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Maduro puede ser juzgado como Pinochet, advierte Luisa Ortega Díaz

Luisa Ortega Díaz, la fiscal chavista destituida por el gobierno venezolano en 2017 cuando denunció las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, afirmó a El Estímulo desde el exilio que inició gestiones con funcionarios de otros países para llevar a Nicolás Maduro y sus cercanos colaboradores a la justicia universal, como ocurrió con el ex dictador chileno Augusto Pinochet, ante la omisión de la Corte Penal Internacional.

Maduro puede ser juzgado como Pinochet, advierte Luisa Ortega Díaz

La Fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, celebró el informe de Naciones Unidas que se hace eco de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela y que señala la responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad.

“Este informe de la Misión independiente de las Naciones Unidas representa un logro para los venezolanos que anhelan justicia y que quieren un cambio en el país”, dijo.

“Es un mérito colectivo de varias organizaciones y movimientos y grupos de derechos humanos”, analiza Ortega Díaz sobre la serie de casos documentados en el informe de más de 400 páginas.

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La funcionaria afirmó que a partir de este informe tiene planteado contactar a las autoridades de otros países con los que ya ha trabajado, “para que se inicie una investigación, para que sean juzgados Maduro y los demás, para que sean procesados por la jurisdicción universal, frente a la omisión de la Corte Penal Internacional, que a estas alturas ya debería haberse pronunciado”.

En la Corte todas las denuncias que se han hecho de otros casos, en otros países, son de hechos que ya han pasado, “la particularidad del tema de Venezuela es que continúan las violaciones a los derechos humanos. Lo que yo denuncié en 2017 ahorita está igualito, exacerbado”, agrega.

Hay un detalle: coincide en que se trata de “una política del Estado venezolano, que tiene como política la persecución de los derechos humanos del ciudadano, una violación sistemática de sus derechos, esto es terrorismo de Estado”, aseguró Ortega Díaz en entrevista con El Estímulo, vía telefónica.

Sobre las ejecuciones extrajudiciales, señaló, se han mostrado casos famosos, conocidos a través de los medios de comunicación, como los de Oscar Pérez en «La masacre del Junquito» y contra el estudiante universitario Juan Pernalete, asesinado con una bomba lacrimógena disparada al pecho.

Según las denuncias de la Fiscalía (Ministerio Público) en los tiempos finales de Ortega Díaz, buena parte de los casi 150 opositores asesinados por fuerzas del estado durante la represión a las manifestaciones masivas en 2017 fueron cometidos por bandas de civiles armados, los llamados colectivos, afiliados al Partido Socialista de Maduro y Diosdado Cabello.

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La mayoría de los asesinados fueron jóvenes estudiantes universitarios, abatidos con disparos de bala a la cabeza y en el torso.

“Pero denuncié más de ocho mil ejecuciones entre 2016 y 2017, que son de anónimos, hijos de barrios, de gente pobre, pero no son famosos, pero que son tan importantes como aquel que trascendió a los medios de comunicación”, dijo.

Entre los casos denunciados están crímenes en el marco de las violaciones de derechos humanos a ciudadanos comunes. Esto incluye los operativos, redadas y masacres cometidas por organismos policiales como la Faes (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional).

«Esos casos de gente anónima que nadie los conoce, que han sido ejecutados a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, hay que reivindicarlos y darles la misma importancia”, dijo al recordar que además de los cuerpos policiales buena parte de los crímenes son cometidos por bandas de civiles armados chavistas, los llamados “colectivos”, que “se han adueñado de los barrios del país y operan sin control”.

“El ciudadano no tiene a donde ir a denunciar esos casos y de victima pasan a ser sospechosos”.

“Durante las protestas políticas, los colectivos estuvieron en algunos casos involucrados en el control de multitudes o en violaciones en coordinación con las fuerzas armadas del Estado y/o por instrucción de los dirigentes políticos del Estado. En varios casos investigados por la Misión, los colectivos fueron identificados como responsables de asesinatos de manifestantes”, recoge el informe de la ONU.

“Este informe lo ubico como un hecho histórico. Que una misión de las Naciones Unidas determine la veracidad de los hechos que yo denuncié en la Corte Penal Internacional donde se demuestra la participación directa e indirecta de algunos funcionarios, entre ellos señalan a Nicolás Maduro con nombre y apellido, valientemente… este fue uno de los funcionarios que yo denuncié en mi primer escrito ante la Corte Penal Internacional”, recuerda.

