En el tiempo que lleva Biden en el poder han ocurrido 723.007 detenciones de venezolanos que entraron ilegalmente a Estados Unidos. Ese río de gente no se detiene: entre octubre y diciembre fueron 148.074 arrestos, tres veces la cifra de todo el año fiscal 2020/21.
Mientras escala otra vez la confrontación entre los gobiernos de Estados Unidos y el de Venezuela, un protagonista inesperado por algunos pasa al primer plano: la migración masiva de miles de venezolanos que entran de manera ilegal al territorio de la primera economía mundial con miras rehacer sus vidas bien lejos del chavismo.
Es que durante más de cien años el petróleo fue el protagonista en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Pero todo eso cambió en los últimos años al paso de que quebrara Petróleos de Venezuela, (PDVSA) la que fuera la cuarta petrolera más poderosa del mundo, mientras el desplome de la economía venezolana toda ha hecho que una cuarta parte de la población del país se largue a vivir en el extranjero.
Este 30 de enero el gobierno de Joe Biden anunció que se apresta a imponer de nuevo las sanciones sobre la industria del petróleo y del gas de Venezuela, debido a lo que califica como incumplimiento de los Acuerdos de Barbados que postulaban unas elecciones libres este 2024 en Venezuela, con la participación de todos los candidatos y partidos políticos opositores que bien quisieran competir.
El chavismo recogió el guante y desde ya cerró el paso a cualquier posibilidad de un acuerdo o negociación en este punto crucial para resolver la larga crisis política venezolana con unas elecciones como demanda la oposición democrática en Venezuela y corean actores internacionales, empezando por el propio Estados Unidos.
Lo resumió bien Jorge Rodríguez, presidente del Asamblea Nacional y, después del propio Maduro, el chavista más poderoso (al menos en público) del ala civil del régimen que lleva 25 años en el poder total:
La flexibilización de las sanciones sobre la industria petrolera había dado un respiro al gobierno de Maduro, sediento de dinero fresco para invertirlo en la campaña electoral por las elecciones presidenciales, en las que el régimen pretende relegitimarse internacionalmente y declarar como agua pasada el largo conflicto político venezolano.
Pero ya el petróleo venezolano no parece tener toda esa importancia geoestratégica que le siguen atribuyendo a pie juntillas muchos teóricos de la conspiración, nacionalistas de oficio y militantes de izquierda que no ven que el mundo ha cambiado y en el mercado energético mundial hay otros actores y situaciones de peso.
El propio Estados Unidos es hoy el principal productor mundial de hidrocarburos, con un bombeo diario que equivale a más de dos tercios del de todos los países de la OPEP juntos. Pero eso es asunto de otro análisis.
A nombre del gobierno de Maduro responde la vice presidenta Delcy Rodríguez: entonces no van a permitir que sigan llegando los vuelos directos con venezolanos deportados o expulsados desde Estados Unidos.
Justo cuando Joe Biden enfrenta un serio problema interno por la llegada masiva de migrantes, y la ola nacionalista en su país es bien aprovechada por su adversario radical, el republicano Donald Trump.
El que Maduro aceptara recibir esos vuelos para aliviar el congestionado sistema de procesos migratorios de Estados Unidos era uno de los pocos logros que había obtenido el gobierno de Biden de las largas negociaciones con el chavismo. Aparte, claro, de la liberación de prisioneros estadounidenses mantenidos en cárceles venezolanas como monedas de cambio.
Hace pocos días, justamente el Departamento de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos divulgó sus más recientes cifras sobre las capturas de migrantes del mundo que entraron ilegalmente, o «no autorizados» al territorio de la Unión.
Destaca otra vez el hecho ya registrado en otros meses: después de los mexicanos, los venezolanos son el mayor colectivo de nacionales interceptados en la frontera. Por encima de otros países que están más cerca de la línea sur de Estados Unidos, como los de Guatemala, Honduras y Nicaragua.
El número de venezolanos desde hace tiempo está inclusive muy por encima de los de nacionales de Cuba y Haití.
Desde que el presidente Joe Biden está en el poder se han registrado 723.000 detenciones de venezolanos que han intentado entrar ilegalmente a Estados Unidos.
Estas detenciones, llamadas «encuentros» por la Patrulla Fronteriza, no equivalen a número de personas, pues un mismo migrante capturado y liberado en algunos casos suele intentarlo de nuevo. Pero, según estadísticas del banco de datos oficial, ese porcentaje de reincidencias en algunos casos de otros países se ubica en torno al 15 o 20%.
Lo cierto es que la oleada de venezolanos intentando entrar a Estados Unidos, con o sin autorización no deja de crecer exponencialmente. En diciembre pasado hubo 62.872 detenciones, la segunda cifra más alta de todos los tiempos después de los 72.325 interceptados en setiembre de 2023, cuando incluso hubo más capturas de venezolanos que de mexicanos.
En los tres meses del año fiscal comenzado en octubre ya suman 148.074 detenciones. Eso es tres veces la cifra arrojada entre octubre, noviembre y diciembre de 2022.
También es la mitad de todas las capturas arrojadas en los 12 meses completos del año fiscal anterior (octubre 2022-septiembre 2023) y es tres veces más alta que la cifra del año fiscal 2021-2022.
Es decir, a juzgar por las estadísticas, el asunto de los migrantes venezolanos es uno de los más importantes dentro del problema global de la migración ilegal a Estados Unidos.
