En Venezuela ya llegamos a las comunas y compartimos con Cuba los últimos niveles en el ranking mundial en nivel de vida. Lo que no sabemos es hasta dónde llegarán estas organizaciones comunitarias de la revolución, como la cubana, a controlar la vida ciudadana, en donde cada paso, cada acción, estará signada por alguna “certificación” de la comuna.
Ha dejado al país en 87% de pobreza; cada semana ofrece millones de vacunas que nunca aparecen; ofrece apertura económica, diálogo y elecciones libres que nunca se concretan; pero la implantación del Estado comunal es un hecho. Como le ordenó Hugo Chávez poco antes de su muerte: “Te encomiendo esto como te encomendaría mi vida”.
El 20 de octubre de 2019, Nicolás Maduro recordó, a través de su cuenta en Twitter, como 7 años antes, Hugo Chávez le encomendó “una tarea histórica en aquel memorable golpe de timón”: “Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría mi vida: las comunas’’.
Maduro dijo haber asumido esta misión “como el único camino para la construcción del Socialismo Bolivariano”, haciéndose eco de la consigna implantada por su padre político «¡Comuna o Nada!»
La anécdota aludida por Nicolás Maduro se produjo el 20 de octubre de 2012. Apenas habían pasado unos días de concretarse la reelección de Hugo Chávez como presidente, en la cual el gobierno había invertido todos los recursos financieros y políticos a su alcance para asegurar lo que sería el inconcluso último período del convaleciente jefe de la revolución.
Faltaban poco más de 4 meses para su inevitable muerte y mes y medio de su dramática despedida aquel 8 de diciembre antes de su partida a Cuba, en donde lo dejaría como heredero.
Por eso, ese mismo día, Hugo Chávez en Consejo de Ministros mandó a profundizar la revolución y puso como prioridad dos tareas. La primera de ellas fue completar el control de los medios de información con un plan que fue denominado “Sistema Nacional de Medios Públicos” y la otra fue la de fortalecer el “poder comunal”.
La orden tenía el propósito de culminar el proyecto de control social y terminar de implantar el modelo cubano en Venezuela. La misma sería cumplida por su sucesor Nicolás Maduro.
La vieja aspiración de sembrar las comunas, que son las bases para una sociedad comunista, viene desde 2007 cuando la propuesta fue incorporada en el proyecto de enmienda constitucional con el cual se aspiraba a establecer el “Estado Comunal”.
La reforma de 69 leyes de la Constitución de 1999 apuntaba a crear el Estado socialista, pero la propuesta fue rechazada por el electorado venezolano. A pesar del rechazo que sufrió el proyecto comunal, en 2009 la Asamblea, con absoluta mayoría oficialista, aprobó la Ley de Consejos Comunales y en 2010 la Ley de Comunas.
Otras dos nuevas leyes de reciente aprobación (Ley de Ciudades Comunales y Parlamento Comunal) vienen a completar la vieja aspiración que contraviene a la Constitución, sin que se produzca la obligatoria consulta a través del voto universal.
En marzo de 2021, la Asamblea Nacional publicó el “Proyecto de Ley de las Ciudades Comunales”, mediante la cual se pretende establecerlas como una nueva “entidad política” en la organización territorial de la República como: “instancia territorial y política del sistema de agregación comunal, donde los ciudadanos y ciudadanas fomentan los valores necesarios para la construcción del socialismo”(art. 1).
Esta ley fue aprobada por la Asamblea Nacional oficialista el 11 de marzo de 2021; Igualmente la Ley del Parlamento Comunal fue aprobada “por unanimidad” el 13 de abril de 2021 por esta Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2020.
Según los expertos en materia constitucional, estas leyes crean un Estado paralelo sin representación a través del voto universal.
La aspiración que siempre tuvo Chávez de implantar el sistema del poder comunal, tuvo sus bases en el modelo cubano, en donde, en la propaganda, se afirmaba que los organizamos regionales cuentan con personalidad jurídica y los municipios gozan de autonomía. Pero la realidad es que sus delegados y sus acciones tienen estrecha dependencia de las autoridades centrales y las políticas que emanan del Partido Comunista Cubano.
