Los personajes más sonados de escándalos internacionales de corrupción del gobierno revolucionario han adoptado a España como destino para ellos, sus familias y sus fortunas. Mansiones, fincas y empresas figuran como las más importantes adquisiciones de la nueva casta millonaria
El encargado de Negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story, exhortó a que se investigue el origen de los fondos con los que miembros del Alto Mando Militar de Venezuela financian la manutención de sus familiares en Europa. El diplomático estadounidense especificó en sus declaraciones que 60% tiene a sus familiares en España.
El país europeo, al igual que EEUU, ha sido uno de los destinos predilectos de altos funcionarios del chavismo que en pocos años hicieron grandes fortunas. Tras haber servido a la revolución, creyeron conveniente emigrar y disfrutar de un retiro seguro. Aunque los que han tenido que quedarse en el país o no han concluido la etapa de “servicio a la patria” han optado por enviar a sus familias al exterior en donde la vida con libertad económica les permite disfrutar sin restricciones y hasta invertir en negocios rentables. España ha sido uno de los destinos más solicitados.
Las cuentas bancarias de socios conocidos del chavismo superan el patrimonio de cualquier empresario venezolano o extranjero, figura deportiva o artista de importancia. Un ejemplo reciente ha sido el colombiano Alex Saab a quien ya le han congelado cerca de 3 mil millones de dólares, según reportes de agencias de noticias.
Solamente en obras inconclusas en Venezuela, la corrupción se llevó 87 mil millones de dólares, según las investigaciones que hizo la Asamblea Nacional. Los sobornos de Odebrecht pagados a funcionarios venezolanos ascendieron a 98 millones de dólares. La corrupción en Pdvsa con transacciones a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA) sumó 4.200 millones de dólares.
Una investigación realizada por periodistas de 45 países reveló que 2 funcionarios del gobierno de Hugo Chávez (Alejandro Andrade y Rodolfo Marco Torres) habrían colocado 11,7 millardos de dólares en el banco HSBC, con sede en Ginebra, Suiza.
En esa investigación se determinó que Venezuela sería el tercer país con más dinero depositado, con 14,8 millardos de dólares, en esa entidad bancaria que fue señalada de no verificar el origen de los fondos de sus clientes.
Los “Papeles de Panamá” develaron los casos de ex militares y socios con fortunas mil millonarias. Y así continúa una larga lista de nombres registrados en la “Lista Clinton” de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y el Departamento del Tesoro de los EEUU con cuentas en paraísos fiscales.
Story insiste en que “España, países de Latinoamérica y EEUU tienen la responsabilidad de ver de dónde viene este dinero y no permitir el robo de recursos de Venezuela”.
Quizás su llamado está relacionado con el hecho de que numerosos sospechosos de corrupción, lavado de dinero o narcotráfico, se han residenciado en la nación ibérica y siguen “refugiados”, dando largas a las solicitudes de extradición requeridas por EEUU. Sin embargo, socios españoles y políticos protectores no han ejercido suficiente presión para frenar las denuncias.
En septiembre de 2018, El País publicó un reportaje bajo el título “El opulento desembarco en España de lo millonarios venezolanos”. Allí destacaban que esos personajes nada tenían que ver con ciudadanos que han generado sus riquezas en el mundo empresarial o financiero, sino “con políticos chavistas que se enriquecieron a la sombra del llamado socialismo bolivariano del siglo XXI”.
Uno de los primeros casos reseñados en medios españoles fue el del capitán retirado Carlos Luis Aguilera Borjas. Fue miembro destacado del círculo de seguridad de Chávez, ex director de Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), como antes se llamaba el actual Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). También fue director de Relaciones Presidenciales, secretario de la Presidencia, viceministro de Gestión Comunicacional, viceministro de Gestión Administrativa y presidente de la Fundación Pueblo Soberano.