En lo que va de este año fiscal, resulta que en 15 de cada 100 detenciones de migrantes indocumentados estamos hablando de personas que provienen de la tierra de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
A manera de referencia, en los primeros tres meses de este año fiscal hubo 20 detenciones de mexicanos por cada 100 de un centenar de países. Van 201.437 registradas entre octubre y diciembre.
El gobierno de Biden trata de enviar señales de más endurecimiento.
«Desde mayo de 2023 hasta el 31 de diciembre, el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) expulsó o devolvió a un número récord de personas, más de 472.000, la gran mayoría de las cuales cruzaron la frontera suroeste, incluidos más de 78.800 miembros de familias. La mayoría de las personas encontradas en la frontera suroeste en los últimos tres años han sido expulsadas o devueltas. El total de expulsiones y devoluciones desde mediados de mayo supera las expulsiones y devoluciones de todos los ejercicios fiscales completos desde 2015», dice en un reciente comunicado.
Los que no son expulsados de manera expedita entran en un complejo, caro y engorroso proceso en tribunales migratorios para intentar legalizar su situación bajo libertad condicional.
El gobierno de Estados Unidos ha tratado de contener esta ola de migrantes, inclusive de los venezolanos, y ofrece también la zanahoria de los «paroles», o permisos especiales para que candidatos con familiares y amigos que puedan mantenerlos por dos años cuando lleguen allá con todas las de la ley.
«Hasta finales de diciembre de 2023, en total 327.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente bajo los procesos de libertad condicional (paroles). Específicamente, más de 69.000 cubanos, 133.000 haitianos, 60.000 nicaragüenses y 87.000 venezolanos fueron investigados y autorizados para viajar; y más de 67.000 cubanos, 126.000 haitianos, 53.000 nicaragüenses y 81.000 venezolanos llegaron y se les concedió la libertad condicional» (parole) para quedarse, agrega el comunicado.
En cualquier caso, entre no autorizados y bien establecidos con todos sus estatus migratorios en orden, los venezolanos ya tienen hoy una importante presencia en Estados Unidos. Ese país es el tercer destino mundial de la diáspora venezolana, con 545.000 personas registradas a septiembre de 2021 y obviamente esa cifra ha crecido mucho desde entonces.
En ciudades de algunos estados electorales clave, como en Florida, estos migrantes tienen influencia notable en unas elecciones que ya pintan muy polarizadas.
A los migrantes registrados hasta 2021 habría que sumar los que desde entonces llegaron y obtuvieron un estatus migratorio legal; los que están bajo libertad condicional o en un limbo jurídico; los que se quedaron en el país sin registro ni comparecencia alguna ante una corte y los que entraron legalmente como turistas y van y vienen.
De cualquier forma, el número irá en aumento en la medida que se agudiza la larga crisis económica venezolana.
El alivio para el gobierno venezolano asociado a los Acuerdos de Barbados duró lo que dura un suspiro. Es previsible que se radicalizarán posiciones desde el chavismo y desde Estados Unidos, en un año electoral en ambos lados.
También ya han avisado que se reinstaurarán las sanciones individuales contra figuras del chavismo y contra PDVSA y la República.
Algunos optimistas de oficio apostaban a que la economía venezolana crecería un buen 10% este año, «con el despegue de la industria petrolera», cuando «chorros de dinero» entrarían a revitalizar ciertos sectores conexos a la energía.
Pero el país vive su tormenta perfecta mientras sube la crispación política y la persecución a los opositores: hay un gobierno hegemónico en la política pero sin mayores recursos económicos; casi no existe el crédito bancario; hay una crónica crisis energética; colapso de los servicios públicos, de la educación y de la salud; no hay reglas confiables a la inversión privada ni estado de derecho, la corrupción es la norma y en ocasiones la persecución política se extiende al terreno de los negocios.
A ello se suma el peso de las sanciones internacionales sobre el principal motor de la economía: la industria petrolera.
De modo que las razones de fondo que determinan el auge de la diáspora venezolana seguirán siendo el deterioro de la economía y de las condiciones de vida, la falta de oportunidades, la pobreza y la eterna crisis económica y política.
Y claro, Estados Unidos no es el único destino de los migrantes venezolanos, aunque sea hoy el más notable.
En los próximos meses el flujo de venezolanos rumbo a Estados Unidos seguirá creciendo, como lo prueban las cifras de las autoridades migratorias de los países de la América Central a lo largo de los 4.500 kilómetros que separan Venezuela del río Bravo, o río Grande, como lo quieran llamar los que van en camino porque lo quieren cruzar sin morir en el intento.
La policía guatemalteca detuvo en el departamento oriental de Izabal, cerca de la frontera con Honduras, a unos 200 personas que habían entrado al país con la intención de ir a Estados Unidos
Periodistas de AFP acompañan la ruta migratoria de Marcel Maldonado, un amputado de Maracay, Venezuela, que recorrió 4.300 kilómetros con su familia hasta llegar a Estados Unidos en un viaje que le costó $7.000 para apostar sus vidas al sueño americano.
El ministerio de Seguridad había informado que al 31 de octubre 458.000 migrantes, de ellos casi 300.000 venezolanos, cruzaron la frontera natural del Darién. En 2008, el primer año en que hay registros, entraron 28 personas a Panamá por esta inhóspita selva
