Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista, anunció una nueva investigación contra el jefe de la Asamblea Nacional que podría acarrear una condena de 20 a 30 años según el Código Penal. El parlamentario desestimó esta “parodia del fiscal” y aseguró que el Esequibo “es de Venezuela”.
El gobierno de Nicolás Maduro elevó el cerco judicial contra Juan Guaidó este 6 de septiembre con una nueva investigación de la Fiscalía contra el líder opositor, acusado de «traición a la patria» por presuntamente negociar la renuncia a un histórico diferendo territorial entre Venezuela y Guyana.
«Iniciamos una investigación» a Guaidó por estar inmerso «en una negociación ilegal a espaldas del país que pretende desistir (…) del histórico reclamo que tiene nuestro país sobre el territorio Esequibo», señaló en una alocución televisada el fiscal general, Tarek William Saab, de línea oficialista.
Estos hechos implicarían «el delito de traición a la patria», apuntó Saab, cargo que puede acarrear de 20 a 30 años de cárcel según el Código Penal.
La Fiscalía ya mantiene varias causas contra Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional reconocido como gobernante interino por medio centenar de países, enzarzado en un pulso por el poder con el presidente Nicolás Maduro desde enero.
Lo investiga por presunto financiamiento ilícito, por sabotaje del sistema eléctrico en un apagón masivo, por violar su prohibición de salida del país y por usurpar el cargo presidencial.
Por este último cargo, la oficialista Constituyente, que en la práctica suplantó al Parlamento de mayoría opositora, lo despojó en abril de su inmunidad parlamentaria y autorizó enjuiciarlo.
Pero Guaidó no ha sido detenido, mientras que Estados Unidos, su principal valedor internacional, advierte que su arresto sería el «último error de la dictadura».
Guaidó desestimó la nueva causa, a la que consideró una «parodia del fiscal», en un acto público en Puerto La Cruz, Anzoátegui, en el marco de sus recorridos por el país en su empeño por desplazar a Maduro.
«Tratan de distraer la atención de lo central: Hoy los traidores a la patria son los que permiten que los disidentes de la FARC, grupos narcoterroristas (…) actúen libremente en Venezuela», dijo Guaidó, haciéndose eco de las acusaciones de Bogotá de que el chavismo alberga a guerrilleros que decidieron rearmarse.
«El Esequibo es nuestro, es de Venezuela», zanjó Guaidó, asegurando que el Parlamento ha votado varios acuerdos para «defender lo que es nuestro».
Maduro, que cuenta con respaldo de los militares, había solicitado el jueves a la Fiscalía abrir la nueva investigación.
El gobernante socialista culpó a Guaidó de estar «negociando para entregar el Esequibo a cambio del apoyo político a su fantasmagórico y pretendido gobierno farsante».
Pese a la reivindicación de Guaidó de la soberanía de Venezuela sobre ese territorio, Maduro amenazó este viernes con mantener congelado el diálogo entre su gobierno con la oposición, con mediación de Noruega, si el líder legislativo no «rectifica».
«Hasta que no rectifique el diputado Guaidó su pretensión de entregar el Esequibo claramente, seguimos levantados de esa mesa de diálogo (…). O rectifican o nos nos ven la cara más», advirtió refiriéndose a las negociaciones, paralizadas desde el 7 de agosto.
La acusación se basa en un audio en el que una persona identificada por el chavismo como colaboradora del gobierno estadounidense, con doble nacionalidad venezolana-norteamericana, pide a un «asesor externo» de Guaidó cambiar la posición de Venezuela para entregar el Esequibo a transnacionales.
Las dos personas involucradas en esa llamada, Vanessa Neumann y Manuel Avendaño, son investigados, dijo el fiscal.
«Son unos vendepatrias, unos apátridas», subrayó Saab.
La polémica gira en torno al Esequibo, un territorio rico en minerales con una zona marítima con recursos petroleros, cuya soberanía es un reclamo histórico de Venezuela -que cuenta con la mayor reserva petrolera del mundo- a Guyana.
Caracas cuestiona un laudo arbitral en París a finales del siglo XIX que concedió el área a la entonces colonia británica, reivindicando un acuerdo de 1966 que proponía una solución negociada. El conflicto volvió a caldearse en 2015, con un hallazgo petrólero en aguas en disputa.
En abril pasado, el gobierno venezolano se negó a comparecer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ante la cual Guyana presentó una demanda, alegando que dicha instancia carecía de «jurisdicción en el caso».
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