El populismo militar golpista triunfante de Juan Velasco Alvarado (1968–1975) inauguró en Perú el “Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas”, de carácter ultranacionalista. Se iniciaba así un proceso autocrático y de reformas socializantes, cooperativistas, autogestionarias o colectivistas en nombre del “pueblo”, contenidos en el denominado plan INCA. El régimen se autodefinía como impulsor de la lucha contra la injusticia social y, al mismo tiempo, como factor de cohesión con el pueblo. Se autopromovió como el primer gobierno que luchó a favor de las grandes mayorías oprimidas.
Se adjudicaría haber comenzado transformaciones que no habían realizado los gobiernos civiles, por lo cual las fuerzas armadas se vieron obligadas a hacer la revolución. La intención respondía a las tendencias de los militares latinoamericanos de encarnar y protagonizar el ideal revolucionario de manera exclusiva, desplazando a un papel secundario o eliminando la actuación de los políticos civiles.
El quebrantando del orden institucional liberal democrático dio pie al fortalecimiento de una oligarquía militar, tanto en el aspecto político como en el económico. Respaldados por sectores de izquierda fundamentalista, influenciaría en la década de los 80 a los movimientos subversivos Sendero Luminoso y Túpac Amaru, combatidos duramente por las Fuerzas Armadas a partir del segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980-1985).
Los inicios
La causa inmediata del golpe de Estado de octubre de 1968 contra el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1963-1968), se justificó en razón de la corrupción administrativa. Específicamente, relacionado con la negociación hecha con la International Petroleum Company (IPC), denominada “conspiración de la página 11”, en la coyuntura de la nacionalización de los pozos petrolíferos de la Brea y Pariñas. Esa medida quebraba el monopolio de la industrialización y distribución del petróleo de la IPC en Perú.
El primer ministro y comandante del Ejército peruano, Edgardo Mercado Jarrin, aseveraría que la forma como estaba establecida la democracia antes de la Revolución, hecha a través de partidos políticos, “no permitía el desarrollo nacional, siendo necesario realizar cambios. En primer lugar, tener fuerza; y en segundo lugar, estabilidad. El papel tradicional del Ejercito había sido invertido y en vez de defensor de los intereses establecidos ha actuado a favor de las grandes mayorías nacionales”.
Velasco Alvarado procedió a amnistiar a guerrilleros que tomaron parte en actos subversivos durante el gobierno de Belaúnde Terry, ganándose así la simpatía de la izquierda radical.
El rol de la APRA
El partido aprista (Alianza Peruana Revolucionaria Americana) era el más importante de la oposición -y políticamente el más afectado-. Uno de sus principales dirigentes, Luis Alberto Sánchez, aseveraría al respecto que era necesario que estos países empezaran a liberarse del “derrotismo, que solo puede caminar a palos (…) Hay que cambiar el sentimiento de recua por el de grey humana”, añadía.
Sobre la decisión de la Junta Revolucionaria Militar de no convocar a elecciones en el mediano plazo y de “realizar todas las más profundas transformaciones irreversibles antes de que lleguen los políticos y traten de volverlos atrás”, Sánchez aseveraría que los militares se convirtieron en políticos, al usurpar funciones de gobierno. Y lo que era peor: en políticos sin experiencia. Advertía que, sin elecciones, Perú marcha hacia una “dictadura perpetua” y que “con hombres envilecidos no se puede hacer avanzar a un país”.
Reivindicaba Sánchez que Víctor Raúl Haya De La Torre seguía siendo el jefe de APRA. Aseguraba que este movimiento político “permanece duro” y continuaba siendo la primera fuerza política democrática del Perú. Sostenía además que Haya De La Torre, como líder histórico, reclamaba la autoría intelectual de las reformas emprendidas por la denominada revolución militar y observaba en estas la realización de los ideales fundacionales del APRA. Otra versión propone una lectura contraria: el golpe de Estado promovido por Velasco tenía como objetivo principal impedir el triunfo electoral de la APRA.
La doctrina
Los militares peruanos decían consagrarse a ejecutar una política en defensa de las clases populares, abrazando la tesis de que el desarrollo económico no puede descuidar al hombre, que tiene que estar estrechamente vinculado con lo social, aun si ello implica sacrificar la potencialidad económica del país. No se podría reforzar la economía postergando las transformaciones sociales, pues la experiencia mostraba que tal tipo de desarrollo es el sector económico más avanzado, el que se enriquece mientras que los sectores más atrasados retroceden.