El informe, uno de los más duros emitidos por un organismo de Naciones Unidas contra el gobierno de cualquier país del sistema internacional, documenta casos ocurridos desde 2014, y pide investigar a los responsables: el alto gobierno venezolano, incluyendo a Nicolás Maduro.

“Es un contundente emplazamiento que le hace las Naciones Unidas el principal organismo de todas los Estados del mundo a los organismos internacionales, para que dirijan su atención hacia Venezuela, para que actúen los que tengan la competencia de hacerlo frente a las graves violaciones de los Derechos Humanos que vienen ocurriendo en Venezuela”, agrega.

A diferencia de otros casos documentados en la historia, aquí la particularidad es que en Venezuela continúan todavía ocurriendo las violaciones de los derechos humanos, algo ya denunciado desde 2017 por la propia Ortega Díaz ante la Corte Penal Internacional.

Admite que este informe no es vinculante, no obliga para nada ni a la Corte Penal ni a ningún organismo multilateral ni Estado a adoptar medidas, “pero es un importante instrumento a valorarse para iniciar un proceso, quien quiera hacerlo”.

Dice que ha sostenido reuniones permanentes con equipos de especialistas que llevan el caso de Venezuela, inclusive en la oficina de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, “siempre aportando elementos”.

“Pero este informe y las conclusiones a las que llega me planteo contactar autoridades de otros países con los que ha hemos trabajado para que en el marco de la jurisdicción internacional se inicie una investigación para que sean juzgados Maduro y todos aquellos responsables de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela”, añade en su análisis.

 

Recordó que por ejemplo el ex dictador de Chile Augusto Pinochet fue juzgado por la jurisdicción universal.

Por esas paradojas de la historia el juez español Baltazar Garzón es hoy el principal abogado defensor de Maduro en la preparación de los casos internacionales, según fuentes periodísticas.

Ortega Díaz reprocha que ha sido dilatado el examen preliminar de la Corte al caso Venezuela. “A estas alturas ya debería haberse pronunciado sin embargo no lo han hecho. Creo que sería prudente que cualquier país que pudiera estar interesado en este asunto iniciara una investigación por estos temas”, aunque ya tiene importantes elementos de convicción en sus manos, insistió.

Sin dar más precisiones acerca de los países a los que recurrirá, recordó que España, Argentina y Chile, por ejemplo, tienen experiencia en acciones que involucran la llamada jurisdicción universal.

Desde Colombia inclusive un grupo de congresistas también inició un proceso de denuncia contra el régimen de Maduro ante la Corte Penal Internacional.

Pero ese organismo tiene una particularidad: no acumula los casos.

“Cada denuncia que se hace es un caso distinto”, dice al recordar que cinco presidentes americanos también acudieron a la Corte a presentar una denuncia y apoyaban las pruebas que había consignado Ortega Díaz.

Sobre si este tipo de denuncias no eleva los costos de salida de Maduro y dificulta la negociación de una hipotética transición, señalo que esta larga lista de atrocidades de Maduro pudieran obligarlo a llegar a un entendimiento.

“Nunca me cierro a las negociaciones, porque si Maduro decide dejar el poder tenemos que sentarnos con el. En todas las guerras del mundo la gente se sienta a negociar…no nos debe causar prurito sentarse a negociar. Eso no debe ser motivo de horror. Tienes que sentarte a ver las condiciones porque no puede ser por ósmosis o telepatía…Ojalá Maduro acceda a una negociación para su salida”, dijo al recordar otros casos en el mundo donde hubo cambios negociados de regímenes políticos.

El informe de la ONU recuerda que Maduro y el capitán Diosdado Cabello (el segundo hombre del chavismo) “dan órdenes directamente a la Fiscalía General sobre qué casos perseguir”, y el poder judicial “se arrodilla” ante el ejecutivo, que “dirige absolutamente todo”.

Desde 2017, el Ministerio Público ha visto su independencia progresivamente limitada por las decisiones del Tribunal Supremo. En julio de se año, el Tribunal Supremo dictó una decisión que permite a las y los jueces ordenar al Ministerio Público que continúe las investigaciones, incluso si los fiscales no consideran que hay suficiente fundamento para hacerlo, lo que podría interferir con la independencia fiscal.

Tras pronunciarse en contra del Gobierno de Maduro, el 20 de junio de 2017 se levantó la inmunidad de la ex Fiscal General Luisa Ortega Díaz, presuntamente por no haber cumplido sus funciones al no investigar las muertes resultantes de “actos violentos generados por los partidos políticos de la oposición».

Posteriormente fue destituida del cargo en uno de los primeros actos de la Asamblea Nacional Constituyente.

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