La discreta farsa de la Relatora Especial

Alena Douhan, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales (es decir, sanciones), se sentó en una mesa negra delante de las banderas de Venezuela y de Naciones Unidas sobrepuestas contra un fondo de cortinas igualmente oscuras. Era una rueda de prensa y una que otra polilla volaba en la sala, iluminadas por las luces de las cámaras. Vistiendo una blusa de estampados vegetales, y con mascarilla sobre su boca, dio su veredicto tras dos semanas de inspeccionar el impacto de las sanciones extranjeras en Venezuela y reunirse con ONGs, organismos públicos, figuras del régimen de Maduro, la Iglesia Católica, el sector privado y actores de la oposición (aunque no especificó si la independiente o la de los alacranes). “Las sanciones unilaterales sobre Venezuela drásticamente afectan los derechos del pueblo venezolano y deben ser levantadas”, resumiría en su Twitter unas horas después.

Siguió el zaperoco mediático: un chavismo celebratorio y una oposición crítica. El Canciller de Maduro, Jorge Arreaza, recomendó el reporte a “l@s compatriotas que no han entendido el efecto devastador de las sanciones”. Cuentas del PSUV compartieron el reporte, hablando de las sanciones como “un crimen”. Miguel Pizarro, Comisionado especial de Guaidó, lamentó “las imprecisiones” y temas ignorados por el reporte. Provea, la organización de derechos humanos, tuiteó “dicen que la culpa es de las sanciones, pero la crisis fue primero”. Incluso Henrique Capriles, crítico de varias políticas apoyadas por Guaidó, dijo que “el informe presentado por la Relatora no corresponde con la realidad del país”.

Y tenía razón: un simple vistazo a lo dicho en su rueda de prensa revela fallas profundas en su argumento, propicias a alimentar aquella nociva propaganda chavista que trasciende las fronteras y distorsiona la realidad, como toda posverdad.

¿Quién es Alena Douhan, la Relatora Especial?

Pero, ¿quién es Alena Douhan, la Relatora Especial? Douhan es nativa de Bielorrusia y fue nombrada a Relatora Especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales en marzo del 2020, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El cargo, a su vez, fue creado por una resolución de 2014 introducida por Irán en nombre del Movimiento de Países No Alineados y recibió el voto de países que frecuentemente son sancionados por violaciones de derechos humanos como Rusia, China, Cuba y Venezuela. Además, es un cargo relativamente autónomo: no recibe un salario de la ONU.

Desde entonces, Douhan ha levantado múltiples controversias por describir a las sanciones en general como una práctica ilegal que ataca a los instrumentos legales en pro de los derechos humanos. En abril de 2020, incluso, sugirió que todas las sanciones globales debían ser levantadas hasta que termine la pandemia: una excusa repetida constantemente por regímenes autoritarios sancionados.

Por ello, Hillel Neuer –director de la ONG U.N. Watch dedicada a responsabilizar a la ONU por sus fallas en cuanto a situaciones de derechos humanos– ha descrito a Douhan como “una Relatora Especial dedicada a condenar todas las sanciones a dictaduras como ‘violaciones de derechos humanos’”.

También Jimmy Quinn, autor en National Review, ha descrito la oficina de la Relatora Especial como “un perro de ataque que actúa en nombre de esos regímenes [violadores de derechos humanos] para inscribir un entendimiento perverso de las sanciones y los derechos humanos en el léxico legal internacional”. De hecho, Idriss Jazairy –el argeliano que precedió a Douhan en el cargo– creó un “Código de Conducta” para censurar a otros Relatores de derechos humanos de la ONU, como ha reportado U.N. Watch.

En enero, Douhan también fue criticada por aceptar ser entrevistada por The Grayzone (y compartirlo en su Twitter): una página web americana dedicada a defender las violaciones de derechos humanos de Maduro y Bashar al-Assad como también de negar repetidas veces el genocidio contra la población uigur, que está siendo cometido por el régimen chino. El contenido de The Grayzone es tan frontalmente propagandista, rechazando todo sentido de ética y estándares periodísticos, que Wikipedia ha prohibido usarlo como fuente en sus artículos. Que Douhan acepte ser entrevistada allí, en un medio que abiertamente niega un genocidio y defiende dictaduras, deja mucho que pensar sobre sus credenciales como defensora de los derechos humanos.

