Desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, agresiones a niños y mujeres, muertes selectivas y robos a las víctimas, entre otras cosas, reporta el nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
La tortura en Venezuela continúa. Así lo cree la Alta Comisionada de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, que ayer, 1 de junio, aseguró en un nuevo informe que continúa recibiendo «denuncias creíbles» contra tortura, penas crueles, inhumanos o degradantes. Y las detalló: golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación.
En el nuevo informe sobre los Derechos Humanos en Venezuela, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos confirmó que los patrones previamente identificados de desapariciones forzadas y detenciones en incomunicación persistieron.
Bachelet detalló que en nueve casos documentados por el ACNUDH, las personas fueron sometidas a desapariciones forzadas. Durante ese tiempo las mantuvieron incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares. En el análisis que hace la ONG Provea sobre el informe, se destaca que «estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos».
Agrega el informe de la ONU, las restricciones a las libertades fundamentales cívicas y democráticas, los obstáculos a la labor de los medios de comunicación y de las organizaciones de la sociedad civil, y procesos penales contra alguno de sus miembros solo por hacer su trabajo.
«Los funcionarios continuaron haciendo declaraciones públicas despectivas contra actores percibidos como críticos del Gobierno, incluso a través de medios de comunicación institucionales y sitios web oficiales», dice el informe. Se describe que fueron calificados de “criminales” o “terroristas”. Se instó a la persecución penal de esas personas.
«Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución 45/20 del Consejo de Derechos Humanos, en la que el Consejo solicitó a la Alta Comisionada que preparara un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela que incluyera una evaluación detallada de la aplicación de las recomendaciones de sus informes anteriores, y que lo presentara al Consejo en su 47o período de sesiones».
El documento se elaboró sobre la base de la información recopilada y analizada por la ACNUDH. Incluyó entrevistas con víctimas, testigos y personas defensoras de los derechos humanos y reuniones con funcionarias y funcionarios públicos.
El periodo analizado es entre junio 2020 y abril de 2021, lapso en el que el gobierno debió ya haber aplicado las correcciones exigidas sobre las torturas y actos inhumanos en Venezuela.
«Las conclusiones presentadas en este informe han sido documentadas y corroboradas en estricto cumplimiento de la metodología del ACNUDH», aclaró.
La ACNUDH reconoce «una reducción en el número de muertes en operaciones de seguridad o protestas en el último año», pero advierte que continúan y que «la cifra se mantuvo alta».
La oficina de la Alta Comisionada documentó 17 casos de muertes en contexto de operativos policiales o militares o de protestas. Todas «coinciden con los patrones de ejecuciones extrajudiciales previamente documentados en el Distrito Capital y en los estados de Miranda, Monagas, La Guaira y Zulia».
Una de las muertes documentadas por el ACNUDH ocurrió en el contexto de una protesta. Las otras 16 en operaciones de seguridad en zonas consideradas violentas.
«En 12 de los casos documentados por el ACNUDH, los autores irrumpieron en los hogares de las víctimas. Los testigos ACNUDH informaron de que los agentes de seguridad utilizaron la violencia, incluida la violencia de género, para controlar a los testigos y separar a las víctimas de sus familiares», expresan.
Las mujeres y los niños fueron los más afectados. Según declararon a la ACNUDH, los insultaron, golpearon, arrastraron por el pelo y los amenazaron de muerte si no los obedecían. «En algunos casos, fueron objeto de acoso y violencia sexual», explican.
Según se informa, «los agentes permanecen en las casas de las víctimas durante varias horas, manipulan pruebas de la escena del crimen y retiran el cuerpo. En al menos siete casos, los autores también roban».
Casi todas las víctimas muertas eran hombres jóvenes y niños de barrios marginales. Estos sucesos siguen teniendo graves efectos en las comunidades, ya que infunden miedo en la población, generan desconfianza en las fuerzas del orden público, marginan aún más a las comunidades pobres y provocan desplazamientos, advierte la ACNUDH.
El informe de Bachelet recoge los acontecimientos ocurridos en La Vega, Caracas, una zona con alto índice de criminalidad que, durante muchos años de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, actuaron con total impunidad. Los delincuentes de esa zona están organizados. El informe los denomina «pandillas». Cuentan con armas largas y granadas, armamento que es de exclusivo uso de la Fuerza Armada, pero ellos lo obtienen.
«650 policías de varias unidades de la Policía Nacional Bolivariana, incluidas las Fuerzas de Acciones Especiales y la Dirección de Investigaciones Criminales, fueron desplegados en la parroquia La Vega, en Caracas, entre el 6 y el 9 de enero de 2021. Esta se conoce como la mayor operación de seguridad realizada durante el período que abarca el informe. En el transcurso de esta operación, según se reporta, habrían resultado muertos por la acción de las fuerzas policiales al menos 14 hombres jóvenes, entre los que había por lo menos dos adolescentes», refieren.