En cada localidad existe además un Comité del Partido Comunista de Cuba que, como fuerza dirigente de la sociedad y el Estado cubano, ejerce una función de fiscalización y control de las políticas trazadas en los aspectos sociales y económicos. Los primeros secretarios provinciales y municipales comparten junto a los principales dirigentes locales del Poder Popular las políticas a imponer.
Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) son de las organizaciones comunitarias más importantes de la estructura de poder en Cuba. Se fundaron desde comienzos de la revolución con el objetivo de desempeñar tareas de vigilancia colectiva frente a las amenazas contra el sistema político naciente. También participan en tareas de salud, higiene y organización de las comunidades en actividades públicas promovidas por el gobierno central.
Con una estructura centralizada, cada cuadra en Cuba tiene un CDR y los presidentes de cada cuadra conforman el CDR del barrio, el de la provincia y el nacional. En la instancia nacional los órganos y organismos de dirección son: el Congreso, la Dirección y el Secretariado Ejecutivo. Los CDR se han convertido en una fuerza organizada en favor de la defensa del socialismo.
Aún sin tener leyes respaldadas constitucionalmente en Venezuela, el llamado “poder comunal” ya viene funcionando de manera desorganizada, especialmente en los sectores populares y algunos de clase media.
Sus representantes suelen ser miembros del PSUV y las tareas que ejercen fundamentalmente son de vigilancia y supervisión de los programas que lleva el gobierno central en sus comunidades. Ya en el país han aparecido sedes que se denominan “Parlamento Comunal” en donde sus representantes no han sido electos por el voto universal y suelen estar vinculados al partido oficialista.
Al igual que ocurre en Cuba, las tareas que ocupan a estos grupos comunitarios o “comunas” tienen su origen en el deterioro económico que se le atribuye “al imperialismo”. Nacen de la escasez de productos y deterioro de servicios; producto de la crisis económica promovida desde el mismo gobierno. Tienen el poder de decidir quiénes de la comunidad aplican para recibir algún beneficio de los subsidios que ofrece el gobierno central.
Entre las tareas más extendidas está el racionamiento de bolsas de alimentos llamadas (CLAP), siglas que identifican a este grupo comunitario denominado Comité Local de Abastecimiento y Producción. Son de todos conocidas las denuncias por negocios y corrupción derivados de la distribución de estas bolsas de alimentos subsidiados que van desde la cúpula internacional representada por el magnate colombiano Alex Saab, hasta el final de la cadena de distribución representada por los activistas de estos comités.
El que recibe esta bolsa a un precio asequible debe pasar primero por el control de listas que los CLAP manejan de los miembros de la comunidad. Les exigen estar inscritos en el llamado “Carnet de la Patria”, instrumento electrónico de control social que certifica al ciudadano para poder ser beneficiado.
En tiempos recientes las comunas se han encargado de llevar el control de las colas junto a la Guardia Nacional para surtir gasolina subsidiada. También, debido a la escasez de agua, en algunos barrios y urbanizaciones de la clase media manejan las relaciones con las empresas públicas de distribución de agua y cisternas de emergencia, lo cual les da el privilegio de decidir a quiénes y cómo se distribuye el agua en su sector.
La comuna también lleva control del registro electoral de sus afiliados en las comunidades, con lo cual tienen la tarea de movilizar a quienes consideran sus seguidores para exigir su participación en procesos comiciales. Igualmente se están ocupando de asuntos de seguridad, supervisión de locales comerciales durante las restricciones por cuarentena de covid-19 o control de precios. Estos nuevos grupos y el llamado “Parlamento Comunal” cuentan ahora con sedes y estructuras de las que han sido invadidas o confiscadas a sus legítimos dueños.
Recientemente se han incorporado nuevos grupos organizados, como los llamados CUPAZ (Cuadrillas de Paz con Maduro) uniformados de negro a la usanza de policías políticas, quienes han cerrado calles en algunas zonas de Caracas. La tarea fundamental de estas organizaciones es la vigilancia sobre las comunidades.
El jefe del chavismo, Nicolás Maduro, informó el 13 de noviembre de 2019 que fueron activadas lo que llamó las “Cuadrillas de paz” en todo el territorio nacional. Seguidamente advirtió que “candelita que se prenda, candelita que se apaga”, repitiendo la expresión utilizada por su mentor político Hugo Chávez cuando advertía a quienes pretendieran protestar que allí estaban estos grupos civiles armados para hacer desistir de cualquier intento de protesta.