En 2004 compró una casa en Pozuelo Alarcón, en Madrid, de 260 metros tasada en 970 mil euros; una finca en los Altos del Serranillo, en Chinchón, también en Madrid, de 5,7 hectáreas de extensión; así como dos viviendas que suman casi 500 metros cuadrados. Aguilera poseería otras propiedades dedicadas al alquiler a través de la sociedad CLAB-Consultoría Inmobiliaria como un apartamento en el complejo Eurobilding II de Madrid valorado en un millón de euros, dos pisos en el Centro de A Coruña, de 820 mil euros y un local en Aranjuez de 280 mil euros. La sociedad CLAB-Consultoría Inmobiliaria es accionista de la Constructora Girardot 53, que hizo obras en el Metro de Caracas durante la gestión de Chávez.
Un juzgado de Andorra ordenó en junio de 2015 embargarle los fondos en ese país por presunto delito de blanqueo de capitales. Aguilera manejó entre 2008 y 2015 tres cuentas en la BPA según documentación del diario El País. Se presentó a la BPA en 2008 como un empresario que planeaba transferir 2,6 millones de euros a la entidad. Justificó ante el banco que sus cuentas acogerían las comisiones de servicios de asesoría a compañías extranjeras.
El abogado de Aguilera Borjas, Edilberto Galán, aseguró al diario El Confidencial que su cliente no tiene ninguna causa judicial abierta en España y criticó los artículos de los medios de comunicación que lo señalan de manejos financieros ilícitos.
El ex viceministro de Energía y Minas durante la presidencia de Chávez, Nervis Villalobos, quien fuera estrecho colaborador del ex ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, reside desde 2014 en Madrid.
El ex funcionario fue detenido en Madrid en 2017. El 14 de septiembre de 2018, la Audiencia Principal admitió el recurso que su defensa interpuso contra su entrada en prisión dictada por un juez en mayo de 2018, siendo liberado el 11 de octubre de 2018. El 17 de octubre de 2018 fue detenido nuevamente por orden del juzgado 41 de Madrid ante nuevos indicios del caso, saliendo libre poco después. El gobierno español llegó a aprobar su extradición a la justicia estadounidense.
En entrevista con el diario El Mundo aseveró que “no ha estado ni estará investigado por ese delito a pesar de ser incluido en el esquema de la DEA por supuesto narcotráfico”. Recordó que la investigación que data de 2017 está relacionada con su presunta participación en hechos de corrupción vinculados a PDVSA, relacionados con el ex tesorero Alejandro Andrade, quien cumple una condena en EEUU.
Aclaró que “su única participación radica en haber tenido firma autorizada en una cuenta bancaria suiza que nunca usó ni para disponer de fondos ni para cualquier otro instrumento financiero”.
Villalobos explicó que más bien colaboró con la Audiencia Nacional Española al entregar un informe que concluye que “realizó una inversión de 6,1 millones de dólares en el Grupo Columbus plenamente respetuosa con el ordenamiento jurídico internacional y, con el sistema financiero y fiscal de Malta”; donde se encuentra ubicado el fondo Latin Real Estate. Los fondos depositados fueron avalados y autorizados por el Banco de España, por lo que, a su juicio “la inversión hecha fue transparente”.
Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española señalaba que Villalobos recurrió a un entramado empresarial internacional para lavar 53,4 millones de euros de la corrupción en Venezuela.
El País de España reseñó que posee un patrimonio compuesto por un centenar de inmuebles en Marbella, más de 40 plazas de garaje y un chalé en La Moraleja, según el departamento Anticorrupción. Destacan dos pisos de lujo en las madrileñas calles Goya y Ramón de la Cruz y tres viviendas en José Abascal y Ortega y Gasset, dos de las vías más caras de la capital española.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó en noviembre de 2018 la extradición del ex viceministro por los presuntos delitos de corrupción pasiva simple, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación.
La ex tesorera de la nación, Claudia Díaz Guillén, también conocida como la enfermera de Chávez, y su esposo Adrián Velásquez Figueroa, ambos ex militares de la Guardia de Honor Presidencial, llegaron a Madrid en 2016 donde adquirieron una vivienda de 1,8 millones de euros.
España los ha investigado por blanqueo de dinero y el departamento del Tesoro de EEUU los incluyó en una trama de corrupción y lavado de dinero relacionada con el ex tesorero Andrade.