No se tendría derecho a pedir al pueblo que se sacrifique en espera de un progreso futuro. Se daría prioridad a la social sobre lo económico, porque la revolución es humanista. Invoca el “socialismo libertario”, es decir, diferente del que se cuestionaba para la época. La tesis de los militares peruanos se diferenciaba de la de sus pares brasileños, quienes ponían énfasis en el crecimiento y la diversificación económicos en procura del “prestigio nacional”.
Reivindicación de la izquierda
El gobierno de Velasco Alvarado fue calificado por el historiador estadounidense George W. Grayson –Current History, Filadelfia, EE UU– como formado por militares de “línea nacionalista”, llamado a convertirse en un “modelo de gobierno” continental. Se proponía realizar “una revolución” que trascendiera a la cubana, a la mexicana y a cualquier otra que hubiera tenido lugar en América Latina.
Las tendencias militaristas, avaladas por la intelectualidad de izquierda internacional, reivindicaban su carácter nacionalista e independiente y su apoyo a los “movimientos de liberación” en el contexto de la Guerra Fría. Se consideraban “nuevos militares” dentro del “pluralismo político continental”, que incluía a la democracia representativa venezolana, hasta los gobiernos militares allegados a la derecha y la oligarquía -de marcado carácter represivo-, lo mismo que a las dictaduras imperantes en Brasil, Paraguay y Centroamérica.
Estatismo
La piedra angular de la “Revolución de la Fuerzas Armadas” fue el “estatismo”. Tal tendencia derivó en la burocratización de la administración pública por la gerencia militar. El Estado no se limitaba a ser un administrador político, sino que también se erigía en promotor y regulador de la economía, con una fuerte tendencia a monopolizar, siendo “el eje central del nuevo modo de articulación”.
No se consideraría abiertamente anticapitalista, pero sin contradecir el espíritu nacionalista buscaría la integración de sectores sociales básicos, en un proceso productivo y de desarrollo del capitalismo estatal. Se trataría de instaurar un modelo neocapitalista, sin estar frente a la clásica relación neocolonial. El poder del capitalismo criollo sería mayor o menos subordinado y mayor también el basamento social del Estado. No estarían limitados a la burguesía nativa, de lo cual surgiría su capacidad para negociar la nueva orientación del Perú.
Medidas radicales
Aunadas con la “reforma agraria”, destacaron las medidas de estatización de la industria de la harina y el aceite de pescado, lo que aumentó la participación del Estado como rector y promotor de la actividad económica. Perú era para ese momento el primer productor mundial de dichos rubros. El dominio del sector lo detentaban empresarios nacionales, norteamericanos, alemanes y japoneses. Se alegaba que no existía un organismo estatal relacionado con la explotación pesquera, para hacerla más eficiente. Fue creado, entonces, el Ministerio de Pesquería. Se nacionalizó la industria minera, particularmente del cobre, en la provincia de Cerro de Pasco. También se estatizó la industria petrolera.
Las bases económicas fueron definidas como correspondientes a un “pluralismo” en el que la propiedad de los medios de producción estaría en cuatro sectores definidos: 1) El sector de la propiedad social, en manos de los trabajadores, dándole a estsos participación en la gestión y en los beneficios. 2) La propiedad estatal, sin que ello significara estatismo absoluto. 3) La propiedad privada reformada, con un mecanismo denominado “comunidad laboral”. 4) La pequeña industria de servicios y otras actividades.
El discurso antiimperialista
Esta tendencia militar de izquierda estuvo representada además por el gobierno de Torrijos en Panamá y, en cierto modo, por el gobierno de Hugo Banzer en Bolivia. Emergían con una nueva mentalidad, contraria a la militarista tradicional y que servía de sustento a las oligarquías, minimizando o sin importar su origen antidemocrático, incluso golpista. Esa tesis era acogida como “pluralismo ideológico”, como fue en el caso del gobierno socialcristiano de Rafael Caldera en Venezuela.
Se atribuyó al militarismo izquierdista la búsqueda de una “nueva línea de desarrollo” para sus pueblos, opuesto a los imperialismos– especialmente el estadounidense –, reflejándose en el acercamiento a la Unión Soviética y a Europa Oriental, en el apoyo a los “movimientos de liberación” y al “tercermundismo”. Postulaban reformas profundas para el despegue económico, político, social y cultural de sus pueblos. Incluso, se le interpretaba como alternativa más viable que el marxismo, al permitir una mayor participación popular en el sistema político, con redefinición y modernización de la dependencia de los centros capitalistas, aunque sin lograr la superación de esa condición.
