Al menos 316 casos de desfalco al patrimonio nacional son investigados internacionalmente y los militares están presentes en 103 empresas públicas y 11 ministerios, recoge investigación de Transparencia Venezuela en el seguimiento a dos décadas de gobiernos chavistas. En los ocho años de gestión que lleva Nicolás Maduro ambos factores, militarismo y corrupción, se han profundizado.
Tres factores le han permitido a Maduro sortear la grave crisis de Venezuela en sus ocho años como jefe de la revolución. El primero de ellos ha sido la capacidad para mantener la cohesión entre las tendencias internas del PSUV quienes, presionados por la alianza internacional y el cuido de los privilegios, han preferido mantenerse al lado del grupo que gobierna y no generar una crisis interna con la cual todos podrían perder como fue el ejemplo de Barinas; estado ahora intervenido por la dirección del PSUV.
Esa unidad se complementa con la desarticulación de la oposición lograda por el madurismo a partir de la persecución, desconocimiento de las instancias de poder logradas por los partidos no oficialistas en mecanismos electorales, inhabilitaciones, exilio. Y, sostenido por una planificada estrategia a partir de las noticias falsas, la propaganda y la contrainformación coordinada desde las altas instancias gubernamentales.
En paralelo el chavismo-madurismo ha fortalecido su alianza internacional con China, Rusia, Cuba, Turquía e Irán; países autocráticos enfrentados a las democracias occidentales que ponen a Venezuela como un factor clave en el juego geopolítico como se ha visto en la reciente crisis de Ucrania y con el rol desempeñado por sus aliados frente a las sanciones internacionales.
Un elemento clave ha sido el débil control institucional sobre la corrupción que permite a quienes acceden al poder lograr beneficios económicos inimaginables. Ser candidato, alcanzar una gobernación, alcaldía o ministerio puede significar el acceso a un mundo de privilegios y de ganancias millonarias. Así lo registran las investigaciones de Transparencia Venezuela, otras ONG y alianzas de periodistas de investigación que hacen seguimiento a las fortunas que poseen importantes ex funcionarios que se han ido del país en los que destacan escoltas, jefes de seguridad, ministros, militares de alto rango y asesores.
El tercer factor de soporte del madurismo ha sido el sector militar con los privilegios políticos y económicos que derivan de ser un alto oficial de la FANB. Un modelo que ha implantado una doctrina política en la institución castrense y ejerce una cerrada vigilancia sobre sus integrantes al servicio del modelo socialista del siglo XXI. Cerca de 130 oficiales presos, degradados y aislados -según la ONG Foro Penal- son una advertencia a quienes se pronuncien por la restitución institucional y democrática.
Frente a un parlamento integrado casi exclusivamente por diputados alineados al gobierno, el jefe de la revolución, Nicolás Maduro presentó el pasado 25 de enero lo que consideró los grandes éxitos económicos y sociales de su gestión de 2021 al frente del gobierno.
Dirigiéndose a un país virtual con estadísticas no confiables, Maduro habló de sus éxitos en donde los venezolanos ahora “tenemos un sistema de salud robusto y humanista” y en el que se ha logrado una “milagrosa recuperación económica”.
No existen para quienes disfrutan del poder las cientos de solicitudes de ayuda económica que se publican diariamente para pagar los tratamientos de covid, enfermedades comunes, las muertes en el Hospital de Niños o la crisis general en los hospitales públicos.
Tampoco son visibles las demandas de gremios profesionales de la educación, la salud y de los empleados y obreros de las principales industrias, quienes con salarios de 10 dólares han perdido los beneficios que habían sido logrados durante los anteriores 40 años de democracia.
A Maduro no se le quebró la voz al afirmar que la pobreza crítica bajó a 4,1% de la población, y la pobreza general la ubicó en 17%. Pero además aseguró que para 2025 será de cero por ciento, anuncios que fueron avalados por los aplausos de sus diputados. Desde luego sus “datos” contrastan con los presentados en septiembre de 2021 por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) que ubicó la pobreza extrema en 94,5% y la general en 76,6%.
