Opinión

¿Para qué un Senado?

A propósito de la amenaza de eliminación que se cierne sobre el Senado de Chile, Ramón Guillermo Aveledo invita a meditar sobre lo que implica anular una de las cámaras de discusión parlamentaria

Publicidad

Por la mínima diferencia, trece votos a doce, la comisión de sistema político ha resuelto proponer la eliminación del Senado de Chile, venerable cuerpo parlamentario del cual fue influyente miembro por un buen rato Don Andrés Bello. Falta que la iniciativa pase la prueba de una mayoría suficiente en la Convención Constituyente, de lo cual no estoy seguro y, desde luego, mi opinión es contraria. No creo que estas palabras desde aquí tengan la más mínima influencia en el debate austral, pero si aprovecharé la circunstancia para animar una meditación sobre el tema.

Interesado soy en la cuestión. Fue materia de mi trabajo de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, publicado en libro El Senado, experiencia comparada y utilidad para la democracia en Venezuela, por cierto con prólogo del eminente senador chileno Andrés Zaldívar Larraín.

La frustración y el consiguiente desafecto hacia la política en boga en el mundo y no solo en esta Tierra de Gracia, puede cobrar bajas, máxime si son de costo político menor en la coyuntura. Cierto es también que en nuestro tiempo de intensidad tecnológica e interactiva, la deliberación misma está en entredicho, mientras florecen los populismos nacionales. Por otra parte encontraremos que en 2013 los irlandeses votaron en referendo contra la eliminación de su Senado que no es de elección popular y que en 2017 los votantes italianos no aceptaron una propuesta que cambiaba la Cámara Alta por un cuerpo más pequeño, más barato y con competencias reducidas y modificadas. Los mismos británicos que acaban de cometer el Brexit, han optado por reformar la vetusta Cámara de los Lores porque cada vez que se plantean el asunto, se dan cuenta que suprimirla tendría más desventajas que ventajas y voltean hacia su muy sensato dicho: si no está roto, no lo repares.

Seis de cada diez parlamentos del mundo son de una cámara, pero de dos son en buena parte de las democracias de mayor calidad en el planeta. Destaco sin que sean todos a Estados Unidos y Canadá, España, Italia, Francia, Alemania, Bélgica y Austria entre los europeos; Japón y la India en Asia y en África brilla, no por perfecta pero sí por prometedora, la naciente democracia sudafricana. Bicamerales son México, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, República Dominicana y Haití, Bolivia, varios estados del Caribe angloparlante, y hasta hoy Chile en el espacio latinoamericano y caribeño. Estados federales y también unitarios, diversos en sus características.

¿Hay democracias prestigiosas con parlamento unicameral? Claro. Por estos lados la costarricense, más lejos las escandinavas y la portuguesa.

Fíjese que en América del Sur predominan los parlamentos bicamerales y que los que se han cambiado al unicameralismo lo han hecho en medio de procesos de signo antideliberante y crecientemente autoritario. Los ecuatorianos asumieron esa modalidad en 1979 y la mantuvieron las Cartas de 1998 y la de inspiración “correista” de 2008. Valdría la pena evaluar los resultados en beneficio de la democracia y el progreso de peruanos y venezolanos, las reformas constitucionales que respectivamente en 1993 bajo el fujimorato y 1999 bajo el liderazgo del difunto Presidente Chávez.

En nuestro caso, la Exposición de Motivos constitucional justifica el cambio en razones de eficiencia y economía fiscal. No ha sido el caso. La Asamblea Nacional no ha sido más productiva ni menos costosa que el viejo Congreso. Hemos tenido más legislación por habilitación al Presidente que por debate en la Asamblea y en términos reales, no ha habido ahorro en los costos fiscales.

Los constituyentes chilenos, como cualquiera que se plantee la cuestión, deberían estudiar la coherencia con la forma de Estado, aprovechamiento al máximo del doble examen, competencias diferenciadas con una cámara política y otra de Estado y modificaciones en el procedimiento legislativo que eviten redundancias y retardos innecesarios.

Publicidad
Publicidad