Díaz Guillén y su esposo presuntamente recibieron 65 millones de dólares en el HSBC Private Bank (Suiza) y en Panamá. Un reportaje de AP reveló que Díaz decidió mover grandes cantidades de dinero con la compra de 250 lingotes de oro valuados en 9,5 millones de dólares.
A mediados de julio de 2020, el juez español Jaime Serret cursó dos solicitudes a Suiza y EEUU para investigar la fortuna oculta de Díaz en esos países. Ismael Oliver, el abogado español de la pareja, dijo que sus clientes “no tenían conocimiento, oficial o de otro tipo” de esa investigación.
Díaz Guillén trabajó en la Tesorería Nacional de Venezuela y el Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden), entre 2011 y 2013. Era prácticamente desconocida hasta que ella y su esposo aparecieron en 2016 en la filtración de documentos financieros secretos conocidos como los Papeles de Panamá. Eran clientes del bufete de abogados Mossack Fonseca dedicado a crear entramados societarios para ocultar dinero. Por ello, el Ministerio Público venezolano abrió una investigación y emitió una orden de detención internacional contra el matrimonio por enriquecimiento ilícito.
Díaz Guillén declaró a BBC Mundo que en Venezuela su gestión fue auditada por firmas internacionales, como Deloitte. “En ningún momento fui llamada por cualquier objeción que se haya presentado en la administración de los recursos”, dijo.
La pareja sigue en Madrid, y aseguran que las acusaciones en su contra forman parte de la persecución de Nicolás Maduro, ya que el TSJ aprobó la extradición de ambos. Sin embargo, esperan una decisión de la Audiencia Nacional de España sobre sendas recusaciones a las solicitudes que ya habían sido aprobadas por considerar que sus vidas corren peligro en Venezuela.
Rafael Reiter, ex jefe de seguridad de Pdvsa, llegó a Barcelona en 2015 con su esposa, Vanessa Carolina Yssea y adquirió una casa en Sant Cugat del Vallés, en Barcelona, por 1 millón 150 mil euros sin hipoteca, que se encuentra bajo investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía española. El pago se realizó mediante dos cheques bancarios entregados en el propio acto de compraventa, uno de ellos por valor de 69.575 euros y otro por importe de 1.080.425 euros.
El matrimonio justificó el origen de ese dinero alegando que “habían vendido una casa de Miami por valor de 4.350.000 dólares. La casa estaba a nombre de una sociedad en las Islas Marshall, considerada paraíso fiscal por la Unión Europea durante la operación de compra de la vivienda en España, de la que es titular Yssea.
Un juez federal de Houston, Texas, EEUU, reclama la extradición de Reiter por cobrar comisiones ilícitas para favorecer a proveedores de Pdvsa. Su arresto ocurrió en octubre de 2017 pero salió de prisión para ser juzgado en libertad. La Audiencia Nacional de España rechazó la solicitud de extradición hacia EEUU por considerar que primero debe responder ante la justicia española. Su esposa, que también fue detenida, fue puesta en libertad sin medidas cautelares.
La larga lista también incluye a Hugo Carvajal “El Pollo” quien fue capturado, en Madrid, España, el 12 de abril de 2019, atendiendo una solicitud de extradición de EEUU relacionada con cargos de narcotráfico y crimen organizado, mientras fue director de Contrainteligencia Militar (2004-2011 y 2013-2014). Se separó del gobierno chavista y en 2019 reconoció a Juan Guaidó como presidente interino.
Carvajal ganó en primera instancia el juicio tras el auto firmado por los tres jueces que lo liberaron debido a que consideraron que no hay pruebas concretas que avalen la extradición; que Carvajal puede ser considerado un perseguido político y a pesar de que habría cometido delitos al permitir el tráfico de drogas aprovechando su alta investidura militar, se trataría, según los jueces, de delitos que están excluidos de los tratados de extradición entre España y EEUU.
El 17 de septiembre la Audiencia Nacional desestimó la orden de extradición y lo dejó en libertad con régimen de presentación cada 15 días en el juzgado; pero tres meses después, dictó otro auto en el que accedió a la extradición. Desde noviembre de 2019, no se tiene información sobre su paradero en la nación ibérica.
