Jueza federal respalda a Trump: acepta deportación de venezolanos considerados parte del Tren de Aragua

Stephanie Haines, jueza federal de Pensilvania, respaldó este martes 13 de mayo la decisión del presidente Donald Trump de deportar a los venezolanos que sean considerados miembros del Tren de Aragua haciendo uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una proclamación que puso en marcha el 14 de marzo pasado y tuvo como resultado la deportación de 238 ciudadanos de Venezuela a El Salvador.

Tras dar el fallo, que contrasta con las críticas de otros jueces y solo aplica al distrito de Pensilvania, Haines advirtió que el gobierno de Trump debe proporcionar «mayores avisos» sobre la expulsión de estos avisos: «Más de lo que están dando actualmente».

Uno de los puntos claves es que antes de concretarse la expulsión, las autoridades deben dar el aviso con 21 días de antelación, un tiempo en el que los acusados deberán hablar de sus casos. Para ello, será necesario permitir la presencia de intérpretes en inglés y en español.

«Habiendo hecho su trabajo, el Tribunal deja ahora en manos de las ramas políticas del gobierno y, en última instancia, del pueblo que elige a esas personas, decidir si las leyes y quienes las ejecutan siguen reflejando su voluntad», escribió Haines en su orden.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, indicó a ABC News que la organización no está de acuerdo con la decisión del juez sobre el uso de la AEA: «No estamos de acuerdo con que la ley se use en tiempos de paz».

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Hasta el momento, la Corte Suprema de Estados Unidos ha mantenido una discusión preliminar sobre la ley, pues aún no existe una norma nacional sobre la invocación de Trump de esta ley. Desde el pasado 14 de marzo, varios jueces han intentado frenar las expulsiones que se dan bajo esta ley, pero posturas como la de Haines muestra que todos pueden disentir entre sí.

El pasado 19 de abril, por ejemplo, la Corte Suprema de EEUU dijo que cualquier persona en un proceso de deportación en el marco de esta ley del siglo XVIII debía tener la oportunidad de impugnar judicialmente su expulsión. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se ha cumplido.

Cada postura, que varía cada día que pasa, es una muestra de que solo se extenderá en el tiempo sin encontrar una solución.

Con información de MSNBC