Abogado Joel García, uno de los defensores del estudiante preso político John Álvarez, denuncia que los exámenes forenses ha sido practicados más de 20 días después de las denuncias de torturas, y revelan severos daños en el cuerpo del joven.
El estudiante universitario John Álvarez, un preso político vinculado por el régimen de Nicolás Maduro al caso de seis sindicalistas presos por demandar reivindicaciones laborales, está padeciendo graves lesiones físicas producto de las torturas a las que ha sido sometido en la sede de l Policía Nacional Bolivariana (PNB), denunció este martes 26 de septiembre uno de sus abogados, Joel García, en una entrevista en vivo en radio y en redes sociales.
Hace 20 días Álvarez, quien estudia Antropología en la Universidad Central de Venezuela (UCV), fue presentado ante tribunales tras pasar varios días desaparecido, después que fue detenido y robado por agentes de la Policía Nacional.
Cuando fue presentado ante el juez el joven denunció que había sido torturado por agentes de la DAET (Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas), como se llama ahora la división de la Policía Nacional antes conocida como FAES (Fuerza Acciones Especiales, que encabeza la lista de denuncias nacionales e internacionales sobre violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el régimen chavista bolivariano).
Apenas este 26 de septiembre el estudiante fue llevado a la sede del Ministerio Público (Fiscalía), donde lo sometieron a exámenes forenses.
«A pesar de estos 22 días en el examen que se le practicó hoy se pudo corroborar que John Álvarez tiene una lesión que le está afectando desde el glúteo derecho hasta la rodilla; no puede colocar la pierda de forma horizontal…su riñón izquierdo está inflamado y está perdiendo la visión por el ojo izquierdo», dijo el abogado Joel García en el programa de radio La Fuerza es la Unión, que mantiene el periodista y activista por los derechos sociales y humanos Jesús Chuo Torrealba en la emisora Radio Rumbos.
La tortura es una práctica común en los organismos de seguridad del Estado, pese a las constantes denuncias y a la presencia en Venezuela de representantes del Fiscal de la Corte Penal Internacional y los informes (que el gobierno niega) de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, recordó García coincidiendo con otros activistas por las libertades civiles.
García destacó que después de 22 días es fácil que un hematoma o lesión desaparezca.
«Ayer justamente justo la Misión de Determinación de los Hechos denunciaba que la tortura no ha cesado en ningún momento, a pesar de que tenemos delegados del Alto Comisionado en Venezuela, siguen ocurriendo esos hechos y a pesar de que la Corte Penal Internacional está investigando», observó.
Este lunes en Ginebra, en el 54 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se volvió a discutir las violaciones cometidas en Venezuela y reportadas por la Misión. El gobierno de Maduro no coopera, responde descalificando esta investigación y llamando tarifados a los expertos de la ONU.
En Venezuela se normaliza los tratos crueles a los detenidos y sus familiares observó García al insistir en que estas denuncias hay que llevarlas hasta sus últimas consecuencias y la colectividad en general tiene que sensibilizarse.
Los objetos e instrumentos que usan para agredir a las personas durante las sesiones de torturas los forran con materiales acolchados de manera que no dejen hematomas. A pesar de que quizá desaparecieron o no existen esas marcas, los exámenes practicados a Álvarez muestran que el riñón sufrió, así como el músculo de su pierna derecha y los golpes en la cabeza le han producido pérdida de visión en el ojo izquierdo, explicó García.
Además, la motocicleta que le fue robada al estudiante al momento de la detención «fue vista en un barrio caraqueño conducido por uno de esos mismos policías que lo torturó y lo desapareció» temporalmente, dijo García al denunciar «el grado de vandalismo o violencia en los que está envueltos los cuerpos policiales».
Organismos como la Fiscalía y la Defensoría son «cómplices necesarios de este desastre», recalcó al insistir en que hay en la sede de la Policía Nacional Bolivariana y la DAET, que es la FAES, una persecición y tortura generalizada en Venezuela».
Los seis activistas fueron arrestados en julio de 2022, cuando Venezuela vivía manifestaciones en exigencia de aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales del sector público
Gabriel Blanco y Néstor Astudillo fueron acusados de los delitos de asociación para delinquir y conspiración, según informó el sábado la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia
A la manifestación asistió el estudiante y víctima del Estado venezolano Moisés Cordero, quien perdió un ojo tras recibir un impacto de perdigón en una protesta para exigir la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela en 2019