Otros residentes en España fueron Luis Carlos De León Pérez, ex director de finanzas de la Electricidad de Caracas y César David Rincón Godoy, ex gerente de Bariven, filial de Pdvsa para las compras internacionales. Ambos fueron extraditados a EEUU en 2018 para ser juzgados por delitos de corrupción, en la misma trama de pago de sobornos que vincula a Reiter, Villalobos y Javier Alvarado para favorecer a los proveedores de la estatal petrolera Roberto Enrique Rincón y Abraham José Shiera Bastidas.
De León Pérez se declaró culpable en un tribunal federal de Houston de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y lavado de dinero, dijo el Departamento de Justicia de EEUU. Asimismo, Rincón Godoy asumió los cargos de conspiración de lavado de dinero.
A finales de febrero de este año el diario ABC de España reseñó la decisión de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que ratificó la decisión que negó a EEUU la entrega del ex viceministro y ex presidente de la filial de Pdvsa Bariven, Javier Alvarado Ochoa, a solicitud de un tribunal de Texas por blanqueo y conspiración. Los atenuantes fueron que obtuvo la nacionalidad española y mantiene una causa pendiente en suelo español.
Alvarado reside en Madrid desde 2014, fecha en la que registró la inmobiliaria Catalufa Inversiones. Esta sociedad fue cerrada en 2017; año en que la Audiencia Nacional le abrió una investigación, por blanqueo y soborno.
La UDEF de la Policía Nacional detuvo en Madrid, en junio de 2018, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, por orden del Juzgado número 27 de plaza de Castilla, al empresario venezolano José Roberto Rincón Bravo, hijo del empresario Roberto Enrique Rincón Márquez, y a su madre María Lila Bravo, de visita en España, acusados de blanquear en la nación ibérica parte de la fortuna que presuntamente amasó la familia.
El juez decretó el embargo de una finca de 400 hectáreas en Belmonte de Tajo (Madrid), una mansión en Pozuelo, cuatro automóviles, joyas valoradas en 12 millones de euros, y una bodega de vinos, entre otros activos.
Rincón Bravo llegó a España en 2012, cuando registró en Madrid la empresa Tradequip España Inspección y Logística, según el Registro Mercantil. El diario El Mundo detalló que, además, administra otras empresas españolas: Global Maghas, Cibaria Gourmet y Producciones Cinematográficas Venezolanas Miranda.
La Fiscalía sostiene que estos activos estarían contaminados por los delitos reconocidos por su padre en EEUU, y por tanto, su esposa y su hijo, serían culpables del blanqueo de esos fondos obtenidos ilícitamente.
Rincón Bravo niega que sus propiedades y bienes en España tengan la más mínima vinculación con esos hechos y proclama su inocencia, según declaró al portal El Confidencial. “Ahora mismo no puedo tener ni una cuenta personal. Es un trauma; pero entiendo que el proceso es así, aunque desearía que terminara lo antes posible. Me gusta España, confío en el sistema español y confío en la justicia española”, dijo en junio de 2019.
Dos de los nombres más destacados que terminaron en España son Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau, del grupo conocidos como “bolichicos”. Ambos son propietarios de la empresa española Derwick Associates International, rebautizada con el nombre de Compañía de Inversiones Agrícolas Trieste.
De acuerdo a El País, llegaron a España en 2011 y compraron la finca del español Gerardo Díaz Ferrán por 22,8 millones. Son socios del empresario español Alberto Cortina en la sociedad venezolana Petrozamora, donde Pdvsa tiene 60% y estos tres empresarios el 40% restante, con financiación de la entidad rusa Grazprombank. Betancourt es también socio mayoritario junto con Cortina en un grupo financiero en África en el que participan fortunas españolas y portuguesas (BDK Fnancial Group).
Hasta ahora, sólo dos (De León Pérez y Rincón Godoy) de los siete solicitados por EEUU por redes de corrupción y narcotráfico han sido extraditados hacia EEUU en los cuales figuraban Carvajal, Alvarado, Reiter y Villalobos. Díaz Guillén y Velásquez Figueroa son requeridos por Venezuela.
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