Según una investigación de medios de comunicación, 75% de los venezolanos que fueron enviados a El Salvador haciendo uso de esta Ley, señalados de ser del Tren de Aragua, no tenían historial criminal, solo tatuajes. Activistas se cuestionan cuál será el criterio para expulsar a otros migrantes
La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó decisión del presidente de Donald Trump sobre la deportación de migrantes venezolanos, que considere miembros del Tren de Aragua, haciendo uso de la Ley de Enemigos Extranjeros.
El anuncio se hizo este lunes 7 de abril luego de que jueces federales, en una votación 5-4, decidieran que el gobierno de EEUU debe dar a los venezolanos un «tiempo razonable» para recurrir a los tribunales antes de concretar su expulsión.
La decisión de Trump, que se anunció el viernes 14 de marzo y tuvo sus primeras consecuencias un día después, con el traslado de 237 migrantes a El Salvador, fue impugnada en principio por el juez federal de Washington, James Boasberg, quien rechazó la medida apenas se puso en marcha y la suspendió.
«Deben recibir notificación después de la fecha de esta orden de que están sujetos a deportación bajo la Ley (…) deben «tener la oportunidad de impugnar», dijeron los jueces. Aunque al aire quedó una duda: «La única pregunta es qué corte resolverá dicha impugnación».
Los jueces conservadores indicaron que dichas impugnaciones debían introducirse en Texas, un estado que maneja una política migratoria severa contra los inmigrantes, especialmente los venezolanos, antes de que Trump asumiera el poder.
La semana pasada, el juez Boasberg tuvo una audiencia en la que debatía si el gobierno desafió su orden de no enviar los aviones a El Salvador. La respuesta de la administración de Trump fue invocar un «privilegio de secretos de Estado» y se negó a darle información adicional al juez.
La situación preocupa a activistas y defensores de derechos humanos porque hay información, verificada, de que al menos el 75% de los venezolanos enviados a El Salvador no tenían antecedentes penales.
Abogados han publicado varios casos en los que detallan que estos hombres fueron detenidos solo por sus tatuajes y violentados apenas pisaron el país salvadoreño. Además tienen más de 20 días incomunicados. Sus familias también confirman esto en distintas entrevistas: no permiten ningún tipo de contacto, ni siquiera con defensores.
La preocupación de defensores de DD.HH. es que la única vinculación con la organización criminal que el gobierno de EEUU considera, en la mayoría de los casos, es que estos hombres usan tatuajes. No hay revisión de su historial de delitos.
El sospechoso, huésped del mismo hotel donde se celebraba el evento, estaba armado con una pistola y varios cuchillos
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