También, antes de ser nombrada al cargo, Douhan fue profesora de Derecho Internacional en la Universidad Estatal de Bielorrusia, una institución pública pero no precisamente autónomas colaboradora del régimen de Alexander Lukashenko, el dictador que ha gobernado Bielorrusia desde la caída de la Unión Soviética, conocido por sus violaciones de derechos humanos y elecciones fraudulentas sin mucho reconocimiento internacional desde los noventa.

Por ejemplo, en 2008, el activista opositor Franak Viačorka fue expulsado por la Universidad y forzado a servicio militar. Las expulsiones de estudiantes opositores o que han protestado contra Lukashenko aumentaron en los años consiguientes. Por ello, en 2012, la Unión Europea prohibió la entrada del rector a su territorio. De acuerdo a varios grupos de derechos humanos en Bielorrusia, la Universidad también fuerza a muchos de sus estudiantes a votar antes en elecciones y referéndums como parte de los fraudes electorales centralizados en la república pos-soviética.  

PDVSA, ¿Víctima del imperialismo?

Las afirmaciones de la Relatora en cuanto a las causas de la crisis venezolana son, cuanto menos, distorsionadas. Aunque Douhan posiciona al 2014 como el inicio de la crisis económica, y mencionó superficialmente la corrupción y los controles de precios, la Relatora también trató de redefinir los hechos históricos: por ejemplo, alegó que las primeras sanciones a Venezuela databan de 2005 y 2006, refiriéndose a un embargo americano de armas y sanciones a individuos y entidades por narcotráfico. Es decir, sanciones que en nada afectaron a la producción petrolera venezolana. De igual forma, al listar todas las sanciones de diferentes países puestas sobre Venezuela, la Relatora no excluyó sanciones a individuos ligados al régimen y sus cuentas personales de aquellas al gobierno, las entidades públicas y las cuentas públicas: ¿un arroz con mango coercitivo?

Douhan, además, relató que los ingresos del Estado venezolano se han reducido un 99 por ciento por la «exacerbación» de las sanciones a la industria petrolera, crucial en un país monoproductor como Venezuela. Esto, a su vez, habría generado un agotamiento de la mayoría del personal de los servicios públicos. La visión de que las sanciones americanas devastaron la producción petrolera venezolana y causaron una crisis tan severa como la que vive el país, ha sido promovida por figuras como la congresista americana Ilhan Omar y la actriz Pamela Anderson. En 2019, Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot del Centro para la Investigación Política y Economica en Washington D.C., publicaron una investigación donde concluían que la producción petrolera venezolana había sido drásticamente reducida por las sanciones, causando cuarenta mil muertes indirectas en Venezuela.

Pero en un artículo en la revista Americas Quarterly los economistas venezolanos Ricardo Hausmann y Frank Muci desmintieron la investigación (tan repetida por el socialismo del mundo desarrollado) de Sachs y Weisbrot, la cual –muestra el artículo– manipuló «convenientemente» datos y tablas.

Hausmann y Muci demostraron que la producción petrolera venezolana ha ido en picada desde el despido de 20.000 empleados de PDVSA en 2003 por parte de Hugo Chávez y posteriores purgas por parte de Maduro: la precipitada caía de la producción que se aceleró a partir de 2019 –causada por mal manejo, corrupción, expropiación de instalaciones que prestan servicio petrolero, personal partidista no capacitado y falta de mantenimiento– venía desde mediados de los 2000. De hecho, Venezuela aportaba alrededor de 10% de la producción de la OPEP en 1999: el número fue en picada del 2000 en adelante, dos décadas antes de las sanciones.