Estas organizaciones del llamado “poder popular” definen claramente su carácter político y su rol al servicio al poder central.
Estas nuevas organizaciones se complementan con otras que llevan varios años de existencia como son los “colectivos”, así llamadas las bandas de civiles armados que suelen ser la primera línea de la represión contra los disidentes.
Comunidades del centro y oeste de Caracas ha formulado reiteradas denuncias sin respuesta por la gran cantidad de invasiones que ocurren en las urbanizaciones populares.
Luchadores sociales de diferentes parroquias de Caracas junto a propietarios de inmuebles invadidos, protestaron a comienzos de mayo en las puertas del Ministerio Público, exigiéndole al organismo respuestas por la impunidad existente en los casos de invasión a la propiedad privada donde las víctimas denuncian este delito y los delincuentes nunca son imputados.
Denunciaron que detrás de las tomas ilegales están los llamados colectivos armados y hasta efectivos policiales como el FAES (la tenebrosa Fuerza de Acciones Especiales, acusada de más de 5.000 asesinatos extrajudiciales). Estas organizaciones chavistas ejecutan estos crímenes amparados en su militancia en el PSUV o por una “chapa” (insignia) que los hace sentirse por encima de la ley. Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, afirmó que van 45 invasiones ejecutadas por estos grupos en Caracas en lo que va de 2021.
El patriota cooperante es una figura comunitaria en Venezuela que se utiliza desde que se creó la policía política: Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en 2010. Se trata de informantes anónimos que se vienen utilizando para acusar a disidentes políticos en casos judiciales.
No hay precisión de quienes actúan como cooperantes, o si están en alguna nómina gubernamental, o bien reciben beneficios a cambio de los datos aportados desde las comunidades.
Los «patriotas cooperantes» fueron usados con más intensidad contra los estudiantes que protagonizaron las protestas en Venezuela de 2014 y 2017 y contra activistas opositores del gobierno. Un caso emblemático fue el de Rodolfo Pedro González, piloto de la aviación civil, preso desde abril de 2014, conocido como “El Aviador”, quien según las autoridades se suicidó en marzo de 2015. Su detención al igual que la de su esposa fue producto de información suministrada por un “patriota cooperante” desde el anónimo.
De manera que el poder popular, que ahora se concentra en organizaciones como las llamadas Ciudades Comunales y Parlamento Comunal son organizaciones civiles de carácter político, cuyos integrantes están muy vinculados al partido de gobierno y a las políticas gubernamentales. No son electas en el sistema formal electoral y cumplen funciones y órdenes que emanan del gobierno central y del partido oficial.
Como lo explica el jurista Allan Brewer Carías, en la Ley de Ciudades Comunales hay ausencia de democracia representativa y de autonomía política.
En el “Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia” que regula la Constitución, sólo puede haber instancias político-territoriales que sean gobernadas por representantes electos mediante sufragio universal, directo y secreto, a través de las cuales se debe concretar la participación ciudadana (arts. 6, 63). En ese marco no puede crearse una entidad política que sea gobernada por “voceros” que no son electos mediante sufragio universal y directo.
Resalta Brewer Carías que para el “gobierno” de la ciudad comunal se crea una amplísima estructura burocrática que se enumera en su artículo 14 y se regula detalladamente en los artículos 15 al 41 en los que se crean diversos organismos como “Parlamento de la Ciudad Comunal; Consejo Ejecutivo de Gobierno; Consejo de Planificación; de Economía; Contraloría; Educación y otros.
En un análisis que el experto hace sobre esta Ley, señala que ninguno de estos órganos está conducido por representantes electos mediante sufragio universal, directo y secreto contrariando lo que exige la Constitución respecto de todos quienes en representación del pueblo van a ejercer funciones de gobierno en entidades políticas (arts. 5, 6, 62, 63).
Esas instancias comunales están controladas por “voceros y voceras” que entre otras condiciones “no pueden desempeñar cargos públicos de elección popular”.
