Migrantes: de la euforia al desconcierto

Con escasas horas de diferencia hemos presenciado lo que podría decirse son las dos caras de la moneda, en relación con la crisis migratoria que vive Venezuela. El país que tiene el mayor número de migrantes decide acogerlos en firme y le crea un estatuto especial para su protección; el tercer país con el mayor número de venezolanos implanta un programa de deportaciones.

Aunque diametralmente opuestas, las decisiones tomadas por los gobiernos de Colombia (al acoger) y Chile (al expulsar) en realidad reflejan un problema de fondo. No habrá un retorno de la normalidad (política y económica) a Venezuela en el corto y mediano plazo, y por tanto no es de esperarse un regreso masivo de venezolanos a nuestro país.

Expertos en migraciones, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil han pasado en Venezuela de la celebración eufórica a la crítica feroz. El lunes 8 de febrero, el presidente colombiano Iván Duque anunciaba un estatus especial para proteger a la migración venezolana en ese país; dos días después se conocía la inédita deportación de venezolanos desde Chile, un país que tuvo una política de puertas abiertas en los primeros años del gobierno de Piñera.

Es la primera imagen para el imaginario venezolano de la diáspora. Si bien Estados Unidos o Trinidad y Tobago han deportado a emigrantes venezolanos, no hubo imágenes de tales procesos. En cambio, el centenar de venezolanos regresados al país en un avión de la fuerza aérea de Chile ha tenido un impacto bastante negativo, incluso entre la oposición democrática que tuvo en el gobierno de Sebastián Piñera a un gran aliado.

El presidente chileno incluso defendió en foros públicos la acogida masiva de venezolanos, “que huyen de un régimen que les niega las libertades fundamentales”.

“La decisión del gobierno chileno de deportar a un grupo de venezolanos no es cónsona con la conducta asumida por los gobiernos democráticos venezolanos que recibieron a centenares de chilenos que huían de las dictaduras más brutales y que hicieron de nuestro país su segunda patria”, se quejó desde Bogotá Julio Borges, comisionado de política exterior nombrado por Juan Guaidó cuando encabezaba la Asamblea Nacional, e integrante del Grupo de Lima, donde Piñera tuvo un papel protagónico.

Borges, quien también fue presidente del parlamento venezolano, aseguró que la decisión del gobierno de Piñera “tampoco se ajusta a los acuerdos internacionales suscritos por Chile en materia de protección a refugiados”. Además, que recordó el compromiso asumido por varios países de la región: “la solución no es deportar, es multiplicar esfuerzos para lograr la salida de Nicolás Maduro”.

Desde Santiago, la directora del Servicio Jesuita a Migrantes, Macarena Rodríguez, criticó duramente la decisión oficial: nunca antes en este país se había utilizado este método. Los migrantes fueron fuertemente escoltados por policías en un operativo que la propia Rodríguez catalogó de “show mediático”. Esa es la imagen con la que nos quedaremos de este caso.

Para analistas, el gobierno de Piñera ha querido enviar un mensaje claro de que actuará con mano dura ante la emigración ilegal de venezolanos. De acuerdo con el Servicio Jesuita a Migrantes, desde que se implementó la “visa de responsabilidad democrática”, que en teoría facilitaría el ingreso a ese país de venezolanos que huían y huyen de la crisis generalizada en Venezuela, apenas se ha dado respuesta positiva al 5 por ciento de las solicitudes.

La falta de canales formales de ingreso desató, en especial en los últimos meses, una fuerte presión de migrantes venezolanos cruzando a pie la frontera para ingresar a Chile por el desierto de Arica.

A inicios de febrero se conoció un caso dramático de un venezolano que falleció mientras intentaba llegar a Chile cruzando a pie el altiplano boliviano sin tener la indumentaria apropiada para un clima extremo, dada la altura.

“Las deportaciones no van a frenar el deslave humano de venezolanos. No se emigra voluntariamente, se huye forzosamente de la dictadura, son refugiados”, insiste el ex alcalde David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis migratoria de Venezuela.

ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, detalla que actualmente hay 5,4 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, de los cuales menos de la mitad tienen documentos. Obtener un pasaporte en Venezuela, en el mercado negro, puede costar entre 500 y 5.000 dólares, mientras que los trámites formales son prolongados e insatisfactorios. Un conjunto de países ha terminado por aceptar los pasaportes venezolanos aun cuando estén ya vencidos.

Colombia es el país que mayor número de migrantes venezolanos tiene, casi dos millones. En Chile están cerca de medio millón de venezolanos.

Desde la perspectiva chilena, la crisis se intensificó el pasado 1 de febrero, tras el ingreso irregular de miles de inmigrantes a la comuna de Colchane, una pequeña localidad fronteriza con Bolivia de apenas 1.700 habitantes.

Ubicada a casi 2.000 kilómetros de Santiago, en Colchane, de acuerdo con medios periodísticos chilenos, el acceso a servicios básicos como luz, agua potable y alcantarillados es inexistente o solo se encuentra disponible durante algunas horas.

Además de las deportaciones, Chile anunció que no le proveerá vacunas anti-Covid19 a migrantes en situación irregular, que en su gran mayoría son venezolanos. «El gobierno de Chile cambia de rumbo y escoge el camino de la discriminación, la negación de los derechos de poblaciones vulnerables y deja de lado las mejores prácticas sanitarias”, reaccionó Amnistía Internacional.

“Deportar a un venezolano a un país donde hay un régimen que comete delitos de lesa humanidad, es poner a esa persona en riesgo”, precisó Smolansky.

Justamente Chile ha encabezado las acciones de varios gobiernos latinoamericanos pidiendo a la Corte Penal Internacional que juzgue al gobierno de Maduro por violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Es un contrasentido devolver personas a un país a cuyo gobierno se ha denunciado de forma constante.

Las agencias especializadas de la ONU, ACNUR y la OIM (Organización Internacional de Migraciones), consideran a la crisis migratoria venezolana la segunda peor de todo el planeta solo superada por Siria, que ha padecido un prolongado conflicto armado. Esta en sí, debería ser ya una buena razón para aproximarse con políticas públicas a los migrantes de Venezuela. La palabra clave es acogida.