De igual forma, Hausmann y Muci muestran que Weisbrot y Sachs no usaron ninguna metodología para analizar si las crecientes tasas de mortalidad hubiesen decrecido sin las sanciones, ignorando así el éxodo de doctores, la corrupción e indolencia gubernamental o el colapso de la producción e importaciones de medicina y comida debido a políticas gubernamentales mucho antes de las sanciones petroleras y económicas del 2017 y 2019. Por ejemplo, el colapso de la producción cafetera debido a las expropiaciones o la confiscación en 2016 de parte del gobierno de medicina importada por la organización caritativa católica Caritas. Cuando cayeron los precios del petróleo en 2014, el gobierno se negó a hacer una reestructuración de la deuda y decidió cortar las importaciones de comida y medicina, causando la emergencia humanitaria. Estas habían sido reducidas a más de un 80% cuando se impusieron las sanciones. Por ende, el personal público y el éxodo masivo de venezolanos (escapando el hambre y la falta de salud) también precedió a las sanciones petroleras y económicas.

Además, muestran Hausmann y Muci, la producción colapsó estrepitosamente en 2019 con meses de antelación de que las sanciones se hiciesen efectivas en abril: caídas propiciadas por los apagones nacionales sucedidos en marzo. Y aun así, Venezuela siguió (y sigue, como muestra una investigación de Bloomberg) vendiéndole petróleo a China.

Aun así, Douhan –ante las preguntas sobre la situación previa de la industria petrolera de parte de periodistas de la Voz de América y el canal chileno Mega– prefirió insistir que las sanciones exacerbaron “muchísimo” el colapso de la industria y de PDVSA. Pero, cuando Vivian Sequera de Reuters, preguntó por qué Irán –aun más sancionada que Venezuela y por mucho más tiempo– sí puede producir petróleo y exportarlo (incluso a Venezuela), la Relatora se remitió a decir: “esta pregunta es mejor que se le haga a los gobiernos que le pusieron sanciones a Venezuela para no vender petróleo”.

Sin luz y sin agua pero con bodegones

La Relatora, además, afirmó que las sanciones han socavado el potencial impacto de las reformas económicas recientes (apertura de importaciones, levantamiento del control cambiario, etcétera): una visión extraña si consideramos que la reciente «perestroika» clandestina que ha vivido Venezuela no ha sido un hecho independiente socavado por las sanciones sino resultado de ellas. Aunque puede que su potencial sí esté limitado por las sanciones, las mismas reformas no existirían (al menos no al nivel actual) sin ellas: la presión no trajo cambio político, pero si cierto cambio económico.

Es decir, sin acceso a las cuentas exteriores del país y con la imposibilidad de seguir dependiendo de las arcas de PDVSA, el Estado venezolano ha recurrido a una discreta apertura del mercado que ha creado aquel panorama extraño de dólares y bodegones de todo tipo de mercancía importada en las ciudades venezolanas.

También, Douhan afirma que los bancos internacionales han sido reacios en cuanto a préstamos e inversiones relacionadas con Venezuela. Aunque definitivamente han obstaculizado el trato de empresas privadas venezolanas con el mercado financiero en el extranjero, las sanciones han sido solo la cúspide de una desconfianza económica preexistente: no solo por la falta de seguridad legal que la bacanal de expropiaciones chavistas ha causado sino por la imposibilidad de Venezuela –debido a la ortodoxia en el manejo económico- de pagar deudas y asegurar la venta de bonos. Por ende, dicen Hausmann y Muci, “Venezuela ya estaba excluida de los mercados de capital meses antes de las sanciones de agosto de 2017”.

Pero Douhan prefirió seguir inculpando a las sanciones de las fallas por años de los gobiernos chavistas. Por ejemplo, dijo ver con preocupación que “debido a la imposibilidad de contar con nueva maquinaria, repuestos y personal competente, el venezolano tiene menos acceso a la electricidad y al agua”. Por supuesto, no mencionó que las fallas eléctricas datan desde la nacionalización del sector en 2007 y la “emergencia eléctrica” de 2009, que llevó al despilfarro de 50 mil millones de dólares: por ende, Venezuela sufrió apagones nacionales o constantes (y subsecuentes racionamientos del agua y la luz) en 2009, 2010, 2013, 2016 y por supuesto los conocidísimos apagones del 2019, sucedidos un mes antes de que las sanciones petroleras tomaran efecto el 15 de abril. Y bien se sabe, como ha dicho Juan Cristóbal Nagel en un reportaje de 2016 para Foreign Policy, que esta racha de racionamientos y apagones se debe al mal manejo del sector nacionalizado y la corrupción rampante.