“El Proyecto de Ley en esta forma se enmarca en toda la estructura antidemocrática del Estado del Poder Popular, que en este caso de las ciudades comunales busca eliminar al Municipio como entidad política descentralizada, regida por gobernantes electos mediante sufragio universal directo y secreto».
En su lugar, imponen nuevas entidades «controladas por el Poder central, gobernadas por personas que no son electas mediante sufragio sino designadas por Asambleas de ciudadanos».
Estas Asamblea están bajo control del propio Poder Ejecutivo Nacional, como es el caso de los Consejos Comunales, y de los órganos de las Comunas, explica.
Señala Allan Brewer que en la reforma rechazada por el pueblo en el referendo de 2007, a esas ciudades comunales se las calificaba como “células sociales del territorio”. Se las concebía como “la unidad política primaria de la organización territorial nacional” precisamente en sustitución del Municipio.
Por ello, en la rechazada reforma constitucional, como ahora en este Proyecto de Ley, se buscaba establecer en forma expresa que los integrantes de los diversos órganos del Poder Popular no nacieran “del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población.”
Uno de los más emblemáticos momentos de la ola de migrantes en Cuba fue en 1980, cuando tras la entrada en la embajada de Perú en La Habana de varios miles de cubanos que buscaban asilo político, Fidel Castro levantó las restricciones y permitió a los cubanos descontentos abandonar la isla. Para ello se abrió el puerto de Mariel para que los cubanos que estaban fuera de la isla regresaran y recogieran familiares. A unos 125.000 cubanos se les permitió salir a través del puerto para exiliarse en Estados Unidos.
Uno de ellos fue el destacado escritor residenciado desde entonces en Estados Unidos, Roberto Madrigal, autor de un reciente libro: “Diletante Sin Causa”.
En una entrevista publicada en el portal cubano “14 y medio” que le hace el periodista venezolano, Isaac Nahón Serfaty, cuenta una anécdota que dibuja hasta dónde puede llegar el rol de estos comités locales en un país comunista. Recuerda el escritor que en ese tiempo ser homosexual era malo en Cuba, y por ello a los homosexuales les permitían emigrar. Así que la gente se apuntaba como homosexual, sin serlo, para poder salir, pero ello implicaba una certificación.
Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que funcionan cuadra por cuadra, daban la carta certificando si la persona era homosexual o no, “una locura tremenda”, apunta el escritor cubano.
Madrigal explicaba que una de las fórmulas del control total es la miseria.
“Estás todo el día ocupado pensando qué vas a comer mañana. Te pasas la vida en una cola, de un mercado al otro, no tienes tiempo de pensar qué vas a hacer contra el gobierno. Tu vida es, como control social, tratar de sobrevivir. Y se crea la mentalidad del sobreviviente, que es lo que perdura en Cuba, que son gente que vive para el próximo minuto. Esa es una mentalidad que se ha enraizado en muchos cubanos”.
En Venezuela ya llegamos a las comunas y compartimos con Cuba los últimos niveles en el ranking mundial en nivel de vida. Lo que no sabemos es hasta dónde llegarán estas organizaciones comunitarias de la revolución, como la cubana, a controlar la vida ciudadana, en donde cada paso, cada acción, estará signada por alguna “certificación” de la comuna.
Venezuela celebrará este 20 de mayo elecciones presidenciales. Unos comicios que no solamente han sido cuestionados por el grueso de la oposición, sino por la comunidad internacional, la cual ha advertido ya que no reconocerá sus resultados. No solo el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Gobierno ejecutivo son responsables de la desconfianza en el sistema electoral venezolano. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene una cuota importante en esta percepción generalizada, porque a lo largo de los años ha permitido que el chavismo modifique el sistema electoral a su antojo y en beneficio propio.
Ningún intento gubernamental por sustituir los canales de distribución y comercialización del mercado ha servido para garantizar una creciente y amplia cobertura en la distribución de alimentos. La intervención gubernamental degeneró en intentos fallidos de control y racionamiento que no han resuelto el problema.
La Administración de Nicolás Maduro ha puesto todas sus apuestas en las comunas y la Milicia Nacional Bolivariana para "reactivar" la producción del país. Este jueves, el mandatario aprobó un total de 16 mil 557 millones de bolívares para lo que ha llamado "Plan Ofensiva Comunal Productiva 2019"