Según el informe de la ACNUDH, parte de esas muertes fueron causadas por «el uso selectivo de la fuerza letal por parte de la policía». Las balas llegaron directo al pecho, abdomen o la cabeza. Otros murieron por «balas perdidas» de los enfrentamientos.
Pero, punto importante: de los 650 agentes, ninguno murió. Eso también lo dice el informe sobre tortura en Venezuela de Michelle Bachelet. «Eso plantea dudas sobre la proporcionalidad de la fuerza empleada», dice ACNUDH. Y, aunque «saluda» el hecho que el Ministerio Público inició una investigación, recrimina también que, más de tres meses después, no hay ninguna detención.
EN su informe sobre la tortura en Venezuela, la oficina de Bachelet identifica los mismos patrones de abuso y violencia condenables y que la comisión creada para preveerla y sancionarla, no ha hecho nada. «El ACNUDH no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021», dice.
La duración de las desapariciones forzadas documentadas por el ACNUDH osciló entre unas horas y varios meses. Un ejemplo es el de Antonio Sequea Torres.
Antonio Sequea Torres fue detenido el 4 de mayo de 2020 y mantenido en privación de libertad en Caracas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El 27 de diciembre de 2020, los familiares del Sr. Sequea fueron informados de que ya no se encontraba en las instalaciones del Servicio.
Al 1 de mayo de 2021 (casi un año después), las autoridades notificaron que habían estado en contacto con el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en relación con este caso. Pero no informaron oficialmente sobre el paradero del Sr. Sequea a sus familiares y su defensa, a pesar de varias solicitudes.
Sigue desconocido el paradero de otras personas cuyos casos se han denunciado ante el Grupo de Trabajo, entre ellas el teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos (desde septiembre de 2018) y Hugo Enrique Marino Salas (desde abril de 2019).
«La dinámica y las prácticas observadas por el ACNUDH en informes anteriores continúan suscitando preocupación. Después de denunciar casos de tortura o malos tratos ante los tribunales, los detenidos fueron devueltos a la custodia de los presuntos responsables de los malos tratos denunciados (…). ACNUDH continuó recibiendo denuncias de estos casos, sin que los jueces o los fiscales adoptaran medidas preventivas para proteger a las presuntas víctimas o abordar las preocupaciones relacionadas con el debido proceso», refieren.
Las sanciones a las torturas y tratos inhumanos están previstos en la ley, en el artículo 33 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Inhumanos o Degradantes, pero no se aplican. Y de nuevo el informe dice que «ACNUDH no tiene conocimiento de ningún caso en el que se haya aplicado esta disposición».
Además, dan ejemplos de personas a las que manipularon para que «cooperen» y obligaron a firmar que sus derechos habían sido respetados bajo custodia, a pesar de no ser así.
«Al ACNUDH le preocupan los informes de violencia sexual contra las mujeres en prisión preventiva, ya que la mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género y las detenidas a menudo están vigiladas por hombres», expresan. Y citan un escabroso ejemplo:
«El 13 de marzo, un agente de la Policía Estatal de Barinas mató a una mujer bajo custodia policial, después de que ella se hubiera negado presuntamente a participar en actos sexuales. El ACNUDH saluda la acusación del agente de policía que presuntamente disparó a la víctima, y pide a la fiscalía que investigue a fondo las denuncias de violencia sexual presentadas por otras mujeres detenidas y que procese a los agentes de policía presuntamente involucrados», exhorta.
ACNUDH hace seguimiento al escandaloso caso del capitán Rafael Acosta Arévalo que murió, en junio de 2019, detenido tras una larga tortura. Y dicen lo siguiente:
«El 9 de septiembre de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la acusación contra dos tenientes de las fuerzas armadas en el caso de Rafael Acosta Arévalo, tras un recurso de la defensa».
«En octubre, el Ministerio Público presentó una nueva acusación contra los dos oficiales por cargos de homicidio culposo y tortura» (eso lo consideran un «paso positivo») Pero… «son necesarios más esfuerzos para garantizar la responsabilidad tanto de los autores directos como de los que están en la cadena de mando, a fin de desmantelar las estructuras y prácticas que han facilitado la tortura y los malos tratos y evitar que se repitan».
Esto incluye garantizar el acceso regular y confidencial a un defensor de su elección; llevar a cabo investigaciones rápidas, independientes y profundas sobre las denuncias de malos tratos; y adoptar medidas preventivas para impedir la repetición de estos actos durante la investigación.
El informe sobre la situación de los derechos humanos y la tortura en Venezuela continúa especificando casos contra personas de la sociedad civil, comunicadores y otros actores, y exhorta (de nuevo) a tomar medidas para prevenir el abuso policial, militar y judicial. Para leer el informe completo, puede hacer click aquí, en un link que comparte Provea.
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La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU hará el contacto con Nicolás Maduro esta semana. Le solicitará trabajar en una transición política y reanudar el diálogo con la oposición