El secretario general de la OEA para la época, Galo Plaza, manifestó que, aunque no estaba de acuerdo con los gobiernos militares que habían surgido en Perú y Bolivia, tenía que apoyar las medidas nacionalistas que dichos gobiernos habían adoptado.
En política exterior asumían: 1) Sostener la soberanía de 200, millas de mar territorial. 2) Incorporar al régimen cubano al sistema de pluralismo ideológico en América Latina. 3) Resistir la intervención de Estados Unidos en asuntos internos de otras naciones. 4) Establecer relaciones diplomáticas y comerciales con el bloque socialista.
Visita de Salvador Allende a Lima
En septiembre de 1971, el presidente de Chile, Salvador Allende, viaja en visita oficial a Lima. Buscaba ensayar un modelo socialista en la nación austral. Con “honda e íntima satisfacción”, pudo expresar que Perú y Chile tenían gobiernos legítimamente facultados para cumplir la misión histórica de completar la emancipación política y alcanzar la independencia económica, como pasos indispensables para la “plena soberanía”.
Tras escuchar las palabras del general Velasco Alvarado, dichas en un lenguaje “esculpido en la verdad dura”, el entonces mandatario chileno exaltó “las grandes y justas líneas” de la acción del gobierno revolucionario peruano para conducir a su pueblo hacia las “grandes avenidas” de la auténtica democracia y libertad.
Conflicto con los medios de comunicación
El gobierno revolucionario dictó el decreto-ley Nº 18.075 o Estatuto de Libertad de Prensa, Este, entre otros considerandos, señalaba: “Es imperativo adecuar la libertad de prensa a las actuales aspiraciones de la actualidad peruana”. La Asociación Nacional y la Federación de Periodistas interpusieron un recurso de habeas corpus contra dicho decreto-ley. La Corte Superior lo denegó. La Corte Suprema de Perú consideró la medida un acto legítimo del gobierno, enfrentado a la conspiración nacional e internacional de la “gran prensa peruana”. Destaca el literal “G” del artículo 27 del Estatuto, que establecía sanciones contra los responsables de publicaciones que pusieran en riesgo la seguridad integral del Estado.
El ministro de Minas, general Jorge Fernández Maldonado, anunció que se tomarían medidas contra los periódicos que divulgaran noticias malintencionadas con el propósito de crear una imagen falsa del país y del proceso revolucionario. Fueron clausurados los diarios Expreso y Extra, la revista Caretas y las radioemisoras Radio Noticias y Radio Continente. Adicionalmente, se ejerció presión contra los canales de televisión privados para que vendieran 51% de sus acciones al Estado. Fueron expropiados los periódicos La Prensa, El Comercio, Última Hora y Ojo, mediante el decreto-ley Nº 20.681.
La acción del sistema interamericano
El canciller peruano de la época, general Miguel Ángel de la Flor, advertía que la Carta Interna de la OEA no era sino expresión de la voluntad hegemónica del más poderoso país del continente. Pedía que se sustituyera por otra que permitiera relaciones más respetuosas y equilibradas entre todos los países. Consideraba que América Latina era un dócil traspatio para la política exterior estadounidense y una plataforma para su pretensión hegemónica mundial.
En visita realizada a Caracas por el general Edgardo Mercado Jarrin, para asistir a la Décima Conferencia de Jefes del Ejércitos Americanos, este advirtió que el Sistema Militar Interamericano había surgido como consecuencia de la Guerra Fría. Esta situación, consideraba Mercado Jarrim, ya había superada por el cambio de relaciones de poder, en vista de lo cual la disputa no se circunscribía a Washington y Moscú, por cuanto habían surgido nuevas potencias como Japón, el Mercado Común Europeo y China.
Además, sostenía que la guerra como tal estaba desapareciendo en virtud del desarrollo del armamento nuclear. Ello había dado lugar a una suerte de “solidaridad del terror”. Por ello, no se podía seguir sosteniendo la “agresión extracontinental”, como lo planteaba el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), fundamento del Sistema Militar Interamericano.
Acercamiento a Cuba
Bajo el gobierno militar, Perú fue el segundo país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas con el régimen castrista cubano, haciendo caso omiso de las restricciones que al respecto impuso la Organización de Estados Americanos. El primero había sido el gobierno de Salvador Allende. Tal acción fue interpretada por algunos como una reafirmación de soberanía y pluralismo ideológico, que paulatinamente rompió el aislamiento al régimen cubano.
