatos atroces. Hay una adaptación de la población que es muy peligrosa.

El doble discurso

-Pero Nicolás Maduro se alarmó con lo ocurrido en EE UU.

-Los que hoy están en el poder en Venezuela tienen un doble discurso en este sentido. Rechazan una acción deplorable como el asesinato de George Floyd, en EE UU, pero se tapan los ojos y soslayan el hecho de que en nuestro país ocurren miles de ejecuciones extrajudiciales cada año a manos de los cuerpos de seguridad. Eso fue certificado por Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Está comprobado por varias ONG, como Cofavic, que la mayoría de las víctimas son jóvenes, varones y habitantes de los sectores más empobrecidos del país. Es decir, que no solo hay una política de aniquilamiento, sino que además las principales víctimas son las personas más empobrecidas y débiles de nuestra sociedad.