La corrupción, en los niveles que ha alcanzado en las últimas dos décadas, no comenzó con Maduro sino desde el mismo momento que la revolución se propuso el desmontaje institucional y control de los poderes públicos en los primeros años del ascenso de Hugo Chávez al poder.
Las investigaciones de Transparencia Venezuela en su último informe, publicado el 17 de diciembre de 2021, señalan que durante los gobiernos de Chávez y Maduro se han registrado 316 casos documentados de desfalco al patrimonio público venezolano.
Del total de casos identificados en el programa “Corruptómetro”, que lleva esta ONG y la Alianza Rebelde Investiga, destacan 108 procesos que han sido iniciados por fiscalías y parlamentos de 21 países en los que investigan el robo sufrido por Venezuela.
Estados Unidos figura como el país con mayor número de causas abiertas por delitos de corrupción perpetrados por redes sofisticadas en 48 tramas criminales. Le siguen Argentina, con 15 casos, y otros cinco en España. En cuarto lugar se ubican Portugal, Brasil y Ecuador, con cuatro juicios abiertos, mientras que en Suiza hay tres procesos.
La última fase de esta investigación incorpora en su base de datos la lista de bienes identificados o mencionados en los procesos iniciados en EEUU. Solo en ese país se identificaron 306 propiedades vinculadas a hechos de corrupción venezolana entre 2009 y 2021, es decir, un promedio de 26 por año durante más de una década.
Entre los años con mayor número de afectación de bienes en EEUU, de propiedades de los señalados en corrupción con origen en Venezuela, destaca 2019 que registra 106; le sigue 2021 con 76; 2018 con 55, y el pandémico 2020 con medidas judiciales contra 27 bienes.
Como se puede observar, este último años de pandemia no fue obstáculo para que los corruptos siguieran haciendo negocios con 76 casos procesados solo en EEUU.
La lista de bienes identificados se discrimina en 111 inmuebles (36%); 66 casos de dinero en efectivo (21%); 58 cuentas bancarias (19%), 35 relojes de lujo (11%), 17 caballos de salto (6%), 15 vehículos (5%) y 2 yates (0,6%), entre otros.
Transparencia Venezuela señala que la información del Corruptómetro está basada en causas e investigaciones judiciales iniciadas por organismos oficiales dentro y fuera de Venezuela, como el Ministerio Público, la Contraloría General, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia y otros órganos dedicados a la supervisión en el manejo de recursos, tanto bancarios como aduanales.
También incluye investigaciones periodísticas que revelan graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos, y datos aportados por reconocidos medios de comunicación, que aún no están bajo investigación formal de autoridades oficiales.
Siguiendo una línea similar al modelo “cívico-militar” implantado en Cuba y otras autocracias como la de Irán, el chavismo en Venezuela ha logrado tener un control exitoso sobre la institución militar. Este poder es alimentado no solo por la doctrina ideológica “socialista y antiimperialista” que se promueve sobre la fuerza armada, sino por los privilegios económicos y el control sobre áreas importantes de la economía y la política que se les ha asignado desde el gobierno.
El reciente análisis de Transparencia Venezuela revela que el poder de los militares en Venezuela no se ha debilitado; aunque han perdido espacio en PDVSA, la presencia de representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se mantiene en importantes espacios como en las juntas directivas de al menos 103 empresas públicas y en 11 de 34 ministerios del Ejecutivo (32,35%). Eso sin contar con las 24 empresas adscritas al Ministerio de la Defensa, la mayoría dedicadas a actividades que nada tienen que ver con fines castrenses.
La cifra refleja un incremento con respecto a octubre de 2020, cuando solo estaban a cargo de ocho carteras ministeriales. De acuerdo con el informe, la mayoría de los militares que han estado o están al frente de algún ministerio, han sido sancionados por otros países o se encuentran bajo investigación por diversos tipos de delitos.
La investigación de dos décadas revela que, hasta octubre de 2021, hay más militares “comandando” empresas públicas o como parte de sus juntas directivas; especialmente en manufactura, y mantienen el control en un sector tan estratégico como el agroalimentario.