Entre noviembre y diciembre de 1971, Fidel Castro realiza visitas oficiales a Ecuador y Perú. Fueron escalas técnicas de su viaje a Santiago de Chile para respaldar al gobierno de Allende. El primer embajador cubano designado en Perú, en julio de 1972, fue Antonio Núñez Jiménez. Se restablecían así las relaciones diplomáticas tras estar 12 años suspendidas, hecho que fue visto como un paso importante en la aceptación del régimen castrista dentro del concierto de las naciones latinoamericanas.
El gobierno peruano propuso en el seno de la OEA el reingreso de Cuba a la organización, así como el levantamiento de las medidas colectivas implementadas en contra de la isla. Tal moción fue rechazada en esa oportunidad por la mayoría de los Estados miembros.
Resultados
Las reformas socializantes de Velasco se hicieron insostenibles. La apología de la pobreza condujo la formación y multiplicación incontrolable de mayores cinturones de miseria, demagógicamente denominados pueblos jóvenes en la ciudad de Lima. Esto fue consecuencia del fracaso de la reforma agraria y de la nacionalización de la minería, que disparó la migración de los habitantes del interior del país. A ello se agregó la destrucción de la iniciativa privada, por el cooperativismo y colectivismo aupado por el populismo militar -particularmente en el sector agrario- y la desaparición de las grandes haciendas señaladas como latifundios.
Velasco Alvarado admitiría que el objetivo de la “revolución militar” era terminar con la “oligarquía”. Dijo que, a pesar de haberlo hecho, sus restos cobraban vida otra vez, para concluir que en el Perú “fatalmente, la oligarquía nunca muere”. La nacionalización de la banca buscó, según el mandatario, manejar el crédito con un “criterio revolucionario”. No había terminado la obra de la revolución, particularmente en salud y vivienda, al verse desalojado del poder.
Protestas y saqueos
Las revueltas se iniciaron el 5 de febrero de 1975. El detonante fue una huelga policial motivada por una supuesta reivindicación salarial. Participaron en tal acción la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones. Según la versión oficial, el conflicto estuvo azuzado por viejos políticos, que habían sido desplazados del poder por la revolución. La huelga fue respaldada por alumnos de la Universidad Federico Villareal, de tendencia aprista. Los desórdenes fueron atribuidos por el gobierno a delincuentes políticos y hampa común.
Hubo saqueos sin precedentes en Lima, por el supuesto asesinato de policías huelguistas a manos de tropas castrenses. El reemplazo del premier general Edgardo Mercado Jarrin por el general Francisco Morales Bermúdez, bajo la excusa del pase a retiro por haber cumplido los años de servicios que establecía la Ley de Situación Militar, arrojó una sombra de dudas sobre la fortaleza del gobierno.
Derrocamiento de Velasco Alvarado
Se desconoce si Velazco se vio forzado a dimitir del poder por cuestiones de salud – afecciones estomacales- o por presión de las Fuerzas Armadas. Estas dejaron de acompañarlo en su experimento socialista. El enfrentamiento entre “corrientes” trajo consigo el resquebrajamiento, única garantía estabilidad gubernamental y condicionante de la acción del gobierno y del proceso de transformación revolucionaria. El apoyo unitario o consenso se fracturó al surgir discrepancias con el ministro de Marina, almirante Luis Vargas Caballero. Con él se solidarizaron otros altos oficiales.
Se produjo una sublevación militar en la ciudad de Tacna, el 29 de agosto de 1975. En esa fecha, se anuncia que Velasco había sido destituido por haber desviado el proceso revolucionario y por su acentuado personalismo. Se afirmó también que no se hallaba en pleno uso de sus facultades mentales, lo que lo inhabilitaba para continuar gobernando.
Desde 1976, sufrió severos quebrantos de salud que implicaron varias intervenciones quirúrgicas y prolongadas hospitalizaciones. Murió en el Hospital Militar de Lima el 24 de diciembre de 1977.
La transición
Los militares peruanos se encargaron de conducir la transición a la democracia a través de la figura del general Francisco Morales Bermúdez. El régimen de Velasco legó dos constantes del populismo militarista: 1) La formación de una clase oligárquica militar surgida de la burocratización y el clientelismo. 2) Una crisis política, institucional y económica que endosan nuevamente a los civiles para resolverla.
Se contaba con los líderes y partidos tradicionales –Acción Popular y APRA– para orientar la conducción democrática. Se convocó un proceso constituyente en 1978, del cual surgió la Constitución de 1979. Las elecciones generales fueron celebradas el año siguiente.
Velasco Alvarado había expresado en su momento:: “Si ya no hay revolución, entonces el gobierno militar ya no se justifica. Debe haber, pues, un gobierno democrático, ¿no?”.
