Como vocero de quienes se oponen al diálogo, Diego Arria, exembajador de Venezuela ante la ONU, cuestionó estas reuniones al considerar que el diálogo no es una opción y el camino a seguir es a través de organismos internacionalespara lograr la salida del gobierno de Nicolás Maduro. Para los que se oponen al diálogo estas reuniones entorpecerán la activación de la Carta Democrática para Venezuela.
La Carta Democrática
La Carta Democrática es un acuerdo entre los estados miembros de la OEA para preservar la institucionalidad democrática. Fue aprobada en Lima después de la degeneración del gobierno de Alberto Fujimori quien, luego de haber sido electo democráticamente, disolvió el parlamento e impuso un régimen autoritario que violó el orden constitucional y debilitó las instituciones democráticas. Para aplicar la Carta Democrática están previstas tres vías:
– Artículo 17: permite a un país miembro solicitar ante el Secretario General o el Consejo Permanente su asistencia, en caso de producirse una alteración del orden democrático o ruptura del hilo constitucional.
– Artículo 18: permite la iniciativa del Secretario General o del Consejo Permanente -con el consentimiento del Gobierno afectado- para adelantar gestiones diplomáticas que contribuyan a restaurar el orden democrático afectado.
– Artículo 20: permite al Secretario General o cualquier país miembro la posibilidad de convocar un Consejo Permanente para evaluar la alteración de la democracia y la ruptura del orden constitucional en un país dado.
A siete meses de haber sido aprobada la Carta Democrática, ésta fue activada el 13 de abril de 2002 cuando se produjo el Golpe de Estado contra Hugo Chávez, más no fue necesario expulsar a Venezuela de la OEA debido al retorno casi inmediato de Chávez a la presidencia. En el caso del Golpe de Estado en Honduras, la solicitud se hizo con la autorización de Manuel Zelaya, quiera era el presidente legítimo y, al ser derrocado en 2009, hubo una ruptura del hilo constitucional que condujo a la suspensión de Honduras de la OEA. En el caso de Almagro, éste invoca la Carta con base en el artículo 20 que autoriza al Secretario General o a cualquier Estado miembro a pedir la convocatoria del Consejo Permanente cuando en un país «se produzca una alteración del orden constitucional” que afecte su funcionamiento democrático.
Consejo Permanente: un voto de confianza a Venezuela
Almagro pidió convocar un Consejo Permanente entre los días 10 y 20 de junio para que los países se pronuncien si existe o no tal alteración. Si logra una mayoría de 18 votos, podrá activar las gestiones diplomáticas previstas en la Carta para «promover la normalización de la institucionalidad democrática». Si al agotarse estas gestiones no se logra el objetivo, el Consejo Permanente puede convocar una Asamblea General extraordinaria y, con dos tercios de los votos, aprobar el siguiente nivel de la Carta Democrática que puede desembocar en la suspensión de Venezuela de la OEA.
Para no llegar a este extremo de activar la Carta Democrática, varios estados promovieron acciones conciliadoras para facilitar el diálogo político entre el Gobierno y la Oposición. Al calor de esta iniciativa, la reciente reunión del Consejo Permanente de la OEA le dio un voto de confianza a Venezuela para que Gobierno y Oposición lideren un proceso de diálogo político que conduzca a un gran acuerdo nacional que ponga fin a la crisis.
Pero si se agrava la confrontación de poderes y este proceso no avanza, el Secretario General, Luís Almagro, tendrá entonces las pruebas necesarias para demostrar que en Venezuela hay una alteración del orden democrático, cuestión que le impone a la OEA el imperativo de realizar primero las gestiones diplomáticas para normalizar la institucionalidad democrática y, en caso extremo, suspender al país de organismo. Si este fuera el desenlace, Venezuela no se podrá beneficiar de los programas de la organización, dejará de recibir el apoyo internacional que se canaliza a través de la OEA, y el gobierno venezolano quedará muy desprestigiado y aislado en el ámbito internacional.
Hay una realidad que azota a la población y no se puede negar. Más no se trata de buscar culpables sino de asumir la corresponsabilidad de los poderes públicos, particularmente del poder ejecutivo y del legislativo en la superación de esta compleja problemática. No tiene que venir una Comisión de la OEA a verificar lo que son hechos públicos y notorios y urge encarar y superar. Es a la luz del diálogo fructífero entre el Gobierno y la Oposiciónque se puedeconstruir una visión compartida de la problemática nacional y adoptar las decisiones eficaces para erradicar las causas que alteran el orden constitucional e impiden que la ciudadanía tenga pleno acceso a los derechos.
Se equivocan quienes piensan que con la activación de la Carta Democrática se resolverán los problemas de Venezuela. La expulsión del país agudizaría la crisis económica, política, social y humanitaria. Estas sanciones podrán dar al traste con el Gobierno de Nicolás Maduro, pero no aliviarán la dramática situación de la población que sigue esperando por un gran acuerdo nacional que ponga freno al acelerado deterioro y saque al país de la crisis. Un Gobierno de la MUD con una férrea resistencia del chavismo que hunda al país en una inacción mayor será más de lo mismo, más de lo peor.
Por eso, lo más importante de la resolución del Consejo Permanente fue el consenso de los 34 estados miembros de promover el diálogo político en Venezuela, como primer paso para poner fin a la crisis. En medio de las tensiones entre Macri y su Canciller, Susana Malcorra, prevaleció la posición de esta última quien consideró “apresurada” la activación de la Carta Democrática y es partidaria de aliviar las tensiones y facilitar el diálogo en Venezuela. Por eso Argentina, junto a otros tres estados, promovió una vía alternativa a la aplicación de la Carta Democrática y su posición fue un estímulo para que los 34 países miembros suscribieran una declaración de apoyo al proceso de diálogo entre el Gobierno y la Oposición que conjure la amenaza de una confrontación civil y aleje la probabilidad de una salida militar.
Sin embargo, Gobierno y Oposición parecen obstinados en exterminarse y no terminan de darse cuenta de que la Nación está clamando por un gran acuerdo nacional que detenga el deterioro y saque al país de la crisis. Lamentablemente, en Venezuela el diálogo político está distorsionado por el discurso hostil y la tozudez con la que ambos bandos petrifica sus exigencias y posiciones. No piensan en el país. Por el contrario, lo hunden con su pliego de exigencias inconciliables en el que cada quien clava sus puntos de honor. No admiten concesiones, ni siquiera para priorizar el interés nacional. Es hora de entender que no es más poderoso quien aniquila a su rival, sino quien demuestra su sabiduría y capacidad para coexistir con él y convertirlo en su aliado, no para subordinarlo a su interés particular, sino para cooperar y complementarse en función de hacer de Venezuela una gran Nación. @victoralvarezr