El chavismo también tiene 14 embajadores, que han estado en el componente armado. Entre los candidatos provenientes de las FANB en las pasadas elecciones regionales 21 de noviembre resultaron electos Carmen Meléndez, en la Alcaldía del municipio Libertador, en Caracas; Gilberto Pinto, ex comandante general de la Armada, en la gobernación del estado Sucre; mientras que el militar retirado de la Aviación, Julio León Heredia, fue elegido en Yaracuy.
Según indica el informe de Transparencia, la notable presencia castrense en las altas esferas del Estado le ha garantizado al sector militar acceso a inmensos recursos y gran capacidad de maniobra política. De allí que se estima que tienen un peso específico en el grupo que controla el país. A esto se suma que están en posesión de las armas de la nación, con un papel determinante en el aparato represor para “mantener la paz social”.
En 2020, Transparencia Venezuela evidenció que militares activos y retirados formaban parte de las directivas de 96 Empresas Propiedad del Estado, de un total de 706 compañías identificadas para ese año. Los nuevos hallazgos indican que, para septiembre de 2021, existen registros de 905 nacionales e internacionales, y que 103 de ellas cuentan con representantes de las FANB en las juntas directivas.
Por otra parte, la mayoría de las 24 empresas adscritas al Ministerio de la Defensa no tienen fines militares y representan 2,6% del total de 905 estatales. También mantienen su presencia en las empresas básicas centradas en el sector minero y metalúrgico, agua y electricidad. El holding de la hoy quebrada Corporación Venezolana de Guayana (CVG) ha tenido 12 presidentes, de los cuales siete han sido militares activos o retirados.
Sostiene el informe que el secretismo que impera en materia presupuestaria impide tener un panorama claro de cuántos recursos maneja el sector militar, que ha sido favorecido en la repartición de los fondos públicos. En 2019, el presupuesto para el Ministerio de Defensa fue de 4% del total de los recursos del país, mientras que el sector salud solo recibió 2%.
El rastreo realizado por Transparencia Venezuela durante 2019 solo arrojó datos sobre el dinero asignado vía créditos adicionales, pues desde 2010 no se publican las cuentas de ejecución y gastos, y los informes de gestión y las Memorias y Cuentas desde 2015. Basados en esta información parcial, el monto asignado en 2020 a la cartera, que sigue desde 2014 bajo el mando del general en jefe Vladimir Padrino López, fue de USD 185.136.459. En tanto que en 49 empresas propiedad del Estado en donde hay presencia de militares recibieron recursos por el orden de USD $52.737.481, también a través de créditos adicionales.
Venezuela ahora ocupa los últimos lugares en los índices económicos, niveles de corrupción, libertades, seguridad y pobreza en el continente. Sin embargo, la estabilidad del gobierno de Maduro no está amenazada en este momento. Las sanciones de EEEUU y Europa han sido evadidas a través de los aliados internacionales del eje Rusia-China-Turquía-Irán.
El financiamiento interno se ha generado con el oro del Arco Minero que según analistas económicos, 30% de los ingresos del país se alimentan de la llamada “economía negra”.
La mayoría de las 905 empresas estatales se encuentran quebradas, semiparalizadas o trabajando con déficit de ingresos por lo cual se han ido entregando a sectores privados, aliados al gobierno.
En este escenario el poder militar sigue jugando un rol fundamental junto a la cohesión que se mantiene en el PSUV, a pesar de rivalidades en el sector de Diosdado Cabello y el madurismo, quienes han mantenido a raya algunos intentos de romper la hegemonía, con dirigentes como Rafael Ramírez y sus aliados que terminaron presos o en el exilio.
En la acera de enfrente se encuentra una oposición que en 2022 deberá reencontrar el liderazgo perdido en la compresión de las nuevas realidades que se han consolidado en el último año.
Bajo la categoría de desdemocratización se ha comenzado a reflexionar con una mirada de largo plazo sobre por qué Venezuela llegó al nivel actual de deterioro político e institucional. Qué fue lo que ocurrió en este país, que hace cuatro décadas era puesto como ejemplo de un modelo democrático, en medio de una Sudamérica regida por gobiernos militares.
