Quienes aspiran a una transición pacífica y democrática no tiene otra opción que reconstruir la confianza en el voto y retomar la vía electoral, por muy intrincada y difícil que aparezca
Las lecciones históricas revelan que los éxitos logrados por el país descontento y opositor han sido por la vía electoral, desde el referendo constitucional que derrotó a Chávez en el 2007, hasta la aplastante victoria en las Parlamentarias del 2015.
Sin embargo, el G-4 (grupo de cuatro principales partidos de oposición) se abstuvo de participar en las parlamentarias de 2020 y la oposición electoral se presentó dividida en tres bloques: la Alianza Democrática, Alianza Venezuela Unida y Alternativa Popular Revolucionaria. Esto facilitó el triunfo de los candidatos oficialistas en todos y cada uno de los circuitos electorales y listas regionales.
La tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha sido rehabilitada. De cara a las Megaelecciones del 21-N, el país descontento tiene una tarjeta por la que pudiera votar. Pero lo que no se tiene es la unidad de los partidos de la oposición que lucen cada vez más enfrentados y debilitados. Unos llaman a la abstención y otros a votar por diferente candidatos que se descalifican e insultan entre sí.
Si la oposición electoral no aprovecha la tarjeta de la MUD para postular candidaturas unitarias y se presenta dividida, le hará el juego al oficialismo y facilitará el triunfo de sus candidatos, a pesar del 80 % de rechazo que registra la gestión del gobierno.
En el pasado, si los partidos de la MUD hubiesen sido capaces de controlar a los extremistas y evitar la fallida línea insurreccional que desembocó en el llamado a la abstención; y si se hubiesen concentrado en seguir la ruta electoral que retomó cuando decidió participar en las Parlamentarias de 2015, con el actual 80 % de rechazo al gobierno y sus candidatos, los resultados en las Megaelecciones del 21-N estarían cantados.
A lo largo del período legislativo 2016-2021, las torpezas tácticas de la oposición prologaron la esperanza de vida de un gobierno que parecía tener los días contados si se activaba a tiempo el Referendo Revocatorio (RR).
Sin embargo, las diferentes tendencias de la alianza opositora agrupadas en la MUD perdieron un valioso tiempo mientras decidían entre presionar la renuncia de Maduro, impulsar una enmienda constitucional para recortar su mandato con un TSJ en contra, convocar una Asamblea Nacional Constituyente o concentrar sus esfuerzos en activar el RR.
Se perdieron meses y con ese retraso se le dio una excusa perfecta al oficialismo para demorar y sabotear el RR que pudo haberse activado en 2016.
Otro error que cometió el contradictorio liderazgo opositor agrupado en la MUD fue caer en el juego del gobierno que pretendía vaciar de funciones y anular la AN. La MUD piso el peine al incorporar a los diputados impugnados del estado Amazonas. El TSJ aprovechó esta excusa para declarar en desacato al Parlamento.
Se impuso la intransigencia de incorporar los diputados impugnados, cuando lo inteligente y estratégico era preservar la capacidad de negociación del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo a la hora de designar los rectores del CNE, directores del BCV, Contralor General de la República y Fiscal General de la República y otros entes del Estado.
El desacato de la AN fue la excusa perfecta para vaciar de funciones a la AN y declarar inconstitucionales sus decisiones.
Con tantos errores tácticos, la MUD desaprovechó la mayoría parlamentaria. Las torpezas cometidas, en su desesperación por revocar el mandato de Maduro, le han costado muy caro al país. Han defraudado las expectativas que tenía el electorado cuando les dio el control de la AN por abrumadora mayoría.
En 2018, a pesar del Pacto firmado por los partidos de la oposición a fin de elegir un candidato unitario para las presidenciales de 2018, los partidos no logran ponerse de acuerdo. Así, el G-4 impuso su decisión de abstenerse. Arrastró consigo los partidos minoritarios que tampoco querían sufrir la humillación de ser derrotados por un candidato oficialista rechazado ampliamente en todas las encuestas.
Las Presidenciales de 2018 fueron desconocidas y Maduro, una vez concluido su primer mandato el 10 de enero de 2019, considerado un usurpador del poder.
A raíz de la estrategia del poder dual con Guaidó como presidente interino, el G-4 pide a la comunidad internacional el endurecimiento de las sanciones personales y económicas. Los más extremistas piden una intervención militar extranjera.
El 30 de abril de 2019, Leopoldo López y Juan Guaidó llaman a una insurrección militar en un fallido de golpe de Estado que no es apoyado por los militares ni por el pueblo. Sus promotores se quedan solos. Leopoldo López huye y se refugia en la residencia del embajador de España. Luego se contratan experimentados mercenarios que fracasan como principiantes en la Operación Gedeón. Una vez más, con estos conatos se buscaba detonar un levantamiento interno que fuese violentamente reprimido por el régimen. Una represión que sirviera como pretexto para justificar una intervención militar internacional.
Los voceros de la pasada Administración Trump alentaron la salida insurreccional y violenta. Una y otra vez declaraban que todas las opciones están sobre la mesa y eso le dio aliento a la vía insurreccional. La nueva Administración Biden ha dicho que Estados Unidos no recurrirá a intervenciones armadas para deponer regímenes autoritativos en el extranjero. Esto emplaza a la oposición liderada por Guaidó a abandonar la vía insurreccional y retomar la ruta electoral.
La apatía, el desinterés y abstención terminaron siendo la consecuencia inevitable de la frustración y desencanto que dejaron los episodios de violencia y los atajos desesperados que no llevaron a nada. “Dictadura no sale con votos”, “En Venezuela se vota pero no se elige”, son consignas que no sirven en esta nueva etapa.
Quienes aspiran a una transición pacífica y democrática no tiene otra opción que reconstruir la confianza en el voto y retomar la vía electoral, por muy intrincada y difícil que aparezca. Sin elecciones no hay camino y sin camino electoral no hay opción de transición pacífica. La ruta es electoral.
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