Derechos Humanos: la CPI y Venezuela

Estamos en este punto: en general se presume la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Hasta ahora toda la investigación y documentación es preliminar, no hay cargos formalmente ni acusaciones específicas. La Corte Penal Internacional (CPI) deberá decidir, en teoría antes de que concluya este 2021, si finalmente abre un procedimiento formal.

Este es el marco en el cual debe leerse la visita del fiscal de la CPI a Venezuela. El régimen de Maduro está bajo observación por presuntas violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. La palabra “presuntas” es clave, ya que ningún tribunal lo ha establecido de forma definitiva. Incluso los genocidas, como lo ha demostrado el Tribunal de La Haya (sede de la CPI), tienen derecho a la defensa y a un juicio justo.

No menos importante. La propia CPI está bajo observación. Le llueven las críticas. Los procesos son prolongados, recientemente tras llevar adelante algunos casos los señalados han sido absueltos y muchos de los casos se han concentrado en países africanos. Todo esto apunta a la necesidad que tiene la fiscalía de la CPI de lograr “éxitos” y poder mostrarse como una instancia ágil y efectiva.

El chavismo y su última carta

La visita tanto a Colombia como a Venezuela de Karim Khan, recientemente al frente de la fiscalía de la CPI, se inscribe dentro de una nueva etapa donde éste espera darle un nuevo protagonismo a la Corte Penal Internacional.

El chavismo posiblemente se juega su última carta, para evitar que le abra un proceso formal a la alta jerarquía del régimen ante el Tribunal de La Haya. La visita a Venezuela de Khan, sin duda, será definitoria de qué sigue.

Khan asumió en junio su cargo, como responsable de la acusación penal de la CPI, con sede en la ciudad holandesa de La Haya. Para entonces se esperaba que la fiscal saliente, Fatou Bensouda, decidiera finalmente abrir un proceso de investigación contra Nicolás Maduro y sus más cercanos colaboradores a cargo de los organismos de seguridad del Estado.

Aunque Bensouda no tomó la decisión que había dicho tomaría en junio, antes de abandonar la CPI, dejó un contundente informe escrito, que fue desclasificado en agosto pasado.

“La Fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que, desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”, reza el documento suscrito por Bensouda, tal como lo reseñó en su momento Diario de Cuba.

Una visita incómoda

Para Mariano de Alba, analista de política exterior y experto en derecho internacional, este viaje de Khan “sugiere que el nuevo fiscal todavía tiene expectativa de que las autoridades de Venezuela produzcan avances concretos en la investigación y enjuiciamiento de los presuntos responsables” de las violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos.

No significa que Khan simpatice con el chavismo ni que vaya a variar lo documentado en La Haya tras estrecharle la mano a Maduro.

Aunque Bensouda ha dejado ya documentado lo ocurrido en Venezuela desde 2017, cuando Maduro estaba en el poder, el nuevo fiscal puede ofrecer una salida distinta al proceso ante la CPI.

La posibilidad de un memorando de entendimiento entre la CPI y el régimen de Venezuela es una de las posibilidades. Eso no significa que se cierre el proceso, sino que se abre un compás de espera para que las autoridades de Venezuela tomen acciones internas para investigar, seriamente, y sancionar a los responsables. 

Un acuerdo de este tipo sería exhibido por el chavismo como una victoria política. Sin embargo, para que esto se alcance, el régimen de Maduro debería dar a cambio, entre otras cosas, acceso a la fiscalía de la CPI a pruebas relevantes y permitir que se establezca presencia de funcionarios de la fiscalía en el país. 

En busca de acuerdos antes de ir a la Haya

En materia de derechos humanos el chavismo, hasta ahora, ha tenido una posición pragmática con acuerdos circunstanciales, según su conveniencia. Por ejemplo, coopera con la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU, que dirige Michelle Bachelet, pero le niega acceso a la Misión de Verificación de los Hechos de la ONU, pese a que ambas instancias tienen mandato emanado con resoluciones específicas del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra.

La ausencia de sanciones internas a los responsables de las violaciones a derechos humanos, tanto los que ejecutan órdenes como quienes las dictan, es precisamente una de las razones para que se active un proceso formal ante la CPI.

Aun cuando haya un acuerdo entre la CPI y las autoridades venezolanas, pero en el corto plazo no se evidencian avances concretos, la fiscalía podría demostrar que agotó todos los esfuerzos internos –dentro de Venezuela- y que al no encontrar justicia, se justifica la activación de una fase formal de investigación en La Haya.

En el documento que preparó Bensouda, la ahora ex fiscal de la CPI asevera que “las autoridades (de Venezuela) no están realmente dispuestas a investigar y/o enjuiciar esos casos” que son potencialmente crímenes de lesa humanidad. Khan tiene ahora el desafío de testear en el terreno la disposición que tenga o no el chavismo para hacer justicia en Venezuela, ahora bajo el escrutinio de la Corte Penal Internacional.