De igual forma, Douhan afirmó que las sanciones han tenido “un impacto gigantesco en el acceso a la comida y medicina”, sin mencionar que las sanciones estadounidenses no contemplan “actividades que aborden preocupaciones medioambientales, humanitarias y de seguridad”. Es decir, jamás se ha prohibido la importación de comida y medicina, y los bodegones en Caracas repletos de todo tipo de alimentos importados al igual que el acuerdo con la OPS durante el inicio de la pandemia son prueba de ello.   

Un país sin derechos

El léxico legal de la Relatora, rayando en el cinismo, parece burlar la falta de Estado de Derecho y las grotescas violaciones de derechos humanos en Venezuela. Por ejemplo, afirmó que las sanciones violan el principio de “presunción de inocencia” al no seguir un proceso legal. Pero, ¿qué presunción de inocencia? ¿No es suficiente con los cientos de reportes grotescos de violaciones de derechos humanos por grupos nacionales e internacionales como Provea, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y los lapidarios reportes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU? ¿Deben esperar en sufrimiento los venezolanos que algún lento y casi inútil organismo internacional, como la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia, decida vernos e iniciar un proceso legal de años que usualmente no tienen resultados más allá del papel?

De igual forma, Douhan describe la campaña de sanciones como presión para un cambio de gobierno como una violación al “principio de igualdad soberana” y una “intervención en asuntos internos de Venezuela”. Pregunto de nuevo: ¿entonces deben los venezolanos recurrir a sus elecciones fraudulentas, sin garantías ni posibilidad de cambio, para finalmente lograr una transición hacia la democracia? ¿Debemos participar en “elecciones” creadas a la medida de un régimen rechazada por la mayoría de la población y que incluso Smartmatic, la empresa que proveía sus servicios digitales para el proceso electoral, ha descrito como fraudulentas?

Similarmente, la Relatora dice ver con preocupación las cláusulas de confidencialidad de la Ley Anti-Bloqueo sin mencionar la ilegalidad de la misma como creación de una Asamblea Constituyente ilegítima.

Douhan incluso osa calificar al bloqueo de bienes activos y cuentas bancarias, sin especificar si son aquellas de individuos corruptos o empresas públicas, como una “violación del derecho a la propiedad” sin hacer mención alguna a las casi 1.200 empresas que expropió Chávez en diez años, las más de 5 millones de hectáreas de tierras expropiadas desde 2015 por el Estado y el cierre de más de 500.000 empresas entre 2008 y 2017 por las políticas económicas del chavismo. Señora Relatora, en el chavismo no existe tal cosa como al derecho a la propiedad.

La crisis fue primero

La recomendación de Douhan es clara: levantar las sanciones es “la única manera que podemos garantizar el bienestar de la población venezolana y el resguardo de sus derechos humanos”.

Queda preguntar entonces, ¿cómo levantar las sanciones va a evitar el mal manejo previo del chavismo que llevó a la emergencia humanitaria que Douhan culpa en la “exacerbación” sanciones? ¿Cómo levantar las sanciones va a asegurar la independencia de los poderes públicos, el fin de las decenas de miles de asesinatos y torturas por parte de fuerzas de seguridad del Estado, la persecución y arresto de opositores y la censura mediática que los reportes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (que Douhan evitó mencionar) han demostrado con detalles y anécdotas desgarradores?

La Relatora Especial no lo específica: solo reafirma, con una gran farsa decorada con léxico del mundo del Derecho Internacional, la propaganda estatal venezolana. Esa triste y cansada narrativa, tan repetida por la extrema izquierda de otros países, de un cruel “bloqueo” que ha forzado a Venezuela a una de las peores crisis económicas, sociales, políticas y humanitarias del hemisferio occidental: el mismo cuento hueco pero eterno de inocentes y buenos revolucionarios víctimas de los abusos del imperialismo yanqui.

Pero, señora Relatora, solo queda repetir el mantra de las redes sociales: la crisis fue primero.