Los acusados son 5 mujeres y 3 hombres, incluyendo una madre y su hijo. Captaban a mujeres de zonas empobrecidas de Venezuela, facilitaban su ingreso a EE.UU. y luego las obligaban a ser trabajadoras sexuales hasta que "saldaran su deuda". Enfrentan una posible pena de cadena perpetua
El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado público en el que confirma la acusación formal y pública de cuatro cargos en Nashville, estado de Tennessee, a ocho venezolanos presuntamente vinculados al Tren de Aragua que participaban en una «empresa transnacional de sexo comercial».
Según documentos judiciales, los imputados, todos venezolanos, son: Yilibeth del Carmen Rivero de Caldera, de 51 años; Kleiver Daniel Mota Rivero, 35; Yuribetzi Del Valle Gómez Machuca, 39; Wilmarys Del Valle Manzano Solórzano, 22; Frankyanna Del Valle Romero Rivero, 30; Endrik Alexander Morales Rivero, 25; Jesús Enrique Castillo Rodríguez, 24; y Ariannys Beatriz Gutiérrez-Carrillo, de 24 años, quienes operaron una «empresa ilegal de comercio sexual y tráfico sexual en moteles de Nashville desde julio de 2022 hasta marzo de 2024″.
Según la acusación, una vez que los acusados facilitaban la llegada de las víctimas a los Estados Unidos, utilizaron sitios web de sexo comercial en línea para publicar anuncios de las víctimas y luego utilizaron Internet y sus teléfonos celulares para dirigir a los compradores de sexo comercial para que participaran en sexo comercial con las víctimas en los moteles.
“Esta acusación formal demuestra nuestro compromiso de detener la trata de personas cuando y donde sea que la encontremos, y de hacer que los involucrados rindan cuentas”, dijo el fiscal federal interino Robert E. McGuire para el Distrito Medio de Tennessee.
Agregó que “estamos persiguiendo a organizaciones criminales transnacionales, pero este caso demuestra que también haremos lo que sea necesario para detener a quienes trafican con mujeres y niñas, sin importar quién esté detrás de su sufrimiento”.
“El éxito de esta operación para detener el funcionamiento de Tren de Aragua en nuestras comunidades es un avance significativo en nuestra lucha continua contra la trata de personas y el crimen organizado transnacional”, dijo el agente Rana Saoud de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nashville. “Esta investigación ejemplifica la importancia de la colaboración entre las agencias locales, estatales y federales para poner fin a estos delitos en nuestras comunidades y dejar un rastro de sufrimiento a su paso”.
“No permitiremos que el Tren de Aragua, ni ninguna organización criminal, se afiance en Tennessee”, dijo el director David Rausch de la Oficina de Investigaciones de Tennessee. “Estamos agradecidos con nuestros socios locales, estatales y federales que se unieron a nosotros en la investigación de este caso, y estamos preparados para seguir investigando agresivamente la trata de personas en nuestro estado, responsabilizando a los traficantes y compradores y ayudando a las víctimas a dar sus primeros pasos para convertirse en sobrevivientes”.
“La trata de personas es uno de los delitos más atroces que enfrenta el FBI”, dijo el agente especial Joseph E. Carrico de la Oficina de Campo del FBI en Nashville. “Este delito devastador explota a miembros vulnerables de comunidades de todo el país, incluidas las de Tennessee. El FBI y nuestros socios están comprometidos a rescatar a las víctimas, investigar y enjuiciar a los traficantes y apoyar a los sobrevivientes”.
“Si bien el foco de esta investigación se centra en el tráfico de personas, el Tren de Aragua está involucrado en todo tipo de actividades delictivas, incluida la venta de narcóticos y drogas peligrosas”, dijo el agente especial a cargo Jim Scott de la División Louisville de la Administración de Control de Drogas (DEA). “Los hombres y mujeres de la DEA seguirán trabajando codo a codo con nuestros socios federales, estatales y locales para librar a nuestras comunidades de las bandas criminales transnacionales, como Tren de Aragua”.
“La trata de personas es aborrecible para todos nosotros, es una forma moderna de esclavitud. Quiero ser muy claro: nuestro departamento de policía siempre hará de la trata de personas una prioridad de investigación, independientemente de dónde sean los sospechosos, y trabajará con nuestros socios para brindar una respuesta policial intencional y coordinada”, dijo el jefe John Drake de la policía metropolitana de Nashville.
Un gran jurado del Distrito Medio de Tennessee presentó previamente la acusación formal de cuatro cargos que imputa a los ocho acusados por sus respectivos roles en facilitar el reclutamiento de mujeres jóvenes de partes empobrecidas de Venezuela y otros países de América del Sur y Central, y luego facilitar su transporte a través de la frontera sur de los EE. UU. y a través de las fronteras estatales para participar en sexo comercial en el área de Nashville.
Tres de los acusados, Yilibeth del Carmen Rivero-De Caldera, Kleiver Daniel Mota-Rivero y Yuribetzi Del Valle Gómez Machuca, también están acusados de conspiración de tráfico sexual por conspirar para usar la fuerza, el fraude y la coerción para obligar a las mujeres a participar en actos sexuales comerciales para el beneficio de los acusados, que incluyen invocar presuntos vínculos con la pandilla venezolana Tren de Aragua y su reputación de violencia.
La acusación formal también imputa al acusado Kleiver Daniel Mota-Rivero, un cargo de posesión de arma de fuego por parte de un extranjero ilegal.
Los acusados, madre e hijo, Rivero-De Caldera y Mota-Rivero, están acusados de conspirar para imponer un plan de deuda coercitiva a las víctimas para obligarlas a seguir participando en actos sexuales comerciales hasta que los acusados consideraran que sus deudas habían sido saldadas. Los acusados Rivero-De Caldera y Mota-Rivero fueron arrestados y detenidos anteriormente por cargos estatales relacionados con su conducta.
Si son condenados por conspiración para cometer tráfico sexual, los acusados se enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua. Una conspiración para realizar transporte interestatal con fines de prostitución conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, y una conspiración para realizar viajes interestatales y al exterior o transporte en ayuda de empresas de crimen organizado conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.
Si es declarado culpable de posesión de un arma de fuego por parte de un extranjero ilegal, Mota-Rivero también enfrenta una pena máxima de 15 años de prisión.
El caso fue investigado por la Oficina de Investigaciones de Tennessee (TBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el FBI y otros socios federales, estatales y locales del Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas, quienes coordinaron operaciones de aplicación de la ley relacionadas en múltiples jurisdicciones.
La fiscal federal adjunta Brooke K. Schiferle para el Distrito Medio de Tennessee y los abogados litigantes Lindsey Roberson y Jessica Arco de la Unidad de Procesamiento de Trata de Personas de la División de Derechos Civiles están procesando el caso. Para más información sobre lo que hace el Departamento de Justicia para combatir la trata de personas, se puede hacer clic en este enlace.
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